Néstor de Buen / La Jornada
Me declaro sorprendido por el resultado de las elecciones. Evidentemente, el PRI iba a ganar, pero no dejó de ser curiosa y, en mi concepto, alarmante la alianza tripartita de institutos notablemente contrarios, para impedir el triunfo total del Partido Revolucionario Institucional.
Como estrategia electoral ha demostrado ser eficaz. Pero uno se pregunta, como tantos nos preguntamos, qué es lo que va a ocurrir a partir de que tomen posesión los nuevos funcionarios.
Curiosamente, además, el antecedente priísta de alguno de los candidatos de los tríos es un dato que llama la atención.
Son muy diversas las preguntas que cabe hacer sobre lo que podrá ocurrir a partir del ejercicio de sus funciones. Habrá, por supuesto, la integración de unos gobiernos estatales necesariamente mixtos, pero me temo que la determinación de una política común no va a ser nada fácil salvo que, de antemano, se hayan producido pactos íntimos que justificaron las alianzas. Los cuales, cuando se pongan de manifiesto, van a generar no pocos conflictos al interior de cada partido.
No puede uno dejar de considerar la posición que habrán de adoptar los nuevos gobernadores. Porque para ser congruentes con las alianzas, da la impresión que, en particular, los titulares de los poderes ejecutivos van a tener, encima de ellos, una especie de consejo de administración de integración plural que habrá de discutir y acordar, en su caso, los pasos a seguir.
La imagen del gobernador, dueño y señor del estado que le corresponda, hoy necesariamente tendrá que acompañarse de la información, previa y precisa, de los acuerdos que justifiquen cada una de sus acciones. Con ello cada poder ejecutivo tendrá que reconocer que ganando las elecciones ha perdido el poder. El problema deberá empezar con la integración de cada gabinete. Nada me gustaría más que ser un testigo invisible de las reuniones previas a la toma de posesión en la que, a partir de opiniones políticas supuestamente diferentes, tendrán que adoptarse los acuerdos económicos y sociales que justificarían, en su caso, las promesas de campaña.
Por cierto, es previsible que el supuesto consejo de administración no llegue a acuerdos, en cuyo caso el titular del poder ejecutivo tendrá que asumir la responsabilidad de la decisión final y en ese momento, si esa decisión resulta contraria a la opinión de los otros partidos o de alguno de ellos, se podrá armar un desbarajuste monumental.
Pienso en cuatro temas fundamentales que difícilmente se podrán separar: la economía, la política, las decisiones sociales y, de manera especial, las relaciones con el titular del Poder Ejecutivo federal. Por otra parte, la población que votó por esa integración plural en cualquier momento se considerará autorizada para reclamar violentamente si la decisión del señor gobernador es contraria a sus puntos de vista. Y nadie puede suponer que entre panistas, perredistas y convergencionistas ¡vaya nombrecito!, supuestamente contrarios en sus planes de trabajo, se puedan alcanzar acuerdos que sean contrarios a su política. El tema lo veo más complicado cuando se trate de acordar entre PAN y PRD.
Hoy las decisiones políticas alcanzan todos los temas. Pensemos en la actitud de los gobernadores frente a los problemas del sindicato minero y del SME. Yo dudo mucho que los gobernadores puedan ser, como lo han sido en este sexenio, propicios a las intenciones y los actos del gobierno en contra de los trabajadores mineros y electricistas. Y desde luego veo casi imposible que un gobierno integrado por gente del PRD vaya a ponerse de acuerdo con el secretario del Trabajo, como ha ocurrido hasta ahora, por ejemplo, en Cananea.
De la misma manera, me parece que será muy difícil que el gobierno federal pueda tratar de imponer una determinada política en un estado en el que su partido represente sólo la tercera parte del poder.
Desde luego que con estas alianzas los partidos se la están jugando con sus propios afiliados. Si las cosas se llevaran como se deben llevar, imagino las broncas que tendrán que armarse en las asambleas de cada partido.
Claro que la alternativa, profundamente antipática, será la de una dictadura convencional, seguramente pactada ya en lo esencial, en la que el diseño habrá de implicar el sacrificio de los intereses sociales y económicos de los partidos. Pero, ¿hasta qué punto será eso posible?
De lo que no cabe duda es que el próximo trienio va a ser muy divertido. Los partidos aliados no la van a pasar tan bien.
Me declaro sorprendido por el resultado de las elecciones. Evidentemente, el PRI iba a ganar, pero no dejó de ser curiosa y, en mi concepto, alarmante la alianza tripartita de institutos notablemente contrarios, para impedir el triunfo total del Partido Revolucionario Institucional.
Como estrategia electoral ha demostrado ser eficaz. Pero uno se pregunta, como tantos nos preguntamos, qué es lo que va a ocurrir a partir de que tomen posesión los nuevos funcionarios.
Curiosamente, además, el antecedente priísta de alguno de los candidatos de los tríos es un dato que llama la atención.
Son muy diversas las preguntas que cabe hacer sobre lo que podrá ocurrir a partir del ejercicio de sus funciones. Habrá, por supuesto, la integración de unos gobiernos estatales necesariamente mixtos, pero me temo que la determinación de una política común no va a ser nada fácil salvo que, de antemano, se hayan producido pactos íntimos que justificaron las alianzas. Los cuales, cuando se pongan de manifiesto, van a generar no pocos conflictos al interior de cada partido.
No puede uno dejar de considerar la posición que habrán de adoptar los nuevos gobernadores. Porque para ser congruentes con las alianzas, da la impresión que, en particular, los titulares de los poderes ejecutivos van a tener, encima de ellos, una especie de consejo de administración de integración plural que habrá de discutir y acordar, en su caso, los pasos a seguir.
La imagen del gobernador, dueño y señor del estado que le corresponda, hoy necesariamente tendrá que acompañarse de la información, previa y precisa, de los acuerdos que justifiquen cada una de sus acciones. Con ello cada poder ejecutivo tendrá que reconocer que ganando las elecciones ha perdido el poder. El problema deberá empezar con la integración de cada gabinete. Nada me gustaría más que ser un testigo invisible de las reuniones previas a la toma de posesión en la que, a partir de opiniones políticas supuestamente diferentes, tendrán que adoptarse los acuerdos económicos y sociales que justificarían, en su caso, las promesas de campaña.
Por cierto, es previsible que el supuesto consejo de administración no llegue a acuerdos, en cuyo caso el titular del poder ejecutivo tendrá que asumir la responsabilidad de la decisión final y en ese momento, si esa decisión resulta contraria a la opinión de los otros partidos o de alguno de ellos, se podrá armar un desbarajuste monumental.
Pienso en cuatro temas fundamentales que difícilmente se podrán separar: la economía, la política, las decisiones sociales y, de manera especial, las relaciones con el titular del Poder Ejecutivo federal. Por otra parte, la población que votó por esa integración plural en cualquier momento se considerará autorizada para reclamar violentamente si la decisión del señor gobernador es contraria a sus puntos de vista. Y nadie puede suponer que entre panistas, perredistas y convergencionistas ¡vaya nombrecito!, supuestamente contrarios en sus planes de trabajo, se puedan alcanzar acuerdos que sean contrarios a su política. El tema lo veo más complicado cuando se trate de acordar entre PAN y PRD.
Hoy las decisiones políticas alcanzan todos los temas. Pensemos en la actitud de los gobernadores frente a los problemas del sindicato minero y del SME. Yo dudo mucho que los gobernadores puedan ser, como lo han sido en este sexenio, propicios a las intenciones y los actos del gobierno en contra de los trabajadores mineros y electricistas. Y desde luego veo casi imposible que un gobierno integrado por gente del PRD vaya a ponerse de acuerdo con el secretario del Trabajo, como ha ocurrido hasta ahora, por ejemplo, en Cananea.
De la misma manera, me parece que será muy difícil que el gobierno federal pueda tratar de imponer una determinada política en un estado en el que su partido represente sólo la tercera parte del poder.
Desde luego que con estas alianzas los partidos se la están jugando con sus propios afiliados. Si las cosas se llevaran como se deben llevar, imagino las broncas que tendrán que armarse en las asambleas de cada partido.
Claro que la alternativa, profundamente antipática, será la de una dictadura convencional, seguramente pactada ya en lo esencial, en la que el diseño habrá de implicar el sacrificio de los intereses sociales y económicos de los partidos. Pero, ¿hasta qué punto será eso posible?
De lo que no cabe duda es que el próximo trienio va a ser muy divertido. Los partidos aliados no la van a pasar tan bien.
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