Gustavo Rodarte de la Serna* / El Universal
El financiamiento bancario representó el año pasado 21% del PIB, cifra sumamente baja si se compara contra cualquier otra economía de los países miembros de la OCDE o frente a otros países en desarrollo que nos han desplazado, como es el caso de Brasil.
No sólo eso, también son niveles inferiores dentro de nuestro propio país; basta recordar que el financiamiento bancario representaba 35% del PIB en 1994.
Para abril de 2010, el financiamiento a los particulares se redujo con respecto al mismo mes del año anterior. El crédito al consumo descendió -12.8% para llegar a 365 mil millones de pesos; el de bienes duraderos tuvo una dramática caída de -21.2% hasta llegar a 196 mil millones de pesos, lo que en parte explica el deterioro del sector automotriz interno del país.
Respecto a las empresas, éstas también han tenido una reducción en el acceso al financiamiento por parte de la banca privada, levemente compensada por la banca de desarrollo.
Por otro lado, la presencia de la banca comercial en financiamiento al sector público cada día es mayor; tanto en préstamos a los tres niveles de gobierno, como en los fondos destinados para invertir en bonos emitidos por el propio gobierno.
Durante muchos años el encaje legal fue una imposición gubernamental, ahora los bancos han preferido de manera voluntaria mantener una sequía de financiamiento al sector privado y privilegiar al sector público, pues les resulta más cómodo que cumplir con aquello que debería ser su vocación, promover el crecimiento mediante el otorgamiento de créditos al sector privado.
En la reciente Convención Nacional Bancaria se anunció la intención de otorgar créditos a la economía informal. Esta es una situación sumamente compleja debido a que por un lado la economía informal es una realidad de enorme impacto en este país; por el otro, si a las personas en esta circunstancia —algunas por no tener otra opción, otras por verse beneficiadas al no pagar impuestos— se les otorga Seguro Popular y financiamiento, ¿qué incentivo tendrán después para incorporarse al sector formal?
Respecto a la banca de desarrollo, que por años fuera utilizada arbitrariamente para canalizar subsidios (préstamos a fondo perdido), que de manera grotesca privilegiaban a ciertos grupos de poder provocando quebrantos en las finanzas públicas, finalmente en la última década le han dado atribuciones diferentes que le permiten competir con la banca privada en cuanto a oferta de servicios para las empresas, aunque con desventajas en las opciones para conseguir financiamiento.
A pesar de estas limitaciones ha logrado salir adelante, sin embargo, su participación en el financiamiento a la actividad económica privada apenas corresponde a 1% del PIB.
Es necesario redefinir la misión de esta banca, darle oportunidades de recibir y ofrecer instrumentos competitivos, pero hoy en día esta situación no está en la prioridad ni del Legislativo ni del Ejecutivo.
Si bien existe un proyecto de ley para crear un Sistema Nacional de Banca de Desarrollo, éste no contempla mecanismos para fortalecer a la propia banca de desarrollo y lo único que lograría —en caso de aprobarse como está planteado— sería agregar más burocracia.
La banca social es una opción reciente y ejemplo de una buena coordinación entre autoridades (Fonaes, Bansefi y Cajas de Ahorro), la cual ya tiene presencia en más de 900 municipios (más del doble que la banca comercial) y abarca el 90% de los polígonos de pobreza del país.
A través de esta red es posible acercar a los usuarios el 30% de los fondos del programa Solidaridad y ayuda a canalizar los pequeños ahorros de quienes habitan en zonas marginadas.
Entre otras novedades se pretende aprovechar las 23 mil tiendas de la red Diconsa como sucursales, lo cual permitirá una penetración mucho mayor en las regiones más pobres.
También merecen un reconocimiento los programas de educación financiera que han llevado a cabo algunos bancos importantes.
Por último y no menos importante, es el reto de impulsar al sistema bancario nacional para que se convierta en el motor que promueva la recuperación de la economía mexicana en los próximos años y una oportunidad se presenta ahora con el anuncio del gobierno federal de eliminar gradualmente la tenencia vehicular, en donde la banca comercial jugará un papel muy importante ante la demanda de liberar créditos enfocados al sector automotriz y contribuir así a la reactivación económica del país
El financiamiento bancario representó el año pasado 21% del PIB, cifra sumamente baja si se compara contra cualquier otra economía de los países miembros de la OCDE o frente a otros países en desarrollo que nos han desplazado, como es el caso de Brasil.
No sólo eso, también son niveles inferiores dentro de nuestro propio país; basta recordar que el financiamiento bancario representaba 35% del PIB en 1994.
Para abril de 2010, el financiamiento a los particulares se redujo con respecto al mismo mes del año anterior. El crédito al consumo descendió -12.8% para llegar a 365 mil millones de pesos; el de bienes duraderos tuvo una dramática caída de -21.2% hasta llegar a 196 mil millones de pesos, lo que en parte explica el deterioro del sector automotriz interno del país.
Respecto a las empresas, éstas también han tenido una reducción en el acceso al financiamiento por parte de la banca privada, levemente compensada por la banca de desarrollo.
Por otro lado, la presencia de la banca comercial en financiamiento al sector público cada día es mayor; tanto en préstamos a los tres niveles de gobierno, como en los fondos destinados para invertir en bonos emitidos por el propio gobierno.
Durante muchos años el encaje legal fue una imposición gubernamental, ahora los bancos han preferido de manera voluntaria mantener una sequía de financiamiento al sector privado y privilegiar al sector público, pues les resulta más cómodo que cumplir con aquello que debería ser su vocación, promover el crecimiento mediante el otorgamiento de créditos al sector privado.
En la reciente Convención Nacional Bancaria se anunció la intención de otorgar créditos a la economía informal. Esta es una situación sumamente compleja debido a que por un lado la economía informal es una realidad de enorme impacto en este país; por el otro, si a las personas en esta circunstancia —algunas por no tener otra opción, otras por verse beneficiadas al no pagar impuestos— se les otorga Seguro Popular y financiamiento, ¿qué incentivo tendrán después para incorporarse al sector formal?
Respecto a la banca de desarrollo, que por años fuera utilizada arbitrariamente para canalizar subsidios (préstamos a fondo perdido), que de manera grotesca privilegiaban a ciertos grupos de poder provocando quebrantos en las finanzas públicas, finalmente en la última década le han dado atribuciones diferentes que le permiten competir con la banca privada en cuanto a oferta de servicios para las empresas, aunque con desventajas en las opciones para conseguir financiamiento.
A pesar de estas limitaciones ha logrado salir adelante, sin embargo, su participación en el financiamiento a la actividad económica privada apenas corresponde a 1% del PIB.
Es necesario redefinir la misión de esta banca, darle oportunidades de recibir y ofrecer instrumentos competitivos, pero hoy en día esta situación no está en la prioridad ni del Legislativo ni del Ejecutivo.
Si bien existe un proyecto de ley para crear un Sistema Nacional de Banca de Desarrollo, éste no contempla mecanismos para fortalecer a la propia banca de desarrollo y lo único que lograría —en caso de aprobarse como está planteado— sería agregar más burocracia.
La banca social es una opción reciente y ejemplo de una buena coordinación entre autoridades (Fonaes, Bansefi y Cajas de Ahorro), la cual ya tiene presencia en más de 900 municipios (más del doble que la banca comercial) y abarca el 90% de los polígonos de pobreza del país.
A través de esta red es posible acercar a los usuarios el 30% de los fondos del programa Solidaridad y ayuda a canalizar los pequeños ahorros de quienes habitan en zonas marginadas.
Entre otras novedades se pretende aprovechar las 23 mil tiendas de la red Diconsa como sucursales, lo cual permitirá una penetración mucho mayor en las regiones más pobres.
También merecen un reconocimiento los programas de educación financiera que han llevado a cabo algunos bancos importantes.
Por último y no menos importante, es el reto de impulsar al sistema bancario nacional para que se convierta en el motor que promueva la recuperación de la economía mexicana en los próximos años y una oportunidad se presenta ahora con el anuncio del gobierno federal de eliminar gradualmente la tenencia vehicular, en donde la banca comercial jugará un papel muy importante ante la demanda de liberar créditos enfocados al sector automotriz y contribuir así a la reactivación económica del país
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