Guillermo Knochenhauer
México ha venido perdiendo capacidades desde los años setenta del siglo pasado. Esa decadencia se ve en la acumulación de problemas debidos al bajo crecimiento, a la desigualdad y pobreza que se expanden y en instituciones que perviven pero ya no funcionan; sin embargo, lo que hace más evidente que hay un proceso de decadencia en marcha son las resistencias a cambiar.
Cuando las cosas van mal es menester cambiar el modo de hacerlas. El rumbo del cambio será siempre materia de disputa política y es en medio de ella cuando las autoridades tienen que ponerse por encima de los intereses particulares y tomar decisiones. Un rasgo distintivo del proceso decadente en nuestro tiempo mexicano, es que el gobierno se comporta como uno más de los intereses en pugna, en vez de tomar con perspectiva las decisiones que interesan al país.
Las resistencias para cambiar son de índole cultural, económica, política y hasta sicológica, como la autocomplacencia, pero desde luego destacan las que ofrecen los intereses creados porque todo cambio los afecta. Las empresas favorecidas lo mismo que otros actores, como muchas instituciones y sus burocracias, se oponen a cambios verdaderos. Sorprendería que no lo hicieran. Lo que es sorprendente que esté sucediendo en México, porque no tiene por qué ocurrir, es la autocomplacencia del gobierno y de ciertos sectores empresariales con la situación. La autocomplacencia y la disposición de cambiar se excluyen mutuamente.
La semana pasada, Felipe Calderón convocó a políticos y empresarios a que “acordemos la ruta económica que nos permita acelerar el crecimiento y el empleo”. La disputa acerca de la “ruta” para recuperar el crecimiento está entre elevar la productividad expoliando al trabajo o aumentarla con equidad laboral, de manera que el crecimiento sea compartido. La definición en ese tema es uno de los requisitos para precisar el rumbo de los cambios que se necesitan.
Nada de lo que hace el gobierno -imponer más impuestos a la sociedad para mantener su gasto, vanagloriarse de que la recesión ha quedado superada en el tercer trimestre y esperar la recuperación estadounidense para que México salga del hoyo- sugiere la posibilidad de que la invitación de Calderón a definir la ruta de crecimiento, sea una oportunidad para cambiar el rumbo.
Además, entre los empresarios hay sectores defensores del modelo económico. En respuesta a la convocatoria presidencial para definir la ruta de crecimiento, Armando Paredes, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial y Gerardo Gutiérrez, de la Coparmex coincidieron en que México tiene un modelo económico semejante al de las economías más competitivas del mundo. El problema, según esos representantes empresariales, es que no se toman las decisiones necesarias (que profundicen el modelo) porque falta reformar el Estado.
Otros empresarios sí piensan en cambios que fortalezcan a las clases medias. Es la postura de Carlos Slim, cuyos negocios dependen de la capacidad de consumo del mercado interno. En la VII Cumbre de Negocios, llevada a cabo en Monterrey, Slim sostuvo que México aún carece de “rumbo de largo plazo, que se constituya en una política de Estado”. Dijo también que se tiene que hacer un cambio total en la forma de pensar de las administraciones públicas.
Por cierto el distanciamiento entre Slim y el gobierno es por el modelo pero sobre todo por un choque de intereses, en el que la administración de Calderón debería representar los de la nación: se trata del futuro de las telecomunicaciones, en el que se quiere favorecer a las televisoras.
A final de cuentas, la pugna entre élites de empresarios y políticos por la definición de objetivos tiene que ver con la alteración que sufrieron las estructuras de poder cuando, desde el gobierno de Carlos Salinas y sus sucesores, se la globalización se ha entendido reducida a su forma de libre mercado. No se tomaron las decisiones de cambios internos correspondientes.
Las consecuencias han sido, en lo económico, la ruptura de cadenas productivas y la enajenación de sectores estratégicos, como el sistema financiero y en lo político, la modificación de la propiedad en sectores estratégicos de la economía desde los cuales, quienes ahora los ocupan disputan tramos de poder, inclusive al Estado.
Esa pugna es contraria al acuerdo entre lo público y lo privado para hacer los cambios sin los cuales, México seguirá perdiendo capacidades de manera cada día más acelerada.
knochenhauer@prodigy.net.mx
México ha venido perdiendo capacidades desde los años setenta del siglo pasado. Esa decadencia se ve en la acumulación de problemas debidos al bajo crecimiento, a la desigualdad y pobreza que se expanden y en instituciones que perviven pero ya no funcionan; sin embargo, lo que hace más evidente que hay un proceso de decadencia en marcha son las resistencias a cambiar.
Cuando las cosas van mal es menester cambiar el modo de hacerlas. El rumbo del cambio será siempre materia de disputa política y es en medio de ella cuando las autoridades tienen que ponerse por encima de los intereses particulares y tomar decisiones. Un rasgo distintivo del proceso decadente en nuestro tiempo mexicano, es que el gobierno se comporta como uno más de los intereses en pugna, en vez de tomar con perspectiva las decisiones que interesan al país.
Las resistencias para cambiar son de índole cultural, económica, política y hasta sicológica, como la autocomplacencia, pero desde luego destacan las que ofrecen los intereses creados porque todo cambio los afecta. Las empresas favorecidas lo mismo que otros actores, como muchas instituciones y sus burocracias, se oponen a cambios verdaderos. Sorprendería que no lo hicieran. Lo que es sorprendente que esté sucediendo en México, porque no tiene por qué ocurrir, es la autocomplacencia del gobierno y de ciertos sectores empresariales con la situación. La autocomplacencia y la disposición de cambiar se excluyen mutuamente.
La semana pasada, Felipe Calderón convocó a políticos y empresarios a que “acordemos la ruta económica que nos permita acelerar el crecimiento y el empleo”. La disputa acerca de la “ruta” para recuperar el crecimiento está entre elevar la productividad expoliando al trabajo o aumentarla con equidad laboral, de manera que el crecimiento sea compartido. La definición en ese tema es uno de los requisitos para precisar el rumbo de los cambios que se necesitan.
Nada de lo que hace el gobierno -imponer más impuestos a la sociedad para mantener su gasto, vanagloriarse de que la recesión ha quedado superada en el tercer trimestre y esperar la recuperación estadounidense para que México salga del hoyo- sugiere la posibilidad de que la invitación de Calderón a definir la ruta de crecimiento, sea una oportunidad para cambiar el rumbo.
Además, entre los empresarios hay sectores defensores del modelo económico. En respuesta a la convocatoria presidencial para definir la ruta de crecimiento, Armando Paredes, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial y Gerardo Gutiérrez, de la Coparmex coincidieron en que México tiene un modelo económico semejante al de las economías más competitivas del mundo. El problema, según esos representantes empresariales, es que no se toman las decisiones necesarias (que profundicen el modelo) porque falta reformar el Estado.
Otros empresarios sí piensan en cambios que fortalezcan a las clases medias. Es la postura de Carlos Slim, cuyos negocios dependen de la capacidad de consumo del mercado interno. En la VII Cumbre de Negocios, llevada a cabo en Monterrey, Slim sostuvo que México aún carece de “rumbo de largo plazo, que se constituya en una política de Estado”. Dijo también que se tiene que hacer un cambio total en la forma de pensar de las administraciones públicas.
Por cierto el distanciamiento entre Slim y el gobierno es por el modelo pero sobre todo por un choque de intereses, en el que la administración de Calderón debería representar los de la nación: se trata del futuro de las telecomunicaciones, en el que se quiere favorecer a las televisoras.
A final de cuentas, la pugna entre élites de empresarios y políticos por la definición de objetivos tiene que ver con la alteración que sufrieron las estructuras de poder cuando, desde el gobierno de Carlos Salinas y sus sucesores, se la globalización se ha entendido reducida a su forma de libre mercado. No se tomaron las decisiones de cambios internos correspondientes.
Las consecuencias han sido, en lo económico, la ruptura de cadenas productivas y la enajenación de sectores estratégicos, como el sistema financiero y en lo político, la modificación de la propiedad en sectores estratégicos de la economía desde los cuales, quienes ahora los ocupan disputan tramos de poder, inclusive al Estado.
Esa pugna es contraria al acuerdo entre lo público y lo privado para hacer los cambios sin los cuales, México seguirá perdiendo capacidades de manera cada día más acelerada.
knochenhauer@prodigy.net.mx
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