El Gobierno prevé un aumento salarial por debajo de la
inflación en el programa de estabilidad
Alejandro Bolaños Madrid / El País
El programa
de estabilidad que este lunes envió el Gobierno español a Bruselas es, en
palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, la "espina
dorsal" de la política económica para esta legislatura. El programa está
dominado por una prioridad, la reducción del déficit público a machamartillo.
Pero más allá del ajuste y sus efectos, lo más determinante para el crecimiento
y el empleo será, según las propias estimaciones del Ejecutivo del PP, la reforma laboral. El Gobierno cree que la nueva
norma inducirá una significativa contención de los costes laborales y
facilitará así ganancias de competitividad. En el vocabulario del trabajador,
esto se traducirá en una prolongada pérdida de poder adquisitivo. Como mínimo,
hasta 2015.
El Gobierno
recalca que uno de los objetivos de la reforma laboral, en vigor desde mediados
de febrero, es lograr "una mayor flexibilidad a la baja de la remuneración
salarial por trabajador". Y reitera su argumentación de que uno de los
problemas del trabajo en España es que cuando llega una crisis como la actual,
el ajuste se hace mediante un aumento del paro ante la supuesta dificultad para
hacer bajar los salarios.
La
aplicación de la reforma laboral, sostiene el Ejecutivo, llevará a un mínimo
crecimiento de la remuneración por trabajador en 2012 (0,2%, la cuarta parte
que en 2011) aún en un contexto de notable destrucción de empleo. En 2013 se
prevé incluso un retroceso (-0,4%) y los dos años siguientes, de nuevo, avances
mínimos (por debajo del 0,3%). El contraste con la evolución de la inflación,
que da una idea de la pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores, es
notable. El deflactor del consumo en el PIB (que sirve de aproximación al IPC)
refleja incrementos siempre cercanos al 2%.
El Gobierno
le cuenta a Bruselas cómo piensa que la reforma laboral logrará esta
significativa contención del coste del trabajo para las empresas: "La
negociación de los salarios en condiciones más competitivas, la mitigación de
los mecanismos de persistencia de los salarios nominales [las cláusulas de
garantía salarial], así como unos costes de utilización de los servicios del
trabajo menos onerosos para la empresa [indemnizaciones por despido mucho más
bajas] redundarán en una menor destrucción de empleo". También, a tenor de
las propias estimaciones del Ejecutivo, en unos incrementos salariales más que
modestos.
"Este
cambio estructural", como lo llama el Gobierno, "permitirá conseguir
a medio plazo una correlación mucho más ajustada entre salarios reales y
productividad". En otras palabras, la contención salarial permitirá
"una recomposición de los márgenes del sector empresarial" a través
de la caída de los costes laborales unitarios, caballo de batalla de los que
afean a España la pérdida de competitividad registrada. En media anual, la
bajada será "en torno al 2% entre 2012 y 2015". Solo a más largo
plazo, "el salario real acabará repuntando", dice el Gobierno.
La
contención salarial y la mejora de los márgenes empresariales no se traducirá,
sin embargo, en creación de empleo. Al menos en esta legislatura, donde el
propio Gobierno estima que se destruirán en total más de 400.000 empleos.
Economía defiende que las mejoras de productividad permitirían crear "un
pequeño volumen de empleo" con "tasas de crecimiento del PIB algo
superiores al 1%", en 2014 y 2015, cuando, en las últimas décadas, la
creación de empleo ha venido asociada a avances del PIB cercanos al 2%.
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