Lo mejor que le puede pasar a la Ley de Asociaciones Público-Privadas es dejársela a la próxima administración.
Enrique Del Val Blanco / Excelsior
En menos de 20 minutos, en el transcurso de los últimos momentos del periodo ordinario de sesiones, según cuentan los corresponsales, las Comisiones Unidas de Comercio, de Hacienda y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron la Ley de Asociaciones Público-Privadas, un proyecto de singular importancia para este gobierno y que al final fue respaldado por los miembros del PRI e, incluso, algunos del PRD. Según los comentarios de algunos senadores, el proyecto original enviado por la Presidencia se modificó hasta en un 80 por ciento.
Mucho se ha escrito sobre este proyecto, gracias al cual se dará una vuelta de tuerca como nunca hemos visto al papel del Estado como rector de la economía, al ceder sus facultades y decisiones al sector privado.
Resulta que ahora, gracias a esta ley, se podrán hacer carreteras, cárceles, hospitales, escuelas y lo que a usted se le ocurra. Incluso es posible que los particulares propongan obras sin que medie solicitud del gobierno, las cuales serán administradas por el sector privado hasta por 40 años y el gobierno deberá de pagar por su uso.
El presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados argumentó que con esta ley se impulsará la modernidad del país, ya que se pondrán a disposición de la sociedad más de 30 mil millones de dólares. El sector privado, el cual cabildeó intensamente para su aprobación, menciona que las empresas que participen podrán reducir los costos de construcción hasta en un 30 por ciento. ¿De dónde y cómo habrán determinado estas cifras?
Otro punto a favor del sector privado es que no tendrán que sujetarse a las leyes de Adquisiciones y de Obra Pública, y mucho menos a la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, como hasta ahora debían hacer. El asunto es hacerlo sencillo a los particulares, sin trámites engorrosos.
Como no todos los miembros del Congreso estuvieron totalmente de acuerdo, le agregaron algunos candados, mismos que, si uno lee con cuidado, dan a entender que no será tan fácil echarla a andar.
En primer lugar tendrá que elaborarse un reglamento, para lo cual se otorga un plazo de 12 meses. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá expedir unos lineamientos para que los particulares preparen e incluso inicien los proyectos. Es decir, podrían empezar aun sin contar con su reglamento. Por lo visto hay mucha prisa.
Como en el proyecto de ley que propuso el Presidente todo el beneficio era para los particulares, los congresistas también establecieron que los proyectos deberán estar plenamente justificados, especificando el beneficio social y demostrando su ventaja financiera. Además, la Secretaría de la Función Pública, a través de CompraNet, deberá transparentar todo, desde la propuesta hasta el concurso y los resultados, así como llevar un registro único de desarrolladores.
Adicionalmente, la SHCP coordinará y publicará un registro de cada proyecto para efectos estadísticos. Asimismo, esta Secretaría deberá hacer una evaluación del impacto de estos proyectos en las finanzas públicas.
Y el gran candado es que no serán las dependencias las que decidirán, sino la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, mediante previo análisis y autorización, indicando la prelación para su aprobación.
Una vez más, de un proyecto original se hace un mazacote con tantos obstáculos y requisitos, que nadie puede estar contento, por más fanfarrias que le acompañen. A menos de un año de que este gobierno formalmente termine, sería una irresponsabilidad hacer los lineamientos, el reglamento y todo lo que los senadores le metieron de adicional.
Lo mejor que le puede pasar a esta ley es dejársela a la próxima administración, dada la gravedad de la misma, que se resume en el debilitamiento del Estado rector, el cual deberá asumir los riesgos para el beneficio de unos cuantos particulares. Y dada la estructura empresarial mexicana, los que ganen serán los de siempre. En suma, una vergüenza de ley.
Enrique Del Val Blanco / Excelsior
En menos de 20 minutos, en el transcurso de los últimos momentos del periodo ordinario de sesiones, según cuentan los corresponsales, las Comisiones Unidas de Comercio, de Hacienda y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron la Ley de Asociaciones Público-Privadas, un proyecto de singular importancia para este gobierno y que al final fue respaldado por los miembros del PRI e, incluso, algunos del PRD. Según los comentarios de algunos senadores, el proyecto original enviado por la Presidencia se modificó hasta en un 80 por ciento.
Mucho se ha escrito sobre este proyecto, gracias al cual se dará una vuelta de tuerca como nunca hemos visto al papel del Estado como rector de la economía, al ceder sus facultades y decisiones al sector privado.
Resulta que ahora, gracias a esta ley, se podrán hacer carreteras, cárceles, hospitales, escuelas y lo que a usted se le ocurra. Incluso es posible que los particulares propongan obras sin que medie solicitud del gobierno, las cuales serán administradas por el sector privado hasta por 40 años y el gobierno deberá de pagar por su uso.
El presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados argumentó que con esta ley se impulsará la modernidad del país, ya que se pondrán a disposición de la sociedad más de 30 mil millones de dólares. El sector privado, el cual cabildeó intensamente para su aprobación, menciona que las empresas que participen podrán reducir los costos de construcción hasta en un 30 por ciento. ¿De dónde y cómo habrán determinado estas cifras?
Otro punto a favor del sector privado es que no tendrán que sujetarse a las leyes de Adquisiciones y de Obra Pública, y mucho menos a la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, como hasta ahora debían hacer. El asunto es hacerlo sencillo a los particulares, sin trámites engorrosos.
Como no todos los miembros del Congreso estuvieron totalmente de acuerdo, le agregaron algunos candados, mismos que, si uno lee con cuidado, dan a entender que no será tan fácil echarla a andar.
En primer lugar tendrá que elaborarse un reglamento, para lo cual se otorga un plazo de 12 meses. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá expedir unos lineamientos para que los particulares preparen e incluso inicien los proyectos. Es decir, podrían empezar aun sin contar con su reglamento. Por lo visto hay mucha prisa.
Como en el proyecto de ley que propuso el Presidente todo el beneficio era para los particulares, los congresistas también establecieron que los proyectos deberán estar plenamente justificados, especificando el beneficio social y demostrando su ventaja financiera. Además, la Secretaría de la Función Pública, a través de CompraNet, deberá transparentar todo, desde la propuesta hasta el concurso y los resultados, así como llevar un registro único de desarrolladores.
Adicionalmente, la SHCP coordinará y publicará un registro de cada proyecto para efectos estadísticos. Asimismo, esta Secretaría deberá hacer una evaluación del impacto de estos proyectos en las finanzas públicas.
Y el gran candado es que no serán las dependencias las que decidirán, sino la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, mediante previo análisis y autorización, indicando la prelación para su aprobación.
Una vez más, de un proyecto original se hace un mazacote con tantos obstáculos y requisitos, que nadie puede estar contento, por más fanfarrias que le acompañen. A menos de un año de que este gobierno formalmente termine, sería una irresponsabilidad hacer los lineamientos, el reglamento y todo lo que los senadores le metieron de adicional.
Lo mejor que le puede pasar a esta ley es dejársela a la próxima administración, dada la gravedad de la misma, que se resume en el debilitamiento del Estado rector, el cual deberá asumir los riesgos para el beneficio de unos cuantos particulares. Y dada la estructura empresarial mexicana, los que ganen serán los de siempre. En suma, una vergüenza de ley.
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