Guillermo Knochenhauer
Lo que el sector campesino del PRI obtuvo en la rebatinga por el presupuesto federal de egresos 2010, se puede ver en el riguroso análisis que hace del Programa Especial Concurrente (PEC) el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas que dirige Juan Carlos Anaya. Lo que está por verse es que ese montón de dinero tenga el mejor uso posible, lo cual es responsabilidad del gobierno y de las organizaciones rurales.
El gasto de 237.8 mil millones de pesos que solicitó el gobierno para el campo, con un aumento de apenas 0.8 por ciento contra el de 2009, lo elevaron los diputados, encabezados por los de la CNC, en 13 por ciento, a 268,775.4 millones de pesos. El aumento se asignó, principalmente, a cuatro vertientes: financiera, competitividad, medio ambiente e infraestructura. Está bien el enfoque, pero tiene que bajar a niveles mucho más concretos.
El PEC, como se sabe, intenta hacer concurrir presupuestos y acciones de 13 secretarías federales y en muchos casos, de sus contrapartes estatales para, según la idea del Acuerdo Nacional para el Campo de 2004, apoyar un “desarrollo rural integral”. Desde entonces se han hecho ensayos de tales sinergias, pero todavía tienen que resolver al menos, dos problemas básicos.
El primero es que los objetivos de política rural que deriven del propósito de alcanzar un desarrollo rural “integral” sean claros y compartidos por todas las dependencias federales y estatales que participan en el PEC. No lo son todavía. Así lo reconoce el secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación, Francisco Mayorga. Al tomar posesión del cargo hace menos de tres meses, declaró “con mucha franqueza (…) que no estamos dando en el blanco”. También aceptó que no se pueden medir los resultados de la Sagarpa porque no hay objetivos ni metas de lo cual, inferimos nosotros, se aprovecha la gran burocracia para hacer confuso el destino de los recursos.
La primera condición para hacer un buen uso del presupuesto es que dé en el blanco, es decir, que la política hacia el campo atinara en aprovechar y conservar los recursos naturales que están en manos de pequeños campesinos que no logran escalar a los niveles de eficiencia que reclama la competencia mercantil, aunque aportan su producto al mercado.
Son más de 760 mil unidades agropecuarias descapitalizadas, tecnológicamente rezagadas, de superficies reducidas que se relacionan con los mercados mediante demasiados intermediarios y con las que es difícil interactuar porque en su inmensa mayoría están desorganizados para fines económicos.
Además de esas unidades, hay más de dos millones que no aportan al mercado, que son de autoconsumo a las que también hay que apoyar para conseguir el mayor provecho y conservación posibles de sus recursos naturales. La FAO insiste en que en esas unidades radica la seguridad alimentaria del país, no por lo que aporten a la alimentación urbana sino por lo que representan para la alimentación de las comunidades más pobres. En todo el mundo, ese organismo difunde el Programa Especial de Seguridad Alimentaria, consistente en apoyar a los productores más pobres de cada país para que diversifiquen y aseguren su alimentación.
Con todo y las dificultades que representa como sujeto protagónico de las políticas de desarrollo rural, esa es la población que reclama un enfoque que integre acciones múltiples y de la que depende realmente la seguridad alimentaria del país, medida por la autosuficiencia en granos básicos.
Además del apoyo para potenciar sus capacidades productivas, esos campesinos con tierra también son parte de la población sujeto de la dotación de servicios que corresponden a la política social, la cual debe abarcar a todo poblador rural, principalmente a quienes carecen de tierra y son los más pobres en términos patrimoniales y de alimentación.
Las políticas públicas hacia el campo han sido favorecidas con presupuestos crecientes en los últimos años, pero no dan en el blanco por falta de rumbo. No existe el acuerdo de recuperar la autosuficiencia alimentaria, ni de que los campesinos pobres con tierra deban ser los protagonistas centrales de tal estrategia, ni que el minifundio es un dato de nuestra estructura agraria que no debe verse como el problema a resolver mediante la desaparición de la mayoría de los campesinos.
El otro problema básico que dificulta la eficacia de las estrategias rurales, es la falta de organizaciones campesinas con sentido económico que, sin abandonar sus principios sociales, puedan asumir lo que les corresponde en la cadena alimentaria. Pero ese es tema para una próxima colaboración.
knochenhauer@prodigy.net.mx
Lo que el sector campesino del PRI obtuvo en la rebatinga por el presupuesto federal de egresos 2010, se puede ver en el riguroso análisis que hace del Programa Especial Concurrente (PEC) el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas que dirige Juan Carlos Anaya. Lo que está por verse es que ese montón de dinero tenga el mejor uso posible, lo cual es responsabilidad del gobierno y de las organizaciones rurales.
El gasto de 237.8 mil millones de pesos que solicitó el gobierno para el campo, con un aumento de apenas 0.8 por ciento contra el de 2009, lo elevaron los diputados, encabezados por los de la CNC, en 13 por ciento, a 268,775.4 millones de pesos. El aumento se asignó, principalmente, a cuatro vertientes: financiera, competitividad, medio ambiente e infraestructura. Está bien el enfoque, pero tiene que bajar a niveles mucho más concretos.
El PEC, como se sabe, intenta hacer concurrir presupuestos y acciones de 13 secretarías federales y en muchos casos, de sus contrapartes estatales para, según la idea del Acuerdo Nacional para el Campo de 2004, apoyar un “desarrollo rural integral”. Desde entonces se han hecho ensayos de tales sinergias, pero todavía tienen que resolver al menos, dos problemas básicos.
El primero es que los objetivos de política rural que deriven del propósito de alcanzar un desarrollo rural “integral” sean claros y compartidos por todas las dependencias federales y estatales que participan en el PEC. No lo son todavía. Así lo reconoce el secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación, Francisco Mayorga. Al tomar posesión del cargo hace menos de tres meses, declaró “con mucha franqueza (…) que no estamos dando en el blanco”. También aceptó que no se pueden medir los resultados de la Sagarpa porque no hay objetivos ni metas de lo cual, inferimos nosotros, se aprovecha la gran burocracia para hacer confuso el destino de los recursos.
La primera condición para hacer un buen uso del presupuesto es que dé en el blanco, es decir, que la política hacia el campo atinara en aprovechar y conservar los recursos naturales que están en manos de pequeños campesinos que no logran escalar a los niveles de eficiencia que reclama la competencia mercantil, aunque aportan su producto al mercado.
Son más de 760 mil unidades agropecuarias descapitalizadas, tecnológicamente rezagadas, de superficies reducidas que se relacionan con los mercados mediante demasiados intermediarios y con las que es difícil interactuar porque en su inmensa mayoría están desorganizados para fines económicos.
Además de esas unidades, hay más de dos millones que no aportan al mercado, que son de autoconsumo a las que también hay que apoyar para conseguir el mayor provecho y conservación posibles de sus recursos naturales. La FAO insiste en que en esas unidades radica la seguridad alimentaria del país, no por lo que aporten a la alimentación urbana sino por lo que representan para la alimentación de las comunidades más pobres. En todo el mundo, ese organismo difunde el Programa Especial de Seguridad Alimentaria, consistente en apoyar a los productores más pobres de cada país para que diversifiquen y aseguren su alimentación.
Con todo y las dificultades que representa como sujeto protagónico de las políticas de desarrollo rural, esa es la población que reclama un enfoque que integre acciones múltiples y de la que depende realmente la seguridad alimentaria del país, medida por la autosuficiencia en granos básicos.
Además del apoyo para potenciar sus capacidades productivas, esos campesinos con tierra también son parte de la población sujeto de la dotación de servicios que corresponden a la política social, la cual debe abarcar a todo poblador rural, principalmente a quienes carecen de tierra y son los más pobres en términos patrimoniales y de alimentación.
Las políticas públicas hacia el campo han sido favorecidas con presupuestos crecientes en los últimos años, pero no dan en el blanco por falta de rumbo. No existe el acuerdo de recuperar la autosuficiencia alimentaria, ni de que los campesinos pobres con tierra deban ser los protagonistas centrales de tal estrategia, ni que el minifundio es un dato de nuestra estructura agraria que no debe verse como el problema a resolver mediante la desaparición de la mayoría de los campesinos.
El otro problema básico que dificulta la eficacia de las estrategias rurales, es la falta de organizaciones campesinas con sentido económico que, sin abandonar sus principios sociales, puedan asumir lo que les corresponde en la cadena alimentaria. Pero ese es tema para una próxima colaboración.
knochenhauer@prodigy.net.mx
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