David Colmenares / Eje Central
-El predial es municipal; si informan a los Congresos locales
-Un Nuevo Pacto Fiscal inaplazable
Hay temas que con dificultad se
discutirán a fondo en los debates, ya que con el formato elegido es
imposible profundizar en ninguno, aunque si definir principios básicos,
que vayan más allá de los lugares comunes que estamos acostumbrados a
escuchar.
Uno de esos temas, fundamental para la
definición de País que queremos es el del Federalismo Fiscal, el de las
relaciones intergubernamentales, el de la distribución de competencias y
recursos entre órdenes –que no niveles- de Gobierno.
Estos años la mayor parte de los
gobiernos estatales han sido del PRI, algunos del PRD entre los que está
el Gobierno del DF; estos años se ha seguido una política centralista
que tiene las finanzas estatales en condiciones de debilidad y
dependencia al negarse a revisar la distribución de potestades
tributarias; al condicionar el gasto federal a la aportación de pari
passus; al transferirles responsabilidades administrativas, sin los
recursos suficientes, como en educación; al orillarlos a que incrementen
su endeudamiento público.
Hay temas que se repiten
estacionalmente, como reclamarle a los estados que no cobran el predial,
cuando se trata de un responsabilidad de los municipios; que no
recaudan, cuando el potencial recaudatorio de los impuestos locales es
muy bajo,; que no informan a nadie, cuando lo hacen a los congresos
locales y la ASF revisa el gasto condicionado; etcétera.
Urge una redistribución de las
responsabilidades tributarias y una efectiva descentralización del gasto
y los ingresos públicos. Algunos de los fondos del Ramo 33 deben ser
participaciones y se les debería de participar un porcentaje mayor pero
de todos los ingresos federales. Hasta la ASF ya ubicó está necesidad.
Ante el escándalo de Coahuila, hubo
quien pedía que la ASF auditara el fuerte endeudamiento de esa Entidad,
siendo esa una responsabilidad del Congreso local e incluso muchos de
los juzgadores olvidan que el registro de deuda pública es desde 1998
–como señala la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) – un acto no obligatorio
sino voluntario, que sólo sirve para fines estadísticos.
Se ha hablado de “castigarlos” si no
hacen su tarea en seguridad p.e., no “pagándoles sus participaciones”,
cuando eso es imposible en el marco jurídico actual. Las Participaciones
son recursos propios de los Estados porque la Constitución les da
facultades para crear tributos de manera concurrente con el Gobierno
Federal en materias como el ingreso y el consumo. Al ceder la
Administración de los mismos al Gobierno Federal, cuando firmaron el
Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que se
puede revocar por supuesto, este se obliga a participarles un porcentaje
de lo recaudado, y eso son las participaciones, las cuales son
inembargables y se deben pagar conforme señala la LCF. Caso distinto son
las transferencias condicionadas, los recursos del llamado Ramo 33, que
si obedecen a Reglas de Operación centralizadas, pero ni modo de no
pagarles el FAEB o el Seguro Popular para “castigarlos”…vamos.
Se requiere que los candidatos se
comprometan a cambiar el Pacto Fiscal, que apuesten a la
descentralización, al desarrollo de las regiones, a regresarles
potestades con potencial recaudatorio importante, a simplificar y hacer
propuestas de reforma fiscal acordadas con la sociedad, a reducir los
pari passus, etcétera. En suma proponer una reforma tributaria
federalista que elimine las inercias centralistas. Si no es así
seguiremos con más de lo mismo, con reformas pendientes, aunque sean
necesarias, ante la falta de consensos.
*Profesor de Finanzas Estatales
en la UNAM. Ha sido Titular de la UCEF (SHCP) y Secretario de Finanzas
de Oaxaca. También Presidente del Colegio Nacional de Economistas.
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