POR CRÉDITOS FISCALES HACIENDA DEJÓ DE CAPTAR MONTO SIMILAR AL INGRESO PETROLERO

La cifra por ese concepto entre enero y septiembre ascendió a $730 mil 759.4 millones

Equivalen a 5.2% del PIB; fueron otorgados a 4.4% de empresas y personas registradas en el SAT

Oficinas del SAT en avenida Hidalgo, en la ciudad de México. Foto Yazmín Ortega Cortés

Susana Gozález G. / Periódico La Jornada

Con un crecimiento de 28.4 por ciento del monto de los créditos fiscales, el gobierno federal dejó de recibir durante el último año casi tantos recursos como los que obtuvo por los ingresos petroleros.

Entre enero y septiembre de 2011 los créditos fiscales ascendieron a 730 mil 759.4 millones de pesos, cantidad que equivale a 92 por ciento de los 794 mil 906.5 millones de pesos que en el mismo periodo ingresaron al gobierno por el pago de derechos, impuestos y rendimientos de la actividad petrolera, de acuerdo con el más reciente informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la situación económica y las finanzas públicas.
Hasta septiembre del año pasado, los créditos fiscales ascendieron a 569 mil 83.1 millones de pesos, lo que implica que en 12 meses aumentaron 161 mil 676.3 millones de pesos más o 28.4 por ciento.
Cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa cumplía su primer trimestre en el poder, se desató un escándalo sobre los créditos fiscales a raíz de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso al descubierto que por ese concepto dejaron de ingresar a las arcas públicas 495 mil 807.9 millones de pesos entre los años 2001 y 2005, correspondiente al sexenio de Vicente Fox y que un grupo de 36 grandes empresas (bancos, constructoras, ingenios, cadenas de televisión, un periódico y hasta clubes de futbol) se incluía entre los contribuyentes que dejaron de pagar sus impuestos. Sólo 298 contribuyentes acumularon 20 mil 717 créditos, es decir 70 en promedio por cada uno, aunque hubo casos que superaron el centenar e incluso un sólo contribuyente tuvo mil 453 créditos.
En 2007, primer año del gobierno de Calderón Hinojosa, existían más de 2 millones de créditos fiscales que en conjunto ascendían a 572 mil 527 millones de pesos. Hacienda anunció en ese mismo año la cancelación de 73 mil 960 millones de pesos en créditos por considerar que gastaría más en tratar de cobrarlo, así que para 2008 se reportó una reducción de 39 por ciento en los créditos y de 19 por ciento en el monto.
Aún así, desde entonces a la fecha las cifras no han dejado de subir y lo han hecho de tal manera que entre 2008 y septiembre de 2011 el número de créditos fiscales se elevó 30 por ciento (de 1.2 a 1.5 millones) y el monto subió 57.5 por ciento al pasar de 463.9 mil millones de pesos a los ya citados 730.7 que arroja el último corte de Hacienda.
A la fecha los créditos fiscales representan 5.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y fueron otorgados a un millón 596 mil 224 contribuyentes, que apenas representan 4.4 por ciento del total de empresas y personas registradas en el padrón del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Hacienda no precisa cuántos de los contribuyentes que tienen créditos fiscales actualmente son empresas, pero sí indica que éstas concentran el 84.6 por ciento de los adeudos con 618 mil 318.3 millones en conjunto. En tanto que las personas físicas deben 76 mil 558 millones que equivale al 10.4 por ciento del total y las personas físicas con actividad empresarial adeudan 35 mil 882.6 millones que representan casi el 5 por ciento del total.
Reconoce además que sólo 20 por ciento del mondo de los créditos es factible de cobro, es decir 152 mil 70.3 millones de pesos, en tanto que ya envió notificaciones a los deudores, aplicó embargos de bienes tanto para rematarlos como para negociar el pago, acordó un pago de parcialidades o se encuentran sujetos a comprobación de cobro vía compensación, cobro directo, cartas de créditos o billetes de depósito.
A la mayoría de los créditos (431.2 mil millones de pesos que representan 60 por ciento) los cataloga como controvertidos en tanto que no puede realizar acciones coactivas contra los deudores para obligarlos a pagarlos porque se encuentran bajo procesos judiciales y su cobro depende de la resolución o sentencia emitida por la autoridad competente.