JESÚS CANTÚ / EL SIGLO DE TORREÓN
En todas las guerras la información sobre la misma está clasificada como reservada y así cancelan o, al menos, posponen por muchos años el derecho a saber de la población. Esto es exactamente lo que sucede en la lucha contra el narco en México; la población conoce apenas una parte (la que las autoridades deciden compartir) de la información relacionada con la misma.
Las autoridades ocultan, alteran y/o maquillan la información de acuerdo a sus intereses y sin el menor respeto por los derechos humanos. Lo mismo hacen en las escenas del crimen, como ha sido evidenciado reiteradamente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en los comunicados de prensa o en la información financiera que entregan a la Cámara de Diputados.
En ocasiones anteriores abordé algunos aspectos de este tema en este mismo espacio, hoy lo retomo a partir de dos reportajes premiados por la organización de la sociedad civil denominada México Infórmate, que pretende estimular el trabajo de los periodistas que utilizan las posibilidades que les brindan las leyes de transparencia para obtener la información que utilizan en sus reportajes. En un comunicado de prensa fechado el 16 de diciembre informan sobre los tres trabajos premiados: los dos primeros con estímulos económicos y el tercero, con una mención honorífica.
Los dos primeros trabajos están vinculados precisamente a asuntos relacionados con la guerra contra el narco, lo cual por supuesto resulta lógico dada la importancia que la misma adquirió en el presente sexenio. En ambos casos la información que revelan es muy interesante, pero también evidencian el ocultamiento y la manipulación de la información, con lo cual reflejan que lo que hoy se conoce es parcial y, muy probablemente, también engañoso.
El primer lugar lo obtuvo un reportaje de Víctor Hugo Michel, publicado en Milenio Diario el 7 de noviembre del presente año, donde revela la existencia de la partida 33701, en el presupuesto federal, al que sólo tienen acceso unos cuantos funcionarios, destinada a financiar las "operaciones encubiertas como infiltrar al narcotráfico, tener una nómina de informantes o mantener en el exilio a testigos protegidos", a la que han dedicado, de acuerdo a la información que pudo obtener el reportero, al menos 12 mil millones de pesos en el presente sexenio.
El segundo lugar fue para Dulce Ramos y Francisco Sandoval, del medio digital Animal Político con un reportaje difundido inicialmente el 30 de mayo de 2011, sobre las diferencias en la información que la Secretaría de la Defensa Nacional hace pública sobre sus efectivos muertos en el combate al narcotráfico. Lo que los reporteros hicieron fue confrontar el número de muertos que la Sedena reportaba en los comunicados de prensa entre julio del 2010 y enero del 2011 con un documento oficial de la misma Sedena, obtenido vía una solicitud de información, el resultado es que en sus comunicados "la Sedena no ha hecho pública la muerte de ocho de cada 10 soldados muertos..."
De acuerdo al reportaje en el mencionado período el Ejército informó en sus comunicados la muerte de 5 soldados, pero en el informe revela que murieron 41 militares. Los reporteros afirman: "Sólo en ese periodo, la Sedena habría omitido informar la muerte de 36 de sus efectivos. Aun bajo el supuesto que hubieran muerto los 19 soldados que se reportan como heridos entre junio de 2010 y enero de 2011, la cifra de bajas sólo se elevaría a 24, es decir, 58% de las 41 muertes que la Sedena informa vía transparencia. Si se consideran las bajas por accidentes que la Secretaría informa por boletines en el mismo periodo, la cifra sólo se elevaría a 27 bajas."
Al contrastar la información los reporteros demuestran fehacientemente que no hay forma de que los números cuadren. No pudieron hacer lo mismo con la información sobre los delincuentes muertos, porque en su respuesta a la solicitud de información la dependencia los remitió a los boletines de prensa, de tal manera que no hubo forma de validar la información.
Diversas son las reflexiones que producen estos dos reportajes. La primera, en consonancia con lo que ya se había verificado con las recomendaciones de la CNDH, es el hecho de que las diferencias se manifiestan en documentos oficiales de la misma Sedena, es decir, ni siquiera tienen el cuidado de verificar la información que entregaron previamente, así cuando manipulan la información ellos solos proporcionaran los elementos para evidenciarlos.
Una segunda, es la certeza de que ellos son la única fuente de información para saber que sucede en ese ámbito, por lo cual pueden manipular a su antojo la información y no hay forma de confrontarla con fuentes alternativas. Afortunadamente, como se desprende de la primera reflexión, son tan torpes que ellos mismos entregan las pruebas para evidenciar sus falsedades.
Una tercera, que lo que hoy están informando es un mínimo porcentaje de la información disponible y que se encontrarán muchas sorpresas cuando sea posible acceder a toda la información. Quizá en ese momento se entenderá mejor el interés y la preocupación del presidente Felipe Calderón y los altos mandos militares por reformar cuanto antes la legislación, para evitar que se les persiga y juzgue legalmente por todas las acciones que hoy han emprendido amparados en esta guerra contra la delincuencia organizada.
Los reportajes permiten deducir que hay muchos muertos escondidos en el clóset, es labor de los medios de comunicación y la sociedad civil el descubrirlos y lograr que los responsables rindan cuentas por ello.
En todas las guerras la información sobre la misma está clasificada como reservada y así cancelan o, al menos, posponen por muchos años el derecho a saber de la población. Esto es exactamente lo que sucede en la lucha contra el narco en México; la población conoce apenas una parte (la que las autoridades deciden compartir) de la información relacionada con la misma.
Las autoridades ocultan, alteran y/o maquillan la información de acuerdo a sus intereses y sin el menor respeto por los derechos humanos. Lo mismo hacen en las escenas del crimen, como ha sido evidenciado reiteradamente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en los comunicados de prensa o en la información financiera que entregan a la Cámara de Diputados.
En ocasiones anteriores abordé algunos aspectos de este tema en este mismo espacio, hoy lo retomo a partir de dos reportajes premiados por la organización de la sociedad civil denominada México Infórmate, que pretende estimular el trabajo de los periodistas que utilizan las posibilidades que les brindan las leyes de transparencia para obtener la información que utilizan en sus reportajes. En un comunicado de prensa fechado el 16 de diciembre informan sobre los tres trabajos premiados: los dos primeros con estímulos económicos y el tercero, con una mención honorífica.
Los dos primeros trabajos están vinculados precisamente a asuntos relacionados con la guerra contra el narco, lo cual por supuesto resulta lógico dada la importancia que la misma adquirió en el presente sexenio. En ambos casos la información que revelan es muy interesante, pero también evidencian el ocultamiento y la manipulación de la información, con lo cual reflejan que lo que hoy se conoce es parcial y, muy probablemente, también engañoso.
El primer lugar lo obtuvo un reportaje de Víctor Hugo Michel, publicado en Milenio Diario el 7 de noviembre del presente año, donde revela la existencia de la partida 33701, en el presupuesto federal, al que sólo tienen acceso unos cuantos funcionarios, destinada a financiar las "operaciones encubiertas como infiltrar al narcotráfico, tener una nómina de informantes o mantener en el exilio a testigos protegidos", a la que han dedicado, de acuerdo a la información que pudo obtener el reportero, al menos 12 mil millones de pesos en el presente sexenio.
El segundo lugar fue para Dulce Ramos y Francisco Sandoval, del medio digital Animal Político con un reportaje difundido inicialmente el 30 de mayo de 2011, sobre las diferencias en la información que la Secretaría de la Defensa Nacional hace pública sobre sus efectivos muertos en el combate al narcotráfico. Lo que los reporteros hicieron fue confrontar el número de muertos que la Sedena reportaba en los comunicados de prensa entre julio del 2010 y enero del 2011 con un documento oficial de la misma Sedena, obtenido vía una solicitud de información, el resultado es que en sus comunicados "la Sedena no ha hecho pública la muerte de ocho de cada 10 soldados muertos..."
De acuerdo al reportaje en el mencionado período el Ejército informó en sus comunicados la muerte de 5 soldados, pero en el informe revela que murieron 41 militares. Los reporteros afirman: "Sólo en ese periodo, la Sedena habría omitido informar la muerte de 36 de sus efectivos. Aun bajo el supuesto que hubieran muerto los 19 soldados que se reportan como heridos entre junio de 2010 y enero de 2011, la cifra de bajas sólo se elevaría a 24, es decir, 58% de las 41 muertes que la Sedena informa vía transparencia. Si se consideran las bajas por accidentes que la Secretaría informa por boletines en el mismo periodo, la cifra sólo se elevaría a 27 bajas."
Al contrastar la información los reporteros demuestran fehacientemente que no hay forma de que los números cuadren. No pudieron hacer lo mismo con la información sobre los delincuentes muertos, porque en su respuesta a la solicitud de información la dependencia los remitió a los boletines de prensa, de tal manera que no hubo forma de validar la información.
Diversas son las reflexiones que producen estos dos reportajes. La primera, en consonancia con lo que ya se había verificado con las recomendaciones de la CNDH, es el hecho de que las diferencias se manifiestan en documentos oficiales de la misma Sedena, es decir, ni siquiera tienen el cuidado de verificar la información que entregaron previamente, así cuando manipulan la información ellos solos proporcionaran los elementos para evidenciarlos.
Una segunda, es la certeza de que ellos son la única fuente de información para saber que sucede en ese ámbito, por lo cual pueden manipular a su antojo la información y no hay forma de confrontarla con fuentes alternativas. Afortunadamente, como se desprende de la primera reflexión, son tan torpes que ellos mismos entregan las pruebas para evidenciar sus falsedades.
Una tercera, que lo que hoy están informando es un mínimo porcentaje de la información disponible y que se encontrarán muchas sorpresas cuando sea posible acceder a toda la información. Quizá en ese momento se entenderá mejor el interés y la preocupación del presidente Felipe Calderón y los altos mandos militares por reformar cuanto antes la legislación, para evitar que se les persiga y juzgue legalmente por todas las acciones que hoy han emprendido amparados en esta guerra contra la delincuencia organizada.
Los reportajes permiten deducir que hay muchos muertos escondidos en el clóset, es labor de los medios de comunicación y la sociedad civil el descubrirlos y lograr que los responsables rindan cuentas por ello.
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