El efecto redistributivo de los servicios públicos en España ha aumentado en los últimos 25 años
La educación y la sanidad explican que el país haya progresado en cohesión social en este periodo
OCTAVIO GRANADO / EL PAÍS
Desde hace dos décadas está en revisión la progresividad del sistema impositivo y la capacidad de los tributos para redistribuir la renta. Las evidencias de que los impuestos directos acaban compensándose con crecimientos de las rentas y de que los precios acaban fagocitando tanto los beneficios como las cargas fiscales han provocado que un número cada vez mayor de tratadistas defienda que son solo las políticas de gasto las que determinan la corrección de desigualdades sociales.
Los estudios realizados reflejan con limitaciones esta realidad. Según los diferentes informes de la OCDE, en los últimos 25 años, con independencia de las fases del ciclo económico, la desigualdad en los ingresos de los hogares ha aumentado en la mayoría de los países miembros, aunque no es el caso de España. Posiblemente la desigualdad de ingresos supone una mayor desigualdad social en los países en los que en la década de los ochenta ya se habían generalizado las prestaciones en los diferentes sistemas. Pero en aquellos en los que los servicios se han generalizado más recientemente, como el caso español, es muy probable que la cohesión social haya aumentado.
Estas limitaciones se perciben claramente. En España, por ejemplo, los empresarios declaran rentas e ingresos muy bajos, lo que sesga las comparaciones y acaba generando una categoría difusa de contribuyentes con menores ingresos que reciben menores transferencias públicas en función de sus actividades económicas o de su patrimonio.
La economía sumergida, que no afecta en la misma proporción a los diferentes estratos de contribuyentes ni a los países, también es otra limitación importante para las comparaciones. Hablar de la evolución de la deuda sin hacer un paralelo con la evolución de la riqueza patrimonial tampoco permite conclusiones.
En los estudios más rudimentarios pueden producirse paradojas. ¿Qué sucede si establecemos una tasa que limite con un elevado importe el acceso a los estudios universitarios o a las prestaciones sanitarias? En la práctica produciría la exclusión de los contribuyentes con menores ingresos y generaría una importante desigualdad social, a pesar de que formalmente pudiera revestir la apariencia de un tributo progresivo que grava a los contribuyentes con mayores ingresos. Los países que tienen un sistema sanitario dual, gratuito para los contribuyentes con menores ingresos y contributivo para la mayoría de trabajadores asalariados o por cuenta propia, no son en este sentido más igualitarios o progresivos fiscalmente que los países que disfrutan de un único sistema gratuito de prestaciones, sino todo lo contrario.
Por estas razones, los estudios sobre desigualdad social combinan diferentes indicadores de ingresos y accesibilidad a los servicios básicos, y cada vez hacen más hincapié en el papel del gasto, de las transferencias de renta y de los servicios como correctores esenciales de la desigualdad social y territorial.
El último informe de la OCDE (Divided we stand: why inequality keeps risign) es muy significativo por lo que supone de avance sobre otros anteriores. Sus conclusiones destacan cómo la desigualdad social ha disminuido en España en los últimos 25 años, aunque se haya incrementado en los dos últimos ejercicios. Incluso los ingresos del 1% más rico de la población han experimentado en los últimos 15 años analizados un "crecimiento moderado", del 8,4% al 8,8%, mientras que en los países de habla inglesa este porcentaje se multiplicó por dos.
El efecto redistributivo de los servicios públicos en España ha aumentado en el periodo, lo que no ha sucedido en la mayoría de los países de la OCDE, y ha alcanzado la media de los países más igualitarios, con una reducción de desigualdades en un 20%. Las transferencias públicas siguen siendo más reducidas en España, fundamentalmente por el menor envejecimiento de la población y las menores ayudas a familias y servicios sociales. Son, pues, la educación y la sanidad las que explican que España haya progresado en cohesión social en los últimos 25 años.
El informe apuesta claramente por las políticas de gasto y por una financiación sin desigualdades en la educación y la sanidad, y por que la inversión en capital humano siga creciendo en la primera infancia, en la enseñanza obligatoria y en la formación a lo largo de toda la vida laboral. La OCDE concluye de forma taxativa que "es importante garantizar la prestación de servicios públicos gratuitos y de alta calidad, tales como la educación, la salud y la atención a las familias".
Defendamos, pues, una mayor progresividad fiscal y una atención prioritaria a los grupos en riesgo de privación, los que concentran la pobreza real y no meramente estadística. Pero el mantenimiento y la profundización de la igualdad y la cohesión social van a estar más relacionados con el mantenimiento de sistemas comunitarios a los que se accede equitativamente y que sean de uso conjunto para todos los ciudadanos, ricos y pobres. Los sistemas duales y los pagos diferenciales pueden ser soluciones a corto plazo de la laminación del déficit de las Administraciones públicas, pero tendrán consecuencias en términos de desigualdad social.
Octavio Granado ha sido secretario de Estado de Seguridad Social desde abril de 2004 hasta diciembre de 2011.
La educación y la sanidad explican que el país haya progresado en cohesión social en este periodo
OCTAVIO GRANADO / EL PAÍS
Desde hace dos décadas está en revisión la progresividad del sistema impositivo y la capacidad de los tributos para redistribuir la renta. Las evidencias de que los impuestos directos acaban compensándose con crecimientos de las rentas y de que los precios acaban fagocitando tanto los beneficios como las cargas fiscales han provocado que un número cada vez mayor de tratadistas defienda que son solo las políticas de gasto las que determinan la corrección de desigualdades sociales.
Los estudios realizados reflejan con limitaciones esta realidad. Según los diferentes informes de la OCDE, en los últimos 25 años, con independencia de las fases del ciclo económico, la desigualdad en los ingresos de los hogares ha aumentado en la mayoría de los países miembros, aunque no es el caso de España. Posiblemente la desigualdad de ingresos supone una mayor desigualdad social en los países en los que en la década de los ochenta ya se habían generalizado las prestaciones en los diferentes sistemas. Pero en aquellos en los que los servicios se han generalizado más recientemente, como el caso español, es muy probable que la cohesión social haya aumentado.
Estas limitaciones se perciben claramente. En España, por ejemplo, los empresarios declaran rentas e ingresos muy bajos, lo que sesga las comparaciones y acaba generando una categoría difusa de contribuyentes con menores ingresos que reciben menores transferencias públicas en función de sus actividades económicas o de su patrimonio.
La economía sumergida, que no afecta en la misma proporción a los diferentes estratos de contribuyentes ni a los países, también es otra limitación importante para las comparaciones. Hablar de la evolución de la deuda sin hacer un paralelo con la evolución de la riqueza patrimonial tampoco permite conclusiones.
En los estudios más rudimentarios pueden producirse paradojas. ¿Qué sucede si establecemos una tasa que limite con un elevado importe el acceso a los estudios universitarios o a las prestaciones sanitarias? En la práctica produciría la exclusión de los contribuyentes con menores ingresos y generaría una importante desigualdad social, a pesar de que formalmente pudiera revestir la apariencia de un tributo progresivo que grava a los contribuyentes con mayores ingresos. Los países que tienen un sistema sanitario dual, gratuito para los contribuyentes con menores ingresos y contributivo para la mayoría de trabajadores asalariados o por cuenta propia, no son en este sentido más igualitarios o progresivos fiscalmente que los países que disfrutan de un único sistema gratuito de prestaciones, sino todo lo contrario.
Por estas razones, los estudios sobre desigualdad social combinan diferentes indicadores de ingresos y accesibilidad a los servicios básicos, y cada vez hacen más hincapié en el papel del gasto, de las transferencias de renta y de los servicios como correctores esenciales de la desigualdad social y territorial.
El último informe de la OCDE (Divided we stand: why inequality keeps risign) es muy significativo por lo que supone de avance sobre otros anteriores. Sus conclusiones destacan cómo la desigualdad social ha disminuido en España en los últimos 25 años, aunque se haya incrementado en los dos últimos ejercicios. Incluso los ingresos del 1% más rico de la población han experimentado en los últimos 15 años analizados un "crecimiento moderado", del 8,4% al 8,8%, mientras que en los países de habla inglesa este porcentaje se multiplicó por dos.
El efecto redistributivo de los servicios públicos en España ha aumentado en el periodo, lo que no ha sucedido en la mayoría de los países de la OCDE, y ha alcanzado la media de los países más igualitarios, con una reducción de desigualdades en un 20%. Las transferencias públicas siguen siendo más reducidas en España, fundamentalmente por el menor envejecimiento de la población y las menores ayudas a familias y servicios sociales. Son, pues, la educación y la sanidad las que explican que España haya progresado en cohesión social en los últimos 25 años.
El informe apuesta claramente por las políticas de gasto y por una financiación sin desigualdades en la educación y la sanidad, y por que la inversión en capital humano siga creciendo en la primera infancia, en la enseñanza obligatoria y en la formación a lo largo de toda la vida laboral. La OCDE concluye de forma taxativa que "es importante garantizar la prestación de servicios públicos gratuitos y de alta calidad, tales como la educación, la salud y la atención a las familias".
Defendamos, pues, una mayor progresividad fiscal y una atención prioritaria a los grupos en riesgo de privación, los que concentran la pobreza real y no meramente estadística. Pero el mantenimiento y la profundización de la igualdad y la cohesión social van a estar más relacionados con el mantenimiento de sistemas comunitarios a los que se accede equitativamente y que sean de uso conjunto para todos los ciudadanos, ricos y pobres. Los sistemas duales y los pagos diferenciales pueden ser soluciones a corto plazo de la laminación del déficit de las Administraciones públicas, pero tendrán consecuencias en términos de desigualdad social.
Octavio Granado ha sido secretario de Estado de Seguridad Social desde abril de 2004 hasta diciembre de 2011.
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