David Ibarra / El Universal
Analista político
El modelo económico que campea en nuestro país acota el debate político al ceder mucho del poder decisorio gubernamental a los mercados.
La transferencia de funciones se acentúa con la globalización concebida como el proceso de instaurar un orden financiero y productivo supranacional, también más allá de las políticas nacionales. La desconfianza elitista en la democracia, en el gobierno de los hombres, se completa con la fe reverencial en los mercados, como si éstos no fuesen una construcción humana.
Los resultados están a la vista. El ritmo de crecimiento de la economía se ha reducido a la mitad, de compararse los periodos 1945-1980 y 1980-2010. La vulnerabilidad frente a las oscilaciones de la economía internacional queda evidenciada en la década perdida de los 80 o en las crisis de 1987, 2001 o 2008. Pese a la apertura de fronteras y la multitud de tratados de libre comercio persiste la falla estructural de nuestra inserción externa, como lo demuestran los déficit persistentes en la balanza de pagos que sólo pueden atenuarse restringiendo el desarrollo o alentando la entrada indiscriminada de capitales, incluidos los de alta volatilidad.
La sociedad se resquebraja en la inseguridad cuando 60% de la fuerza laboral se ubica en el sector informal, cuando los derechohabientes de los esquemas de seguridad social sólo protegen y mal a 40% de la población, cuando la pobreza abarca a 50% de los ciudadanos y en vez de contraerse se expande, tanto como la desigualdad entre ricos y pobres.
En el campo financiero se observa nítidamente que las políticas públicas no son inmunes a ideologías alejadas de la defensa del genuino interés ciudadano. Por eso es posible sostener que muchas de las políticas vigentes son excluyentes y que las reformas jurídicas que les dieron vida tienen un contenido frecuentemente ademocrático.
Son varios los estrangulamientos financieros que resultan en rémora al desarrollo nacional. En primer lugar destaca la radical desregulación de las transacciones financieras sin tomar en debida cuenta sus repercusiones en la producción y en la organización económica del país. La liberación de las transacciones externas redujo la autonomía de la estrategia interna de fomento sin que se desarrollasen políticas de reemplazo aptas a las nuevas circunstancias. A su vez, la liberación financiera interna, supresión del crédito selectivo y de los controles a las tasas de interés y el encogimiento de la banca de desarrollo contribuyó a la desaparición de la política industrial. A todo lo anterior, se añade el otorgamiento de autonomía al Banco de México con el cometido único de combatir la inflación —no procurar el empleo y la prohibición de financiar los déficit presupuestales del gobierno—. De ahí surgen resistencias a establecer controles mínimos a la afluencia desordenada de capitales, a evitar la revaluación monetaria dañina a la producción pero apta para abatir precios o contentar a los importadores, o a establecer regulaciones al comportamiento libérrimo de los banqueros, aunque resultase contrario al interés nacional y de los usuarios.
Los trastornos que siguieron a la reforma financiera descrita se resumen en estrangulamiento crónico del crédito a los productores nacionales, menor crecimiento económico y dependencia acusada de los flujos del ahorro externo. Todo lo anterior fue acompañado por acontecimientos costosos, dramáticos, como la reprivatización de la banca, la quiebra y rescate de los bancos (1995) con costo no menor a 20% del producto para los contribuyentes y la extranjerización del grueso de las instituciones financieras del país. Todavía muchas de las consecuencias de ese cambio brutal y abrupto de políticas siguen entorpeciendo a la economía nacional.
Otro problema financiero reside en el desmantelamiento o esterilización de las capacidades promocionales de la banca de desarrollo, esenciales para fijar los derroteros de la modernización productiva. Antes de la reforma financiera, los bancos de desarrollo fueron pilares de la inversión impulsora de los grandes proyectos nacionales de formación de capital en la industria, la infraestructura o el comercio exterior y a la par puerta de acceso al crédito directo a los productores excluidos de otras fuentes financieras. Hoy la banca de desarrollo ha dejado de serlo para convertirse en soporte subordinado de la banca comercial extranjerizada. Al efecto, pasivamente descuenta créditos, ofrece garantías o comparte riesgos con instituciones privadas de crédito, en general, resistentes a prestar a las empresas productoras. Cambiar ese estado de cosas es imprescindible, pero la iniciativa a ese propósito, duerme desde hace dos años en el Poder Legislativo.
Resultado inocultable de los dos problemas mencionados, es el fracaso en ensanchar el crédito a la empresa privada, objetivo justificativo publicitado de la reforma financiera. La cartera conjunta de préstamos de la banca comercial y la de desarrollo entre 1995 y 2010 ha caído de 60% a un nivel cercano a 20% del producto, uno de los coeficientes más bajos en el mundo.
La solidez de la banca privada no reside en la sabiduría de tomar riesgos al prestar, sino en hacerlo, casi en exclusiva, bien asegurada al gobierno federal y a las entidades federativas, así como en otorgar créditos al consumo con tasas de interés desorbitadas que les permitan cubrir holgadamente la posible morosidad. Puesto en otros términos, la banca ha perdido el oficio de prestar a la producción, ha roto los vínculos de cercanía y confianza recíprocas con los empresarios acreditados. Ello ahonda la falta de competitividad nacional cuando al empresario se le niega acceso a los préstamos o se le obliga a satisfacer tasas de interés del doble o triple de las cubiertas por sus rivales en el exterior.
Otro problema financiero de importancia se ubica en el rezago de la modernización de la hacienda pública, singularmente en el campo impositivo. México mantiene un sistema tributario extremadamente débil, en parte atribuible a la reforma neoliberal y, en parte, a las resistencias internas a cubrir impuestos.
La eliminación obligada de los impuestos al comercio exterior con la apertura de fronteras se combinó con la desgravación ideológica al Impuesto Sobre la Renta a las personas y a las empresas hasta empobrecer al fisco. Aparte del alza del IVA, la compensación recaudatoria principal llevó a usar las rentas petroleras, no para crecer más de prisa —como Brasil—, sino para validar la baja imposición. Por eso, privatizar a Pemex no pasa de ser una utopía macroeconómica y sacarle a la bolsa, aun con emisión de acciones preferentes, otro ensueño irrealista, cuando 35% de los ingresos federales (2010) provienen de la renta petrolera, esto es cuando, sin alternativa a la vista, las finanzas públicas están colgadas del petróleo y cuando se extrae de Pemex más de 100% de sus utilidades.
La carga impositiva nacional fluctúa alrededor de 10% del producto desde la década de los 50 del siglo pasado; no ha subido como en la mayoría de los países y su nivel es uno de los más reducidos del mundo. Si se le añaden las contribuciones a la seguridad social esa cifra resulta tres veces inferior a la de Brasil y la mitad del promedio latinoamericano, para no hacer comparaciones menos favorables con los miembros del primer mundo. Por tanto, el gobierno se ve impedido a evitar el desplome de la inversión pública y amparar políticas sociales de mayor envergadura, generando círculos viciosos que estorban el crecimiento y los equilibrios sociales esenciales a la legitimidad gubernamental.
De ahí se infieren que, sin escapatoria, las finanzas no ayudan, limitan las políticas contracíclicas a corto plazo y la salida al cuasi estancamiento crónico imperante desde tres décadas atrás.
Analista político
El modelo económico que campea en nuestro país acota el debate político al ceder mucho del poder decisorio gubernamental a los mercados.
La transferencia de funciones se acentúa con la globalización concebida como el proceso de instaurar un orden financiero y productivo supranacional, también más allá de las políticas nacionales. La desconfianza elitista en la democracia, en el gobierno de los hombres, se completa con la fe reverencial en los mercados, como si éstos no fuesen una construcción humana.
Los resultados están a la vista. El ritmo de crecimiento de la economía se ha reducido a la mitad, de compararse los periodos 1945-1980 y 1980-2010. La vulnerabilidad frente a las oscilaciones de la economía internacional queda evidenciada en la década perdida de los 80 o en las crisis de 1987, 2001 o 2008. Pese a la apertura de fronteras y la multitud de tratados de libre comercio persiste la falla estructural de nuestra inserción externa, como lo demuestran los déficit persistentes en la balanza de pagos que sólo pueden atenuarse restringiendo el desarrollo o alentando la entrada indiscriminada de capitales, incluidos los de alta volatilidad.
La sociedad se resquebraja en la inseguridad cuando 60% de la fuerza laboral se ubica en el sector informal, cuando los derechohabientes de los esquemas de seguridad social sólo protegen y mal a 40% de la población, cuando la pobreza abarca a 50% de los ciudadanos y en vez de contraerse se expande, tanto como la desigualdad entre ricos y pobres.
En el campo financiero se observa nítidamente que las políticas públicas no son inmunes a ideologías alejadas de la defensa del genuino interés ciudadano. Por eso es posible sostener que muchas de las políticas vigentes son excluyentes y que las reformas jurídicas que les dieron vida tienen un contenido frecuentemente ademocrático.
Son varios los estrangulamientos financieros que resultan en rémora al desarrollo nacional. En primer lugar destaca la radical desregulación de las transacciones financieras sin tomar en debida cuenta sus repercusiones en la producción y en la organización económica del país. La liberación de las transacciones externas redujo la autonomía de la estrategia interna de fomento sin que se desarrollasen políticas de reemplazo aptas a las nuevas circunstancias. A su vez, la liberación financiera interna, supresión del crédito selectivo y de los controles a las tasas de interés y el encogimiento de la banca de desarrollo contribuyó a la desaparición de la política industrial. A todo lo anterior, se añade el otorgamiento de autonomía al Banco de México con el cometido único de combatir la inflación —no procurar el empleo y la prohibición de financiar los déficit presupuestales del gobierno—. De ahí surgen resistencias a establecer controles mínimos a la afluencia desordenada de capitales, a evitar la revaluación monetaria dañina a la producción pero apta para abatir precios o contentar a los importadores, o a establecer regulaciones al comportamiento libérrimo de los banqueros, aunque resultase contrario al interés nacional y de los usuarios.
Los trastornos que siguieron a la reforma financiera descrita se resumen en estrangulamiento crónico del crédito a los productores nacionales, menor crecimiento económico y dependencia acusada de los flujos del ahorro externo. Todo lo anterior fue acompañado por acontecimientos costosos, dramáticos, como la reprivatización de la banca, la quiebra y rescate de los bancos (1995) con costo no menor a 20% del producto para los contribuyentes y la extranjerización del grueso de las instituciones financieras del país. Todavía muchas de las consecuencias de ese cambio brutal y abrupto de políticas siguen entorpeciendo a la economía nacional.
Otro problema financiero reside en el desmantelamiento o esterilización de las capacidades promocionales de la banca de desarrollo, esenciales para fijar los derroteros de la modernización productiva. Antes de la reforma financiera, los bancos de desarrollo fueron pilares de la inversión impulsora de los grandes proyectos nacionales de formación de capital en la industria, la infraestructura o el comercio exterior y a la par puerta de acceso al crédito directo a los productores excluidos de otras fuentes financieras. Hoy la banca de desarrollo ha dejado de serlo para convertirse en soporte subordinado de la banca comercial extranjerizada. Al efecto, pasivamente descuenta créditos, ofrece garantías o comparte riesgos con instituciones privadas de crédito, en general, resistentes a prestar a las empresas productoras. Cambiar ese estado de cosas es imprescindible, pero la iniciativa a ese propósito, duerme desde hace dos años en el Poder Legislativo.
Resultado inocultable de los dos problemas mencionados, es el fracaso en ensanchar el crédito a la empresa privada, objetivo justificativo publicitado de la reforma financiera. La cartera conjunta de préstamos de la banca comercial y la de desarrollo entre 1995 y 2010 ha caído de 60% a un nivel cercano a 20% del producto, uno de los coeficientes más bajos en el mundo.
La solidez de la banca privada no reside en la sabiduría de tomar riesgos al prestar, sino en hacerlo, casi en exclusiva, bien asegurada al gobierno federal y a las entidades federativas, así como en otorgar créditos al consumo con tasas de interés desorbitadas que les permitan cubrir holgadamente la posible morosidad. Puesto en otros términos, la banca ha perdido el oficio de prestar a la producción, ha roto los vínculos de cercanía y confianza recíprocas con los empresarios acreditados. Ello ahonda la falta de competitividad nacional cuando al empresario se le niega acceso a los préstamos o se le obliga a satisfacer tasas de interés del doble o triple de las cubiertas por sus rivales en el exterior.
Otro problema financiero de importancia se ubica en el rezago de la modernización de la hacienda pública, singularmente en el campo impositivo. México mantiene un sistema tributario extremadamente débil, en parte atribuible a la reforma neoliberal y, en parte, a las resistencias internas a cubrir impuestos.
La eliminación obligada de los impuestos al comercio exterior con la apertura de fronteras se combinó con la desgravación ideológica al Impuesto Sobre la Renta a las personas y a las empresas hasta empobrecer al fisco. Aparte del alza del IVA, la compensación recaudatoria principal llevó a usar las rentas petroleras, no para crecer más de prisa —como Brasil—, sino para validar la baja imposición. Por eso, privatizar a Pemex no pasa de ser una utopía macroeconómica y sacarle a la bolsa, aun con emisión de acciones preferentes, otro ensueño irrealista, cuando 35% de los ingresos federales (2010) provienen de la renta petrolera, esto es cuando, sin alternativa a la vista, las finanzas públicas están colgadas del petróleo y cuando se extrae de Pemex más de 100% de sus utilidades.
La carga impositiva nacional fluctúa alrededor de 10% del producto desde la década de los 50 del siglo pasado; no ha subido como en la mayoría de los países y su nivel es uno de los más reducidos del mundo. Si se le añaden las contribuciones a la seguridad social esa cifra resulta tres veces inferior a la de Brasil y la mitad del promedio latinoamericano, para no hacer comparaciones menos favorables con los miembros del primer mundo. Por tanto, el gobierno se ve impedido a evitar el desplome de la inversión pública y amparar políticas sociales de mayor envergadura, generando círculos viciosos que estorban el crecimiento y los equilibrios sociales esenciales a la legitimidad gubernamental.
De ahí se infieren que, sin escapatoria, las finanzas no ayudan, limitan las políticas contracíclicas a corto plazo y la salida al cuasi estancamiento crónico imperante desde tres décadas atrás.
No hay comentarios:
Publicar un comentario