Oscar Pimentel González / Eje Central
A Manlio Fabio Beltrones Rivera
El cálculo político en la lucha por el poder entre los partidos y al interior de la elite económica, ha determinado un estado de estancamiento e incapacidad para procesar las respuestas que son necesarias en México ante las nuevas realidades y las demandas de su población. Los rezagos sociales, el crecimiento insuficiente y el clima de incertidumbre, miedo y deterioro de las instituciones que caracterizan la grave crisis que vivimos, son resultado de esta lógica de la política nacional en la que prevalecen los intereses partidistas y los privilegios de los grupos económicos más poderosos.
Así, no es extraño el comportamiento de nuestras autoridades que, presionadas por el cálculo político para 2012, y a pesar de la adversa situación financiera que enfrentan los países europeos y los efectos nocivos que puede tener sobre la economía de Estados Unidos y sobre México, pretenden convencernos de que la estabilidad que muestran los principales indicadores macroeconómicos y las altas reservas del banco central, permitirán proteger al país de las turbulencias de 2012 y hacer que crezca la planta productiva.
No obstante las advertencias de los especialistas del propio Fondo Monetario Internacional, cuando la presidenta de este organismo visitó el país en días pasados, en un acto de corrección política exaltó la disciplina financiera y las políticas de estabilización de nuestro gobierno. No dijo nada, por supuesto, del problema del crecimiento mediocre que hemos tenido en la última década, ni de la pobreza que afecta a más de la mitad de los mexicanos o del lamentable segundo lugar en el registro de los países con mayor desigualdad de la OCDE, y no habló tampoco de la desarticulación de nuestros procesos productivos ante la apertura comercial indiscriminada, el embate de la economía china y la dependencia respecto a EU.
Lo que habría que preguntar a quienes toman las decisiones de política económica es: ¿ Desde cuando se puede considerar exitosa la gestión de un gobierno que mantiene la estabilidad pero no es capaz de hacer que crezca el producto interno, generar los empleos necesarios ni abatir la pobreza y la desigualdad? Cuidar la estabilidad es apenas una parte de la tarea. Falta lo más importante, lo que sí redunda en un mejor desarrollo del país- y que no se está haciendo- que es impulsar el crecimiento, cuidar nuestra planta productiva, fomentar la competitividad y alentar el mercado interno.
El problema es grave. Se niega la realidad; se evita el verdadero diagnostico que, si se asumiera con responsabilidad de Estado, podría conducir a una nueva estrategia económica. Se mantienen las medidas de estabilidad, con una fe ciega en que podrán protegernos de la fase aguda que se espera de la crisis económica mundial; como si ello pudiera evitar la recesión que nos puede ocasionar la baja actividad de la economía norteamericana. Pero lo peor es la versión triunfalista del gobierno que busca el reconocimiento público en aras de su cálculo político para conservar el poder, aún a costa de posponer las medidas radicales de política económica que son necesarias para reencauzar nuestro desarrollo. Y se repite una vez más la creíble y triste historia: lo que importa es mantener el poder o acceder a él, no el avance del país.
Hay que lamentar, sin embargo, que el cálculo político no es solo del gobierno, aunque sea – por mandato de los mexicanos- el que tiene mayor responsabilidad. Los partidos políticos y sus expresiones en el Congreso ya habrían podido decidir una política fiscal y un presupuesto de egresos para fortalecer las finazas públicas, reducir los privilegios, cambiar el enfoque asistencialista del gasto social y asumir un enfoque anticíclico mediante programas de infraestructura y de aliento al mercado interno. Pero no se hace porque tiene costos políticos y lo que importa son los votos, aunque la situación siga igual o empeore.
En la misma dinámica, y aún en forma más burda y grosera, es la postura de las elites económicas que reclaman como derecho concesiones, condiciones monopólicas, exenciones, descuentos fiscales y privilegios que afectan el erario público, ahondan la desigualdad y distorsionan los mercados. Son privilegios sin una fuente de legitimidad que son un lastre para el país y su democracia.
Frente a esta realidad es necesario el desarrollo de nuevos liderazgos que entiendan lo que esta pasando y se decidan a trabajar por la transformación del país. Que comprendan la obsolescencia de nuestras viejas instituciones y su incapacidad para responder a las demandas ciudadanas de eficacia, transparencia y responsabilidad en el ejercicio del poder público; que puedan entender la nueva vida plural de nuestra sociedad, trabajar por la consolidación de la democracia y alentar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
Necesitamos cambiar los partidos, para que su fortaleza provenga de la capacidad y compromiso que tengan para contribuir al desarrollo de la nación.
Es indispensable reformar el Congreso para que los incentivos políticos de los legisladores se reorienten al trabajo parlamentario que fortalezca nuestras leyes y rescate las funciones de control que debe ejercer el Congreso sobre el resto de los poderes de la Unión.
Más allá del cálculo inmediatista de costos y beneficios, es necesario que las diversas fuerzas políticas asuman su responsabilidad con el futuro de México y acrediten fehacientemente su voluntad de cambio. Este debe ser el criterio para valorar sus propuestas y sus compromisos en el proceso electoral de 201
A Manlio Fabio Beltrones Rivera
El cálculo político en la lucha por el poder entre los partidos y al interior de la elite económica, ha determinado un estado de estancamiento e incapacidad para procesar las respuestas que son necesarias en México ante las nuevas realidades y las demandas de su población. Los rezagos sociales, el crecimiento insuficiente y el clima de incertidumbre, miedo y deterioro de las instituciones que caracterizan la grave crisis que vivimos, son resultado de esta lógica de la política nacional en la que prevalecen los intereses partidistas y los privilegios de los grupos económicos más poderosos.
Así, no es extraño el comportamiento de nuestras autoridades que, presionadas por el cálculo político para 2012, y a pesar de la adversa situación financiera que enfrentan los países europeos y los efectos nocivos que puede tener sobre la economía de Estados Unidos y sobre México, pretenden convencernos de que la estabilidad que muestran los principales indicadores macroeconómicos y las altas reservas del banco central, permitirán proteger al país de las turbulencias de 2012 y hacer que crezca la planta productiva.
No obstante las advertencias de los especialistas del propio Fondo Monetario Internacional, cuando la presidenta de este organismo visitó el país en días pasados, en un acto de corrección política exaltó la disciplina financiera y las políticas de estabilización de nuestro gobierno. No dijo nada, por supuesto, del problema del crecimiento mediocre que hemos tenido en la última década, ni de la pobreza que afecta a más de la mitad de los mexicanos o del lamentable segundo lugar en el registro de los países con mayor desigualdad de la OCDE, y no habló tampoco de la desarticulación de nuestros procesos productivos ante la apertura comercial indiscriminada, el embate de la economía china y la dependencia respecto a EU.
Lo que habría que preguntar a quienes toman las decisiones de política económica es: ¿ Desde cuando se puede considerar exitosa la gestión de un gobierno que mantiene la estabilidad pero no es capaz de hacer que crezca el producto interno, generar los empleos necesarios ni abatir la pobreza y la desigualdad? Cuidar la estabilidad es apenas una parte de la tarea. Falta lo más importante, lo que sí redunda en un mejor desarrollo del país- y que no se está haciendo- que es impulsar el crecimiento, cuidar nuestra planta productiva, fomentar la competitividad y alentar el mercado interno.
El problema es grave. Se niega la realidad; se evita el verdadero diagnostico que, si se asumiera con responsabilidad de Estado, podría conducir a una nueva estrategia económica. Se mantienen las medidas de estabilidad, con una fe ciega en que podrán protegernos de la fase aguda que se espera de la crisis económica mundial; como si ello pudiera evitar la recesión que nos puede ocasionar la baja actividad de la economía norteamericana. Pero lo peor es la versión triunfalista del gobierno que busca el reconocimiento público en aras de su cálculo político para conservar el poder, aún a costa de posponer las medidas radicales de política económica que son necesarias para reencauzar nuestro desarrollo. Y se repite una vez más la creíble y triste historia: lo que importa es mantener el poder o acceder a él, no el avance del país.
Hay que lamentar, sin embargo, que el cálculo político no es solo del gobierno, aunque sea – por mandato de los mexicanos- el que tiene mayor responsabilidad. Los partidos políticos y sus expresiones en el Congreso ya habrían podido decidir una política fiscal y un presupuesto de egresos para fortalecer las finazas públicas, reducir los privilegios, cambiar el enfoque asistencialista del gasto social y asumir un enfoque anticíclico mediante programas de infraestructura y de aliento al mercado interno. Pero no se hace porque tiene costos políticos y lo que importa son los votos, aunque la situación siga igual o empeore.
En la misma dinámica, y aún en forma más burda y grosera, es la postura de las elites económicas que reclaman como derecho concesiones, condiciones monopólicas, exenciones, descuentos fiscales y privilegios que afectan el erario público, ahondan la desigualdad y distorsionan los mercados. Son privilegios sin una fuente de legitimidad que son un lastre para el país y su democracia.
Frente a esta realidad es necesario el desarrollo de nuevos liderazgos que entiendan lo que esta pasando y se decidan a trabajar por la transformación del país. Que comprendan la obsolescencia de nuestras viejas instituciones y su incapacidad para responder a las demandas ciudadanas de eficacia, transparencia y responsabilidad en el ejercicio del poder público; que puedan entender la nueva vida plural de nuestra sociedad, trabajar por la consolidación de la democracia y alentar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
Necesitamos cambiar los partidos, para que su fortaleza provenga de la capacidad y compromiso que tengan para contribuir al desarrollo de la nación.
Es indispensable reformar el Congreso para que los incentivos políticos de los legisladores se reorienten al trabajo parlamentario que fortalezca nuestras leyes y rescate las funciones de control que debe ejercer el Congreso sobre el resto de los poderes de la Unión.
Más allá del cálculo inmediatista de costos y beneficios, es necesario que las diversas fuerzas políticas asuman su responsabilidad con el futuro de México y acrediten fehacientemente su voluntad de cambio. Este debe ser el criterio para valorar sus propuestas y sus compromisos en el proceso electoral de 201
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