José Francisco Blake Mora, nuevo secretario de Gobernación, ha ofrecido emprender una política de seguridad “integral” que cuente no sólo con el apoyo de las diversas fuerzas políticas sino también de la sociedad. Se trata de un dis-curso que su antecesor, Fernando Gómez Mont, también esgrimió, aunque sin llevar a la práctica. Si el nuevo encargado de la política interna cumple con este cometido habrá echado por tierra el escepticismo que generó entre la oposición y la opinión pública en general su discreta experiencia
La tarea no es sencilla. Durante cuatro años la guerra contra el crimen organizado —rebautizada como “lucha contra la inseguridad”— se ha basado en una estrategia de persecución y confrontación armada, más que de prevención y rehabilitación. Ha batido récords en detenciones de presuntos criminales; en decomisos de droga, de precursores químicos y dinero en efectivo, pero los factores que dan origen al crimen organizado así como sus secuelas en la sociedad no han sido afrontados con el mismo ímpetu. Aumentaron, eso sí, las ejecuciones y los delitos del fuero común vinculados con la delincuencia organizada. Cada vez más muertos, cada vez más “daños colaterales” contra la población.
¿Qué lleva a miles de personas a arriesgar su vida en los negocios ilegales? ¿Por qué los capos siguen operando desde las cárceles? ¿Por qué el consumo de droga en México sigue al alza? Son preguntas que ya tienen respuestas en voz de especialistas en seguridad, de organizaciones civiles nacionales e internacionales, incluso de gobiernos extranjeros. Ya no hace falta hallar un hilo negro, sólo cumplir con la palabra empeñada. Al visitar Ciudad Juárez, tanto el presidente Felipe Calderón como Fernando Gómez Mont anunciaron un “cambio de estrategia” más enfocado a los factores sociales y menos a las armas.
Para conseguir esa política de seguridad “integral”, José Francisco Blake Mora tiene como primer reto cambiar la sensibilidad del gobierno federal frente a las críticas. Ha sido un error constante de la administración actual confundir los reclamos por la estrategia con la complicidad criminal, como si la inseguridad fuera un asunto en blanco y negro.
Es posible —y de hecho es la mejor forma— combatir al hampa con respeto a los derechos humanos y al debido proceso. Pedir eso no implica ser un “tonto útil” como dijera el antecesor del actual secretario.
En su primer discurso como inquilino de Bucareli Blake Mora pidió corresponsabilidad a los demás poderes y gobiernos para conseguir la meta de seguridad. Es verdad que sin ellos será imposible la tarea. Por eso cobra mayor importancia que el gobierno federal ponga el ejemplo y materialice el cambio de estrategia. En dos años podría lograrse eso y más.
La tarea no es sencilla. Durante cuatro años la guerra contra el crimen organizado —rebautizada como “lucha contra la inseguridad”— se ha basado en una estrategia de persecución y confrontación armada, más que de prevención y rehabilitación. Ha batido récords en detenciones de presuntos criminales; en decomisos de droga, de precursores químicos y dinero en efectivo, pero los factores que dan origen al crimen organizado así como sus secuelas en la sociedad no han sido afrontados con el mismo ímpetu. Aumentaron, eso sí, las ejecuciones y los delitos del fuero común vinculados con la delincuencia organizada. Cada vez más muertos, cada vez más “daños colaterales” contra la población.
¿Qué lleva a miles de personas a arriesgar su vida en los negocios ilegales? ¿Por qué los capos siguen operando desde las cárceles? ¿Por qué el consumo de droga en México sigue al alza? Son preguntas que ya tienen respuestas en voz de especialistas en seguridad, de organizaciones civiles nacionales e internacionales, incluso de gobiernos extranjeros. Ya no hace falta hallar un hilo negro, sólo cumplir con la palabra empeñada. Al visitar Ciudad Juárez, tanto el presidente Felipe Calderón como Fernando Gómez Mont anunciaron un “cambio de estrategia” más enfocado a los factores sociales y menos a las armas.
Para conseguir esa política de seguridad “integral”, José Francisco Blake Mora tiene como primer reto cambiar la sensibilidad del gobierno federal frente a las críticas. Ha sido un error constante de la administración actual confundir los reclamos por la estrategia con la complicidad criminal, como si la inseguridad fuera un asunto en blanco y negro.
Es posible —y de hecho es la mejor forma— combatir al hampa con respeto a los derechos humanos y al debido proceso. Pedir eso no implica ser un “tonto útil” como dijera el antecesor del actual secretario.
En su primer discurso como inquilino de Bucareli Blake Mora pidió corresponsabilidad a los demás poderes y gobiernos para conseguir la meta de seguridad. Es verdad que sin ellos será imposible la tarea. Por eso cobra mayor importancia que el gobierno federal ponga el ejemplo y materialice el cambio de estrategia. En dos años podría lograrse eso y más.
Fuente: El Universal
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