La reforma de "lo posible" deja muchos insatisfechos y problemas sin resolver
Que los grandes bancos apoyen la reforma hace levantar sospechas
La ley corre el riesgo de crear más burocracia sin un mayor control
En la recta final de la negociación se cayó el impuesto a la banca
La reforma no hace frente a los problemas de Fannie y Freddie
Wall Street teme perder peso si no hay reformas similares en el G-20
El demócrata Dodd admite que la ley antepone lo posible a lo deseable
SANDRO POZZI / EL PAÍS
"No más Lehman Brothers , no más AIG", cantaba a los cuatro vientos Timothy Geithner en un intento por dar con los votos que necesitaba para sacar adelante en el Senado las nuevas reglas que gobernarán Wall Street. Pero era, sobre todo, un golpe de mesa del responsable del Tesoro de Estados Unidos ante las críticas por cómo quedó la versión final de la reforma financiera. Unos, los conservadores, porque va demasiado lejos. Otros, a la izquierda, por las omisiones. ¿Pero servirá para acabar con los excesos que llevaron a la crisis?
El presidente Barack Obama no quería que llegara el segundo aniversario del terremoto financiero sin reglas que eviten una quiebra caótica como la de Lehman, que forzó a las autoridades públicas -Tesoro, Reserva Federal (Fed) y Fondo de Garantía de Depósitos (FDIC)- a inyectar 11,5 billones de dólares en el sistema para evitar que cayera por el precipicio, saliendo al rescate de colosos como la aseguradora AIG, los conglomerados Bank of America y
Citigroup o las hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac.
Tras un año de negociación, la reforma salió adelante el jueves. Se vende como el mayor cambio en la estructura de supervisión desde la Gran Depresión. Geithner la resume en una frase, en la que afirma que la nueva legislación "restringirá la asunción de riesgos, limitará el nivel de apalancamiento de las entidades y forzará requerimientos de capital y de liquidez mucho más conservadores, para que las entidades sean mucho menos vulnerables frente a los errores, muchos más capaces de soportar los choques".
Es decir, en sus palabras, se atacará al "imprudente". La firma Deloitte lo condensa en la información remitida a sus clientes en dos objetivos relativamente simples. El primero, rebajar el riesgo en el sistema financiero, limitando las actividades de riesgo en las que se embarcan las firmas individuales y ampliando el abanico de organizaciones que estarán bajo el control de la red de supervisión. Segundo, reforzar la protección del consumidor.
En la práctica, esto se traduce en que los reguladores tendrán más margen de maniobra para poner fin a comisiones abusivas en las tarjetas de crédito hasta desmantelar un banco cuya situación financiera ponga en riesgo al conjunto de la economía. Y al arrojar luz en las esquinas más oscuras de mercados como los derivados, en última instancia afectará al precio de la gasolina o la leche.
Estos son, en síntesis, los puntos principales de una reforma en la que la Casa Blanca promete que "remodelará" la manera en la que se hace negocio en Wall Street y "redefinirá" el papel de los reguladores, para que el público confíe en el sistema y se sienten las bases "para el crecimiento económico y la creación de empleo". Eso sí, una reforma de 2.323 páginas con las debidas concesiones para que la gran banca se adapte sin sobresaltos:
- Protección del consumidor: se crea en el seno de la Reserva Federal una agencia con la autoridad y la independencia necesarias para asegurar que el consumidor reciba una información clara y veraz sobre los términos asociados a productos financieros como hipotecas, tarjetas de crédito o préstamos a estudiantes. Se trata de evitar abusos y costes ocultos. Excluye los relacionados con la automoción.
- Alerta temprana: el Tesoro de Estados Unidos formará un consejo que identificará los riesgos potenciales al sistema que pueden amenazar la economía. Con el secretario del Tesoro presidiendo, estará integrado por los 10 reguladores del sistema financiero (entre ellos la Fed, la FDIC y la SEC), un experto independiente en seguros y cinco representantes de la industria financiera.
- El gran vigilante: la Fed conservará la autoridad de supervisión sobre la gran banca y tendrá voz ante las miles de pequeñas firmas financieras locales (community banks). El Congreso de Estados Unidos realizará una única auditoría relativa a los programas de emergencia activados durante la crisis. El sector financiero ya no podrá elegir a los presidentes de los bancos regionales que integran la Fed.
- Liquidación ordenada: se establece un mecanismo que permitirá a la FDIC desmantelar entidades problemáticas. Es el fin del principio "demasiado grande para quebrar", para evitar que el contribuyente pague rescates como el de AIG. Para no llegar a ese extremo, y limitar el tamaño de las entidades, se imponen requisitos más estrictos de capital y un mayor colchón de liquidez. Las grandes firmas someterán un "plan de su funeral" que marque una hoja de ruta para el caso en que deba ser intervenida.
- Productos exóticos: los bancos deberán escindir en filiales algunos de sus negocios más rentables y de más riesgo en el mercado de los derivados, como los que tumbaron a AIG. Para dar transparencia, la mayoría de estos productos -incluidos los seguros de impago de deuda (CDS)- se negociarán en cámaras de compensación centralizadas o en mercados organizados bajo la supervisión de la CFTC (regulador de futuros).
- La Regla Volcker: la legislación restringe que los bancos inviertan sus recursos propios en operaciones especulativas a través de fondos de alto riesgo (hedge funds) y firmas de capital riesgo (private equity). Esas inversiones estarán limitadas al 3% de sus fondos propios (Tier 1). No podrán negociar por cuenta propia con los depósitos, salvo que lo hagan en nombre de sus clientes.
- Agencias de calificación: los árbitros del riesgo se someterán a un mayor control del regulador del mercado de acciones (SEC), que a su vez ve ampliado su papel con autoridad sobre los hedge funds y los private equity. Se les da mandato para elaborar un estudio sobre posibles conflictos de interés, lo que podría llevar en el futuro a reforzar la supervisión.
- Accionistas: la legislación da más voz entre bastidores a los inversores, al facilitar al pequeño accionista la nominación de representantes en los consejos de administración de las entidades. También podrán pronunciarse sobre las remuneraciones a ejecutivos y empleados de las firmas financieras, aunque, en este caso, el voto del accionista no será vinculante.
El presidente Barack Obama ya dijo antes de que se produjera el voto final en el Senado que estas medidas "pondrán fin a la era de irresponsabilidad que llevó a perder ocho millones de empleos y billones de dólares en riqueza". La reforma, uno de los pilares de su primer mandato, "es buena para las familias, es buena para los negocios, es buena para el conjunto la economía".
Básicamente, la mayor transformación tendrá lugar entre los supervisores. La estructura reguladora creada en la legislación ayudará a las agencias a detectar y esquivar potenciales crisis, como la que se le escapó a la Reserva Federal con el colapso del mercado hipotecario. Y en el caso de que fracasaran, contarán con los instrumentos legales para responder cuando comience.
Harry Reid, líder de los demócratas en la Cámara, explica que el objetivo último es "asegurarnos de que los grandes bancos no juegan con nuestro futuro". O dicho con palabras que llegan mejor al electorado de Nevada (que debe decidir en noviembre si Reid les seguirá representando en Washington), la reforma "va a limpiar Wall Street" y "arreglar el sistema que causó la recesión". "Se acabó este casino que les enriqueció", afirma.
¿Compra el público el mensaje? Una reciente encuesta de Bloomberg reveló que cuatro de cada cinco estadounidenses mostró poca o nada de confianza en la reforma. Es más, opinan que está diseñada más para ayudar a la industria financiera que a la gente de la calle, la denominada Main Street. Es lo que piensa también el senador Tom Coburn. Y para ello se remite a una afirmación del consejero delegado de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, en la que dijo que "el gran beneficiario de la reforma es el propio Wall Street".
En este sentido, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, cree sospechoso "que los grandes bancos apoyen la legislación y que no guste a los pequeños ni al público". Es más, considera que la Casa Blanca y sus aliados demócratas en el Capitolio están fracasando con esta legislación a la hora de atajar las causas reales de la crisis financiera, y lo que consiguen en su lugar es "crear más burocracia".
Más allá de la retórica política, Brian Bethune, economista de IHS Global Insight, cree que la reforma "afronta importantes puntos de vulnerabilidad" en la estructura financiera actual que actuaron como detonante de la crisis. El más destacado, opina, son las medidas para limitar la especulación en los derivados y que se someta a las agencias de calificación a un mayor control. Pero sobre todo, valora el mecanismo para liquidar entidades sistémicas.
Simon Johnson, antiguo economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), cree que el paquete legislativo diseñado por Barney Frank y Christopher Dodd va a conseguir un cambio fundamental en la forma de operar de la banca, equiparable al que hace 120 años se logró con la Ley Sherman de Antimonopolios, por la que se constriñó por primera vez el poder que debían tener las grandes corporaciones en el mundo de los negocios.
Sin embargo, lo bueno y lo malo de la reforma dependen de la perspectiva desde la que se examinen los detalles de la legislación. Hasta el propio Paul Volcker, ex presidente de la Fed y asesor de Barack Obama, le pone un "suficiente raspado". El enfado de Volcker tiene lógica, porque se diluye la iniciativa que lleva su nombre para evitar que los bancos especulen con el dinero de sus clientes. Están también los que la califican de inadecuada e irrelevante por las omisiones.
En la recta final de la negociación cayó el impuesto a la banca y los grandes hedge funds, con el que la Casa Blanca esperaba recaudar 19.000 millones de dólares en 10 años para financiar la liquidación ordenada de las entidades en apuros. Fue el peaje que pagaron los demócratas para conseguir el voto de tres republicanos. A cambio, la FDIC elevará la prima de seguro a la banca y se liquidará el fondo de rescate bancario (TARP).
Russ Feingold fue el demócrata que más se opuso a la reforma, porque dice que no es lo suficientemente progresista. Las nuevas reglas son tan tímidas, añade, que teme que haga más daño que beneficio. Su argumento es que no habrá un cambio mayor en la estructura de Wall Street, salvo por las exigencias de la Regla Volcker, y eso podría permitir a los más grandes hacerse con más poder, a pesar de los límites que se imponen.
Se mire como se mire, lo cierto es que la legislación no es tan dura como la vendió hace un año la Administración de Obama a la hora de levantar ese muro que proteja a Main Street de los excesos en Wall Street. Los bancos contarán con un amplio margen de tiempo para adaptar sus modelos y podrán mantener buena parte de las operaciones con derivados, como seguir contratando coberturas de divisas y permutas de tipos de cambio.
Y está por ver, además, cómo reaccionarán Goldman Sachs y Morgan Stanley, a los que se animó a que se transformaran en holdings para acercarlos más a la banca comercial y darles acceso a los fondos de rescate. Ahora podrían plantearse volver al estatus de banca de inversión para evitar, precisamente, las restricciones. Los grandes perdedores serán los grandes supermercados financieros como JP Morgan Chase, Bank of America y Citigroup.
Como explica Deloitte, el impacto se notará en toda la industria de los servicios financieros, no solo en la bancaria. Pero, en concreto, en las firmas que, como las antes citadas, tengan que separar las operaciones más arriesgadas. Y apuntan que los nuevos requisitos de liquidez conllevarán un margen de beneficio menor en el futuro de las actividades especulativas que ahora son más rentables.
Pero el área más importante a la que no hace frente esta reforma es la referida al sistema hipotecario, y en concreto, las firmas semipúblicas Fannie Mae y
Freddie Mac, que incentivaron a los bancos a ofrecer préstamos a gente que no se los podía permitir. Es uno de los puntos que destaca el FMI en su análisis de la economía estadounidense. Un sistema que considera "costoso, ineficiente y complejo" y que ha demostrado ser "insostenible".
El senador republicano Judd Gredd, otro de los miembros más activos durante la negociación, también insiste en este punto como uno de los aspectos más "negativos" de la reforma, porque dice que se "está fracasando a la hora de afrontar un problema que explica gran parte de lo sucedido en el pasado y que seguiremos teniendo en el futuro". El Tesoro admite que es necesaria una reforma de Fannie y Freddie, pero no en este momento.
Que los grandes bancos apoyen la reforma hace levantar sospechas
La ley corre el riesgo de crear más burocracia sin un mayor control
En la recta final de la negociación se cayó el impuesto a la banca
La reforma no hace frente a los problemas de Fannie y Freddie
Wall Street teme perder peso si no hay reformas similares en el G-20
El demócrata Dodd admite que la ley antepone lo posible a lo deseable
SANDRO POZZI / EL PAÍS
"No más Lehman Brothers , no más AIG", cantaba a los cuatro vientos Timothy Geithner en un intento por dar con los votos que necesitaba para sacar adelante en el Senado las nuevas reglas que gobernarán Wall Street. Pero era, sobre todo, un golpe de mesa del responsable del Tesoro de Estados Unidos ante las críticas por cómo quedó la versión final de la reforma financiera. Unos, los conservadores, porque va demasiado lejos. Otros, a la izquierda, por las omisiones. ¿Pero servirá para acabar con los excesos que llevaron a la crisis?
El presidente Barack Obama no quería que llegara el segundo aniversario del terremoto financiero sin reglas que eviten una quiebra caótica como la de Lehman, que forzó a las autoridades públicas -Tesoro, Reserva Federal (Fed) y Fondo de Garantía de Depósitos (FDIC)- a inyectar 11,5 billones de dólares en el sistema para evitar que cayera por el precipicio, saliendo al rescate de colosos como la aseguradora AIG, los conglomerados Bank of America y
Citigroup o las hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac.
Tras un año de negociación, la reforma salió adelante el jueves. Se vende como el mayor cambio en la estructura de supervisión desde la Gran Depresión. Geithner la resume en una frase, en la que afirma que la nueva legislación "restringirá la asunción de riesgos, limitará el nivel de apalancamiento de las entidades y forzará requerimientos de capital y de liquidez mucho más conservadores, para que las entidades sean mucho menos vulnerables frente a los errores, muchos más capaces de soportar los choques".
Es decir, en sus palabras, se atacará al "imprudente". La firma Deloitte lo condensa en la información remitida a sus clientes en dos objetivos relativamente simples. El primero, rebajar el riesgo en el sistema financiero, limitando las actividades de riesgo en las que se embarcan las firmas individuales y ampliando el abanico de organizaciones que estarán bajo el control de la red de supervisión. Segundo, reforzar la protección del consumidor.
En la práctica, esto se traduce en que los reguladores tendrán más margen de maniobra para poner fin a comisiones abusivas en las tarjetas de crédito hasta desmantelar un banco cuya situación financiera ponga en riesgo al conjunto de la economía. Y al arrojar luz en las esquinas más oscuras de mercados como los derivados, en última instancia afectará al precio de la gasolina o la leche.
Estos son, en síntesis, los puntos principales de una reforma en la que la Casa Blanca promete que "remodelará" la manera en la que se hace negocio en Wall Street y "redefinirá" el papel de los reguladores, para que el público confíe en el sistema y se sienten las bases "para el crecimiento económico y la creación de empleo". Eso sí, una reforma de 2.323 páginas con las debidas concesiones para que la gran banca se adapte sin sobresaltos:
- Protección del consumidor: se crea en el seno de la Reserva Federal una agencia con la autoridad y la independencia necesarias para asegurar que el consumidor reciba una información clara y veraz sobre los términos asociados a productos financieros como hipotecas, tarjetas de crédito o préstamos a estudiantes. Se trata de evitar abusos y costes ocultos. Excluye los relacionados con la automoción.
- Alerta temprana: el Tesoro de Estados Unidos formará un consejo que identificará los riesgos potenciales al sistema que pueden amenazar la economía. Con el secretario del Tesoro presidiendo, estará integrado por los 10 reguladores del sistema financiero (entre ellos la Fed, la FDIC y la SEC), un experto independiente en seguros y cinco representantes de la industria financiera.
- El gran vigilante: la Fed conservará la autoridad de supervisión sobre la gran banca y tendrá voz ante las miles de pequeñas firmas financieras locales (community banks). El Congreso de Estados Unidos realizará una única auditoría relativa a los programas de emergencia activados durante la crisis. El sector financiero ya no podrá elegir a los presidentes de los bancos regionales que integran la Fed.
- Liquidación ordenada: se establece un mecanismo que permitirá a la FDIC desmantelar entidades problemáticas. Es el fin del principio "demasiado grande para quebrar", para evitar que el contribuyente pague rescates como el de AIG. Para no llegar a ese extremo, y limitar el tamaño de las entidades, se imponen requisitos más estrictos de capital y un mayor colchón de liquidez. Las grandes firmas someterán un "plan de su funeral" que marque una hoja de ruta para el caso en que deba ser intervenida.
- Productos exóticos: los bancos deberán escindir en filiales algunos de sus negocios más rentables y de más riesgo en el mercado de los derivados, como los que tumbaron a AIG. Para dar transparencia, la mayoría de estos productos -incluidos los seguros de impago de deuda (CDS)- se negociarán en cámaras de compensación centralizadas o en mercados organizados bajo la supervisión de la CFTC (regulador de futuros).
- La Regla Volcker: la legislación restringe que los bancos inviertan sus recursos propios en operaciones especulativas a través de fondos de alto riesgo (hedge funds) y firmas de capital riesgo (private equity). Esas inversiones estarán limitadas al 3% de sus fondos propios (Tier 1). No podrán negociar por cuenta propia con los depósitos, salvo que lo hagan en nombre de sus clientes.
- Agencias de calificación: los árbitros del riesgo se someterán a un mayor control del regulador del mercado de acciones (SEC), que a su vez ve ampliado su papel con autoridad sobre los hedge funds y los private equity. Se les da mandato para elaborar un estudio sobre posibles conflictos de interés, lo que podría llevar en el futuro a reforzar la supervisión.
- Accionistas: la legislación da más voz entre bastidores a los inversores, al facilitar al pequeño accionista la nominación de representantes en los consejos de administración de las entidades. También podrán pronunciarse sobre las remuneraciones a ejecutivos y empleados de las firmas financieras, aunque, en este caso, el voto del accionista no será vinculante.
El presidente Barack Obama ya dijo antes de que se produjera el voto final en el Senado que estas medidas "pondrán fin a la era de irresponsabilidad que llevó a perder ocho millones de empleos y billones de dólares en riqueza". La reforma, uno de los pilares de su primer mandato, "es buena para las familias, es buena para los negocios, es buena para el conjunto la economía".
Básicamente, la mayor transformación tendrá lugar entre los supervisores. La estructura reguladora creada en la legislación ayudará a las agencias a detectar y esquivar potenciales crisis, como la que se le escapó a la Reserva Federal con el colapso del mercado hipotecario. Y en el caso de que fracasaran, contarán con los instrumentos legales para responder cuando comience.
Harry Reid, líder de los demócratas en la Cámara, explica que el objetivo último es "asegurarnos de que los grandes bancos no juegan con nuestro futuro". O dicho con palabras que llegan mejor al electorado de Nevada (que debe decidir en noviembre si Reid les seguirá representando en Washington), la reforma "va a limpiar Wall Street" y "arreglar el sistema que causó la recesión". "Se acabó este casino que les enriqueció", afirma.
¿Compra el público el mensaje? Una reciente encuesta de Bloomberg reveló que cuatro de cada cinco estadounidenses mostró poca o nada de confianza en la reforma. Es más, opinan que está diseñada más para ayudar a la industria financiera que a la gente de la calle, la denominada Main Street. Es lo que piensa también el senador Tom Coburn. Y para ello se remite a una afirmación del consejero delegado de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, en la que dijo que "el gran beneficiario de la reforma es el propio Wall Street".
En este sentido, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, cree sospechoso "que los grandes bancos apoyen la legislación y que no guste a los pequeños ni al público". Es más, considera que la Casa Blanca y sus aliados demócratas en el Capitolio están fracasando con esta legislación a la hora de atajar las causas reales de la crisis financiera, y lo que consiguen en su lugar es "crear más burocracia".
Más allá de la retórica política, Brian Bethune, economista de IHS Global Insight, cree que la reforma "afronta importantes puntos de vulnerabilidad" en la estructura financiera actual que actuaron como detonante de la crisis. El más destacado, opina, son las medidas para limitar la especulación en los derivados y que se someta a las agencias de calificación a un mayor control. Pero sobre todo, valora el mecanismo para liquidar entidades sistémicas.
Simon Johnson, antiguo economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), cree que el paquete legislativo diseñado por Barney Frank y Christopher Dodd va a conseguir un cambio fundamental en la forma de operar de la banca, equiparable al que hace 120 años se logró con la Ley Sherman de Antimonopolios, por la que se constriñó por primera vez el poder que debían tener las grandes corporaciones en el mundo de los negocios.
Sin embargo, lo bueno y lo malo de la reforma dependen de la perspectiva desde la que se examinen los detalles de la legislación. Hasta el propio Paul Volcker, ex presidente de la Fed y asesor de Barack Obama, le pone un "suficiente raspado". El enfado de Volcker tiene lógica, porque se diluye la iniciativa que lleva su nombre para evitar que los bancos especulen con el dinero de sus clientes. Están también los que la califican de inadecuada e irrelevante por las omisiones.
En la recta final de la negociación cayó el impuesto a la banca y los grandes hedge funds, con el que la Casa Blanca esperaba recaudar 19.000 millones de dólares en 10 años para financiar la liquidación ordenada de las entidades en apuros. Fue el peaje que pagaron los demócratas para conseguir el voto de tres republicanos. A cambio, la FDIC elevará la prima de seguro a la banca y se liquidará el fondo de rescate bancario (TARP).
Russ Feingold fue el demócrata que más se opuso a la reforma, porque dice que no es lo suficientemente progresista. Las nuevas reglas son tan tímidas, añade, que teme que haga más daño que beneficio. Su argumento es que no habrá un cambio mayor en la estructura de Wall Street, salvo por las exigencias de la Regla Volcker, y eso podría permitir a los más grandes hacerse con más poder, a pesar de los límites que se imponen.
Se mire como se mire, lo cierto es que la legislación no es tan dura como la vendió hace un año la Administración de Obama a la hora de levantar ese muro que proteja a Main Street de los excesos en Wall Street. Los bancos contarán con un amplio margen de tiempo para adaptar sus modelos y podrán mantener buena parte de las operaciones con derivados, como seguir contratando coberturas de divisas y permutas de tipos de cambio.
Y está por ver, además, cómo reaccionarán Goldman Sachs y Morgan Stanley, a los que se animó a que se transformaran en holdings para acercarlos más a la banca comercial y darles acceso a los fondos de rescate. Ahora podrían plantearse volver al estatus de banca de inversión para evitar, precisamente, las restricciones. Los grandes perdedores serán los grandes supermercados financieros como JP Morgan Chase, Bank of America y Citigroup.
Como explica Deloitte, el impacto se notará en toda la industria de los servicios financieros, no solo en la bancaria. Pero, en concreto, en las firmas que, como las antes citadas, tengan que separar las operaciones más arriesgadas. Y apuntan que los nuevos requisitos de liquidez conllevarán un margen de beneficio menor en el futuro de las actividades especulativas que ahora son más rentables.
Pero el área más importante a la que no hace frente esta reforma es la referida al sistema hipotecario, y en concreto, las firmas semipúblicas Fannie Mae y
Freddie Mac, que incentivaron a los bancos a ofrecer préstamos a gente que no se los podía permitir. Es uno de los puntos que destaca el FMI en su análisis de la economía estadounidense. Un sistema que considera "costoso, ineficiente y complejo" y que ha demostrado ser "insostenible".
El senador republicano Judd Gredd, otro de los miembros más activos durante la negociación, también insiste en este punto como uno de los aspectos más "negativos" de la reforma, porque dice que se "está fracasando a la hora de afrontar un problema que explica gran parte de lo sucedido en el pasado y que seguiremos teniendo en el futuro". El Tesoro admite que es necesaria una reforma de Fannie y Freddie, pero no en este momento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario