La FAO señala que en Argentina y en Brasil se produce el "acaparamiento" de terrenos agrícolas por parte de terceros Estados, en especial China, Corea del Sur y Arabia Saudí
Alejandro Rebossio Buenos Aires / El País
Son 330.000 hectáreas de la provincia argentina de Río Negro que su anterior gobernador consideraba improductivas. Es un territorio más grande que el de Luxemburgo. La mayor empresa de alimentos de China, la estatal Heilongjiang Beidahuang, quiere convertirlo en un vergel para asegurarse la provisión de soja, maíz, trigo y otros cultivos durante 20 años. Río Negro y la compañía oriental firmaron el año pasado un acuerdo por el que la provincia patagónica alquilará esas tierras a agricultores para que allí Beidahuang invierta 1.148 millones de euros para irrigarlas. Río Negro produciría las materias primas y se las vendería a la firma china a precios de mercado, pero le aseguraría que todo lo cultivado iría a para a sus manos. El proyecto aún está en el aire porque está congelado por un recurso judicial que han demandado políticos y ecologistas que reclaman que se analice su impacto ambiental.
Precisamente Argentina sancionó la semana pasada una ley que limita la compra de tierras por parte de extranjeros al 15% de su territorio. No permitirá que un Estado, una empresa o una persona foráneos adquieran más de 1.000 hectáreas en las zonas más fértiles del país o sus equivalentes en valor de otras regiones. Sin embargo, la ley no limita los alquileres de tierras, que constituyen uno de los mecanismos que usan otros países para quedarse con lo producido en territorio latinoamericano, según ha señalado un reciente informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, según sus siglas en inglés).
La FAO ha advertido sobre “intensos procesos de concentración y extranjerización de tierras” en Latinoamérica y el Caribe. La organización no analizaba esta situación desde la década de los setenta del siglo pasado y acaba de finalizar en octubre pasado su última evaluación. El informe, que abarcó a 17 países de la región, también indicó que por ahora en solo dos países, Argentina y Brasil, se produce el fenómeno de “acaparamiento” de tierras por parte de terceros Estados para la producción de alimentos. En concreto, China, Corea del Sur, Arabia Saudí y Qatar están negociando o ya han concretado la compra o alquiler de tierras en esas dos potencias agrícolas sudamericanas. En un mundo en el que la población aumenta y la desertificación también, los alimentos se tornan cada vez más un recurso escaso, pese a que la modificación genética de las semillas y otras tecnologías han elevado la producción, aun a costa de la deforestación de bosques.
"Hay un masivo resurgimiento del interés por invertir en tierras de la región", dice un consultor de la FAO
“Hay un masivo resurgimiento del interés por invertir en tierras en la región”, dijo el consultor de la FAO a cargo de analizar los estudios de los 17 países, Saturnino Borras, en un reciente seminario organizado por esta entidad en Santiago de Chile. Desde 2003, el aumento del precio de las materias primas agrícolas, pero también mineras e hidrocarburíferas, atrajo a inversores privados, así como a Estados extranjeros ansiosos de asegurar la provisión de alimentos. Martine Dirven, especialista en desarrollo rural, comentó que, por ejemplo, “en 10 años ha habido aumentos de siete veces en el precio de la tierra en Uruguay”, un país con un territorio muy fértil y que supone un tercio del de España.
El informe global de la FAO, que redactó el consultor Sergio Gómez, configura una lista de países con “alta” concentración en más de cinco productos agrícolas: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Guyana. Otra relación refiere a los países con “alta” presencia de inversión extranjera en tierras. En ella figuran todos los países ya mencionados, con la excepción de Panamá, y algunos otros más, como Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú. Algunas de estas inversiones provienen de empresarios de otros orígenes latinoamericanos, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, México, Costa Rica y Guatemala.
Preocupación en Latinoamérica
Los gobiernos latinoamericanos observan cada vez con más preocupación la compra de tierras por capitales foráneos
En 2010, el entonces presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reforzó los controles al acceso de los extranjeros a la tierra. Ningún forastero puede tener más de 250 o 5.000 hectáreas, según la región, y en total no pueden superar el 25% del territorio. En Brasil, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Venezuela están en marcha reformas agrarias. En Bolivia además la Constitución de 2006 limita a 5.000 hectáreas la cantidad de superficie que puede tener una persona y castiga los “latifundios improductivos”. Paraguay prohibió en 2008 la venta a extranjeros de tierras destinadas a la reforma agraria. Perú se propone condicionar los proyectos de inversión en zonas fronterizas a una declaración de necesidad pública. Uruguay analiza restricciones al capital extranjero y ya ha gravado a las propiedades de más de 1.000 hectáreas. En México, la ley de reforma agraria de 1971 ha evitado la concentración de tierras (pese a que algunos cultivos están en pocas manos), mientras que países como Chile o Colombia incentivan la inversión extranjera.
Los gobiernos latinoamericanos observan cada vez más con preocupación la compra de tierras por parte de capitales foráneos, a partir de las críticas de agricultores medianos argentinos y brasileños, de campesinos de toda la región, incluidos los indígenas, organizaciones ecologistas que advierten sobre el uso de transgénicos y pesticidas y hasta religiosos de Brasil, Colombia o Paraguay.
“Los gobiernos de la región deben encontrar formas de asegurar que los procesos de concentración y extranjerización de tierras no tengan efectos negativos sobre la seguridad alimentaria, el empleo agrícola y el desarrollo de la agricultura familiar”, opinó Fernando Soto-Baquero, funcionario de la FAO. El director del Centro Peruano de Estudios Sociales, Fernando Eguren, añadió que la concentración de la tierra no es solo un fenómeno económico: “Es también una concentración de influencias, de poder político en las esferas territoriales donde está ocurriendo. Finalmente también tiene que ver con restricciones en la democracia”.
Alejandro Rebossio Buenos Aires / El País
Son 330.000 hectáreas de la provincia argentina de Río Negro que su anterior gobernador consideraba improductivas. Es un territorio más grande que el de Luxemburgo. La mayor empresa de alimentos de China, la estatal Heilongjiang Beidahuang, quiere convertirlo en un vergel para asegurarse la provisión de soja, maíz, trigo y otros cultivos durante 20 años. Río Negro y la compañía oriental firmaron el año pasado un acuerdo por el que la provincia patagónica alquilará esas tierras a agricultores para que allí Beidahuang invierta 1.148 millones de euros para irrigarlas. Río Negro produciría las materias primas y se las vendería a la firma china a precios de mercado, pero le aseguraría que todo lo cultivado iría a para a sus manos. El proyecto aún está en el aire porque está congelado por un recurso judicial que han demandado políticos y ecologistas que reclaman que se analice su impacto ambiental.
Precisamente Argentina sancionó la semana pasada una ley que limita la compra de tierras por parte de extranjeros al 15% de su territorio. No permitirá que un Estado, una empresa o una persona foráneos adquieran más de 1.000 hectáreas en las zonas más fértiles del país o sus equivalentes en valor de otras regiones. Sin embargo, la ley no limita los alquileres de tierras, que constituyen uno de los mecanismos que usan otros países para quedarse con lo producido en territorio latinoamericano, según ha señalado un reciente informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, según sus siglas en inglés).
La FAO ha advertido sobre “intensos procesos de concentración y extranjerización de tierras” en Latinoamérica y el Caribe. La organización no analizaba esta situación desde la década de los setenta del siglo pasado y acaba de finalizar en octubre pasado su última evaluación. El informe, que abarcó a 17 países de la región, también indicó que por ahora en solo dos países, Argentina y Brasil, se produce el fenómeno de “acaparamiento” de tierras por parte de terceros Estados para la producción de alimentos. En concreto, China, Corea del Sur, Arabia Saudí y Qatar están negociando o ya han concretado la compra o alquiler de tierras en esas dos potencias agrícolas sudamericanas. En un mundo en el que la población aumenta y la desertificación también, los alimentos se tornan cada vez más un recurso escaso, pese a que la modificación genética de las semillas y otras tecnologías han elevado la producción, aun a costa de la deforestación de bosques.
"Hay un masivo resurgimiento del interés por invertir en tierras de la región", dice un consultor de la FAO
“Hay un masivo resurgimiento del interés por invertir en tierras en la región”, dijo el consultor de la FAO a cargo de analizar los estudios de los 17 países, Saturnino Borras, en un reciente seminario organizado por esta entidad en Santiago de Chile. Desde 2003, el aumento del precio de las materias primas agrícolas, pero también mineras e hidrocarburíferas, atrajo a inversores privados, así como a Estados extranjeros ansiosos de asegurar la provisión de alimentos. Martine Dirven, especialista en desarrollo rural, comentó que, por ejemplo, “en 10 años ha habido aumentos de siete veces en el precio de la tierra en Uruguay”, un país con un territorio muy fértil y que supone un tercio del de España.
El informe global de la FAO, que redactó el consultor Sergio Gómez, configura una lista de países con “alta” concentración en más de cinco productos agrícolas: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Guyana. Otra relación refiere a los países con “alta” presencia de inversión extranjera en tierras. En ella figuran todos los países ya mencionados, con la excepción de Panamá, y algunos otros más, como Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú. Algunas de estas inversiones provienen de empresarios de otros orígenes latinoamericanos, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, México, Costa Rica y Guatemala.
Preocupación en Latinoamérica
Los gobiernos latinoamericanos observan cada vez con más preocupación la compra de tierras por capitales foráneos
En 2010, el entonces presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reforzó los controles al acceso de los extranjeros a la tierra. Ningún forastero puede tener más de 250 o 5.000 hectáreas, según la región, y en total no pueden superar el 25% del territorio. En Brasil, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Venezuela están en marcha reformas agrarias. En Bolivia además la Constitución de 2006 limita a 5.000 hectáreas la cantidad de superficie que puede tener una persona y castiga los “latifundios improductivos”. Paraguay prohibió en 2008 la venta a extranjeros de tierras destinadas a la reforma agraria. Perú se propone condicionar los proyectos de inversión en zonas fronterizas a una declaración de necesidad pública. Uruguay analiza restricciones al capital extranjero y ya ha gravado a las propiedades de más de 1.000 hectáreas. En México, la ley de reforma agraria de 1971 ha evitado la concentración de tierras (pese a que algunos cultivos están en pocas manos), mientras que países como Chile o Colombia incentivan la inversión extranjera.
Los gobiernos latinoamericanos observan cada vez más con preocupación la compra de tierras por parte de capitales foráneos, a partir de las críticas de agricultores medianos argentinos y brasileños, de campesinos de toda la región, incluidos los indígenas, organizaciones ecologistas que advierten sobre el uso de transgénicos y pesticidas y hasta religiosos de Brasil, Colombia o Paraguay.
“Los gobiernos de la región deben encontrar formas de asegurar que los procesos de concentración y extranjerización de tierras no tengan efectos negativos sobre la seguridad alimentaria, el empleo agrícola y el desarrollo de la agricultura familiar”, opinó Fernando Soto-Baquero, funcionario de la FAO. El director del Centro Peruano de Estudios Sociales, Fernando Eguren, añadió que la concentración de la tierra no es solo un fenómeno económico: “Es también una concentración de influencias, de poder político en las esferas territoriales donde está ocurriendo. Finalmente también tiene que ver con restricciones en la democracia”.
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