David Ibarra
En la lógica del Consenso de Washington, la política monetaria debe ocupar el lugar central en la administración económica de las naciones. Así, en México hemos importado acríticamente políticas hasta vaciar de contenido a la administración de la economía.
Con la liberalización de las transacciones externas en cuenta corriente y de capital, se elimina buena parte de instrumentos y medidas de resguardo a los productores. A su vez, la desregulación financiera interna y la esterilización de la autonomía promocional de la banca de desarrollo completaron el desmantelamiento de la política industrial. La privatización de empresas públicas, y la extranjerización de parte importante de los mejores consorcios nacionales restaron capacidad de acción y poder económico al Estado y a la IP. Luego, la promulgación de la Ley de Responsabilidad Hacendaria, que casi compromete el equilibrio presupuestal, limita más los márgenes estatales de maniobra. A todo esto se añade el otorgamiento de independencia al Banco de México con el cometido único de combatir la inflación y la prohibición colateral de financiar al gobierno, para segregar de facto y de jure al Estado de funciones medulares, anejas a la política económica del país.
El gobierno apenas dispone de dos instrumentos económicos importantes: impuestos y gasto público, constreñidos de antemano. El primero, por las enormes resistencias políticas a tributar que históricamente han convertido a México en un enorme paraíso fiscal. En cuanto al gasto, la pobreza de la recaudación, ahora sumada a la disminución de los ingresos petroleros y la regla del equilibrio presupuestal, reduce la influencia y el radio de acción gubernamentales. De aquí la impotencia de implantar políticas siquiera contracíclicas.
Entonces, el instrumento más significativo queda confinado al manejo de la tasa de interés del Banxico. No se resta importancia al tipo de cambio, pero su influencia se subordina a la tasa de interés por cuanto ésta supuestamente influye en el ritmo de actividad económica y realmente en la magnitud de los flujos del ahorro externo, esto es, en el financiamiento de la balanza de pagos.
Adoptado el Consenso de Washington, las autoridades nacionales han hecho esfuerzos por importar el paradigma monetario que lo complementa. De ahí derivan reglas que hemos ido implantando. Primero, la política monetaria se sitúa en manos de un banco central independiente y lo más aislado posible del tráfago político; segundo, se fijan metas nacionales de inflación con un horizonte de tiempo predeterminado como ancla nominal del sistema de precios; tercero, se utilizan ajustes en la tasa de interés para alcanzar las metas que se establezcan; cuarto, los préstamos al gobierno quedan limitados; quinto, en su versión más ortodoxa, la política monetaria está enfocada a controlar el ritmo de inflación, pasando por alto o relegando a segundo término cualquier otra meta o efecto económico de la misma.
Entre 1990 y 1992 se reprivatizan 18 bancos. Dos años después la Comisión de Cambios adoptó el régimen de flotación libre del peso, pero siguió influyendo en el mismo a través del “corto”, una especie de encaje. En 1993 entra en vigor la ley que formaliza la autonomía del Banxico.
Ya en 2005, la política monetaria se condujo a partir de objetivos de inflación, pero se combinó el uso de las tasas de interés, el “corto” y otros mecanismos heterodoxos. Hasta 2008 se sustituyen casi por entero los controles sobre la oferta de dinero y se deja a la tasa de interés el papel de satisfacer las metas inflacionarias. Al propio tiempo, se eliminan todas las trabas jurídicas a la inversión extranjera en instituciones que ya disponen alrededor de 85% de los recursos bancarios.
Los resultados macroeconómicos de 1989-2008 no podrían atribuirse por completo a la política monetaria. En el medio, hay disturbios, cambios institucionales y la crisis de 1995. El gran logro en ese lapso fue abatir la inflación, atribuible por igual a un manejo fiscal prudente. En contraste, el ritmo de crecimiento cae, exclusión y pobreza se agravan con el desbarajuste del mercado de trabajo y hay desplome económico en el año en curso, por más que se atribuya a factores externos.
Finiquitada la incorporación al canon monetarista y con el antecedente de haber desmantelado el intervencionismo fiscal y de la política industrial, cabría preguntarse si la manipulación de las tasas de interés bastaría para satisfacer el triple objetivo de prevenir la inflación, estabilizar el tipo de cambio y ganar crecimiento. La respuesta es negativa. Se requieren reformas audaces que van más allá de combinar políticas fiscales y monetarias, como hacen el grueso de los países para salir de la crisis. Es indispensable renovar instituciones y enfoques hasta recuperar autonomía financiera.
La tasa de interés como instrumento principal de la administración macroeconómica tropieza con obstáculos. Las señales del Banxico con alzas o bajas en la misma no alteran el comportamiento de bancos o empresas. La banca comercial se ha especializado en financiar al consumo y al gobierno y abandonado a la producción y a la inversión. La banca de desarrollo casi no otorga préstamos directos, se limita a descontar y compartir los riesgos de la banca comercial. Las empresas líderes satisfacen o satisfacían sus necesidades en bancos del exterior, insensibles a los cambios de postura de la política monetaria nacional.
En segundo lugar, la BMV o los mercados de bonos y de papel comercial no constituyen aún fuentes importantes al financiamiento. En tercer lugar, los mecanismos de regulación bancaria han hecho caso omiso del control de las elevadas tasas de interés. Cuando más, se ha buscado reducirlas pero sin romper el oligopolio. El Banxico, al mover la tasa de interés interbancaria a un día, difícilmente influye, sea en las tasas reales de interés de los préstamos a los productores o en los márgenes de intermediación. Por ello los movimientos de la tasa de interés, cuando más, alteran el comportamiento de los ahorradores nacionales o extranjeros. Hoy, la tasa de interés Cetes a 28 días es inferior a la inflación, confiscando ingresos a los ahorradores nacionales. En cambio, al inversionista extranjero le resulta atractivo recibir una remuneración superior a la que le otorgan los bancos en el exterior. De aquí surge una de las causas de la acumulación de reservas internacionales y de las presiones a la revaluación del tipo de cambio.
Esa constelación de callejones sin salida imprime enorme ineficacia a la pasividad de la política económica frente a la crisis global y el aplazamiento de cambios en la estructura de la producción nacional. Se han desmantelado las políticas industriales y fiscales. A mayor abundamiento, las políticas monetarias resultan poco útiles o hasta contraproducentes para propiciar desarrollo, empleo o siquiera equilibrar la balanza de pagos.
Analista político
Con la liberalización de las transacciones externas en cuenta corriente y de capital, se elimina buena parte de instrumentos y medidas de resguardo a los productores. A su vez, la desregulación financiera interna y la esterilización de la autonomía promocional de la banca de desarrollo completaron el desmantelamiento de la política industrial. La privatización de empresas públicas, y la extranjerización de parte importante de los mejores consorcios nacionales restaron capacidad de acción y poder económico al Estado y a la IP. Luego, la promulgación de la Ley de Responsabilidad Hacendaria, que casi compromete el equilibrio presupuestal, limita más los márgenes estatales de maniobra. A todo esto se añade el otorgamiento de independencia al Banco de México con el cometido único de combatir la inflación y la prohibición colateral de financiar al gobierno, para segregar de facto y de jure al Estado de funciones medulares, anejas a la política económica del país.
El gobierno apenas dispone de dos instrumentos económicos importantes: impuestos y gasto público, constreñidos de antemano. El primero, por las enormes resistencias políticas a tributar que históricamente han convertido a México en un enorme paraíso fiscal. En cuanto al gasto, la pobreza de la recaudación, ahora sumada a la disminución de los ingresos petroleros y la regla del equilibrio presupuestal, reduce la influencia y el radio de acción gubernamentales. De aquí la impotencia de implantar políticas siquiera contracíclicas.
Entonces, el instrumento más significativo queda confinado al manejo de la tasa de interés del Banxico. No se resta importancia al tipo de cambio, pero su influencia se subordina a la tasa de interés por cuanto ésta supuestamente influye en el ritmo de actividad económica y realmente en la magnitud de los flujos del ahorro externo, esto es, en el financiamiento de la balanza de pagos.
Adoptado el Consenso de Washington, las autoridades nacionales han hecho esfuerzos por importar el paradigma monetario que lo complementa. De ahí derivan reglas que hemos ido implantando. Primero, la política monetaria se sitúa en manos de un banco central independiente y lo más aislado posible del tráfago político; segundo, se fijan metas nacionales de inflación con un horizonte de tiempo predeterminado como ancla nominal del sistema de precios; tercero, se utilizan ajustes en la tasa de interés para alcanzar las metas que se establezcan; cuarto, los préstamos al gobierno quedan limitados; quinto, en su versión más ortodoxa, la política monetaria está enfocada a controlar el ritmo de inflación, pasando por alto o relegando a segundo término cualquier otra meta o efecto económico de la misma.
Entre 1990 y 1992 se reprivatizan 18 bancos. Dos años después la Comisión de Cambios adoptó el régimen de flotación libre del peso, pero siguió influyendo en el mismo a través del “corto”, una especie de encaje. En 1993 entra en vigor la ley que formaliza la autonomía del Banxico.
Ya en 2005, la política monetaria se condujo a partir de objetivos de inflación, pero se combinó el uso de las tasas de interés, el “corto” y otros mecanismos heterodoxos. Hasta 2008 se sustituyen casi por entero los controles sobre la oferta de dinero y se deja a la tasa de interés el papel de satisfacer las metas inflacionarias. Al propio tiempo, se eliminan todas las trabas jurídicas a la inversión extranjera en instituciones que ya disponen alrededor de 85% de los recursos bancarios.
Los resultados macroeconómicos de 1989-2008 no podrían atribuirse por completo a la política monetaria. En el medio, hay disturbios, cambios institucionales y la crisis de 1995. El gran logro en ese lapso fue abatir la inflación, atribuible por igual a un manejo fiscal prudente. En contraste, el ritmo de crecimiento cae, exclusión y pobreza se agravan con el desbarajuste del mercado de trabajo y hay desplome económico en el año en curso, por más que se atribuya a factores externos.
Finiquitada la incorporación al canon monetarista y con el antecedente de haber desmantelado el intervencionismo fiscal y de la política industrial, cabría preguntarse si la manipulación de las tasas de interés bastaría para satisfacer el triple objetivo de prevenir la inflación, estabilizar el tipo de cambio y ganar crecimiento. La respuesta es negativa. Se requieren reformas audaces que van más allá de combinar políticas fiscales y monetarias, como hacen el grueso de los países para salir de la crisis. Es indispensable renovar instituciones y enfoques hasta recuperar autonomía financiera.
La tasa de interés como instrumento principal de la administración macroeconómica tropieza con obstáculos. Las señales del Banxico con alzas o bajas en la misma no alteran el comportamiento de bancos o empresas. La banca comercial se ha especializado en financiar al consumo y al gobierno y abandonado a la producción y a la inversión. La banca de desarrollo casi no otorga préstamos directos, se limita a descontar y compartir los riesgos de la banca comercial. Las empresas líderes satisfacen o satisfacían sus necesidades en bancos del exterior, insensibles a los cambios de postura de la política monetaria nacional.
En segundo lugar, la BMV o los mercados de bonos y de papel comercial no constituyen aún fuentes importantes al financiamiento. En tercer lugar, los mecanismos de regulación bancaria han hecho caso omiso del control de las elevadas tasas de interés. Cuando más, se ha buscado reducirlas pero sin romper el oligopolio. El Banxico, al mover la tasa de interés interbancaria a un día, difícilmente influye, sea en las tasas reales de interés de los préstamos a los productores o en los márgenes de intermediación. Por ello los movimientos de la tasa de interés, cuando más, alteran el comportamiento de los ahorradores nacionales o extranjeros. Hoy, la tasa de interés Cetes a 28 días es inferior a la inflación, confiscando ingresos a los ahorradores nacionales. En cambio, al inversionista extranjero le resulta atractivo recibir una remuneración superior a la que le otorgan los bancos en el exterior. De aquí surge una de las causas de la acumulación de reservas internacionales y de las presiones a la revaluación del tipo de cambio.
Esa constelación de callejones sin salida imprime enorme ineficacia a la pasividad de la política económica frente a la crisis global y el aplazamiento de cambios en la estructura de la producción nacional. Se han desmantelado las políticas industriales y fiscales. A mayor abundamiento, las políticas monetarias resultan poco útiles o hasta contraproducentes para propiciar desarrollo, empleo o siquiera equilibrar la balanza de pagos.
Analista político
Fuente: El Universal
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