De no darse el día 9 de diciembre un paso decisivo, el euro podría llegar a romperse
GUILLERMO DE LA DEHESA / EL PAÍS
Antes de que fuese creada la Unión Monetaria Europea (UME), muchos economistas escribimos, a principios de los años noventa, sobre los peligros de crear la UME en un área monetaria no óptima como la europea, hacerlo sin un banco central que fuera prestamista de última instancia y sin una unión fiscal paralela o un enorme fondo europeo para hacer frente a los choques asimétricos que pudiesen tener algunos de sus Estados miembros.
Sin embargo, dichas advertencias no fueron tomadas en cuenta al primar la voluntad política sobre la realidad, con lo que pensábamos que algún día alguno o algunos de sus Estados miembros podrían entrar en crisis aguda de la que no podrían salir por sí solos. Ha terminado ocurriendo tras 10 años de euro.
Además de tener la eurozona esos dos fallos de diseño, sus dirigentes han mostrado una increíble incapacidad de actuación cuando la crisis se ha presentado. Prueba de ello es que dos años y un mes después de que el 20 de octubre de 2009 se desatase la crisis griega, que era perfectamente manejable, esta todavía no se ha superado por la incompetencia o mala voluntad mostrada en su gestión.
Primero: no dejaron que el FMI se ocupase de Grecia por considerarlo un estigma para la eurozona, sin que esta tuviese experiencia y fondos para resolverla.
Segundo: pasaron ocho meses sin hacer nada mientras que el FMI podría haber sometido a Grecia a un duro programa de reformas a cambio de líneas preventivas de crédito y hoy ya habría reestructurado su deuda, sin problemas de contagio al ser el único Estado miembro insolvente.
Tercero: el 3 de mayo de 2010 se concedió un crédito a Grecia de 30.000 millones de euros a un interés de castigo del 5%. La reacción de los inversores fue muy negativa, y en la madrugada del 10 de mayo fueron creadas las facilidades EFSF y el EFSM ante el temor de un desplome de los precios de los activos financieros. El uso de estos instrumentos, sin embargo, se restringió mucho al no poder comprar deuda en el mercado secundario, sino solo dar créditos a tipos del 5,8% a cinco años cuando se financiaba al 1,9%. Así empezó el contagio a Portugal e Irlanda, al calcular los inversores que no podrían pagar préstamos tan caros.
Cuarto: la cumbre de Deauville del 18 de octubre de 2010 creó todavía más desconcierto entre los inversores, al anunciar la creación de un mecanismo permanente, el ESM, que sustituiría el EFSF en 2013, pero a cambio de que toda la deuda a emitir tuviese cláusulas de acción colectiva (CACs), obligando a sus detentadores a aceptar su reestructuración e impago. Esto provocó otro gran desplome de los precios de la deuda, cuando la gran mayoría de acreedores eran sus mismos bancos, fondos de pensiones y empresas de seguros, desencadenando el rescate de Irlanda el 7 de diciembre de 2010.
Quinto: tres días más tarde, Jüncker y Tremonti propusieron la emisión de eurobonos hasta el 60% de la deuda de cada país para evitar un mayor contagio, pero fueron rechazados, creando todavía más incertidumbre a pesar de que las emisiones del EFSF eran ya cuasi eurobonos.
Sexto: el Consejo del 12 de marzo de 2011 aprobó el Pacto por el Euro (Euro Plus Pact), exigiendo que cada Estado miembro ajustase sus costes laborales unitarios a los de Alemania, siendo casi imposible al ser el único miembro que había hecho ya una devaluación interna. Prohibiendo al ESM comprar deuda en el mercado secundario, dando préstamos solo en circunstancias excepcionales, requiriendo unanimidad de los 17 miembros, prestando solo si los inversores privados también prestaban e imponiendo que si un país accede al ESM, todos sus inversores privados serán los últimos en cobrar, tras el FMI y el ESM, pasando su deuda a ser júnior. Esta decisión provocó otro gran desplome de la deuda y el rescate de Portugal el 4 de mayo de 2011.
Séptimo: el 11 de julio de 2011, el Eurogrupo decidió aplazar sine die el segundo tramo de rescate a Grecia, empezando el contagio a España e Italia, dos países demasiado grandes para caer y ser rescatados.
Octavo: el Consejo del 23 de octubre decidió permitir que el EFSF pudiese comprar deuda en el mercado secundario y apalancarlo hasta un billón de euros a través de un vehículo especial (SPV) que emitiría varios CDO, garantizando el EFSF su primera pérdida hasta un 20% y colocando los otros tramos entre inversores. Se acudió a China, Brasil, Rusia y países exportadores de petróleo, sin ningún éxito. Además, los inversores habían ya calculado que no sería suficiente para salvar a Italia y España.
Noveno: ahora se anuncia que el Consejo del 9 de diciembre va a aprobar una reforma de los tratados para imponer una mayor y más eficiente disciplina fiscal a los Estados miembros mediante la creación de un ministro de Finanzas europeo con independencia política, como la del BCE, que solo rinda cuentas al Parlamento Europeo. Este sí podría ser un paso muy importante para el futuro de la eurozona.
El problema es que cambiar los tratados puede llevar unos dos años o quizá más, al necesitar una convención que precedería a una conferencia intergubernamental y luego una votación favorable de todos los Parlamentos europeos, y no hay tiempo suficiente. La eurozona se encuentra ya asfixiada, con sus bancos sin financiación, con algunos Estados miembros pagando tipos de interés insostenibles, con sus Gobiernos cortando gastos y subiendo impuestos, con familias y empresas desapalancándose y con el BCE bajando tipos lentamente. Es decir, avanzando rápidamente a otra recesión como la de 2008-2009 o peor.
Sería más lógico utilizar el sistema de cooperación reforzada que se introdujo en el Tratado de Niza y que permite que un mínimo de ocho de sus Estados miembros puedan profundizar en su integración si así lo desean, aunque el resto no quiera hacerlo. Suecia y Polonia y otros podrían incluso aprovechar para entrar en la eurozona. Así es como se logró el acuerdo de Schengen.
Asimismo, dicho ministro europeo debería contar con un ministerio capaz de supervisar los niveles de deuda y de déficit de sus Estados miembros, capaz de vetar los presupuestos nacionales y de imponer sanciones de obligado cumplimiento. Lógicamente, a cambio de dicha mayor disciplina, este ministerio debería ser también el que ayudase a los Estados miembros sufriendo choques asimétricos u otras crisis y, sobre todo, el que pudiese emitir eurobonos con garantía conjunta y solidaria bien directamente o a través de una agencia de deuda europea.
De dicho ministerio debería depender la autoridad de supervisión y de resolución de los bancos europeos. Ambas autoridades deberían ser financiadas por los presupuestos europeos o por nuevos impuestos europeos. Si hay algo en lo que Merkel y Sarkozy están de acuerdo es en una tasa sobre determinadas transacciones financieras que podrían dedicar a financiar esta incipiente unión fiscal y parte del futuro ESM. Si esta unión fiscal limitada funcionase, no habría objeción alguna para que el BCE actuara como prestamista de última instancia, ya que está autorizado por el artículo 123 del Tratado de Lisboa a comprar toda la deuda pública que desee siempre que sea en los mercados secundarios y no directamente a los Estados emisores.
Estas ideas podrían ser una realidad o meramente un cuento de hadas, pero de no darse el día 9 de diciembre un paso decisivo para resolver los fallos de diseño de la eurozona, el euro podría llegar a romperse causando un cataclismo.
Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research (CEPR).
GUILLERMO DE LA DEHESA / EL PAÍS
Antes de que fuese creada la Unión Monetaria Europea (UME), muchos economistas escribimos, a principios de los años noventa, sobre los peligros de crear la UME en un área monetaria no óptima como la europea, hacerlo sin un banco central que fuera prestamista de última instancia y sin una unión fiscal paralela o un enorme fondo europeo para hacer frente a los choques asimétricos que pudiesen tener algunos de sus Estados miembros.
Sin embargo, dichas advertencias no fueron tomadas en cuenta al primar la voluntad política sobre la realidad, con lo que pensábamos que algún día alguno o algunos de sus Estados miembros podrían entrar en crisis aguda de la que no podrían salir por sí solos. Ha terminado ocurriendo tras 10 años de euro.
Además de tener la eurozona esos dos fallos de diseño, sus dirigentes han mostrado una increíble incapacidad de actuación cuando la crisis se ha presentado. Prueba de ello es que dos años y un mes después de que el 20 de octubre de 2009 se desatase la crisis griega, que era perfectamente manejable, esta todavía no se ha superado por la incompetencia o mala voluntad mostrada en su gestión.
Primero: no dejaron que el FMI se ocupase de Grecia por considerarlo un estigma para la eurozona, sin que esta tuviese experiencia y fondos para resolverla.
Segundo: pasaron ocho meses sin hacer nada mientras que el FMI podría haber sometido a Grecia a un duro programa de reformas a cambio de líneas preventivas de crédito y hoy ya habría reestructurado su deuda, sin problemas de contagio al ser el único Estado miembro insolvente.
Tercero: el 3 de mayo de 2010 se concedió un crédito a Grecia de 30.000 millones de euros a un interés de castigo del 5%. La reacción de los inversores fue muy negativa, y en la madrugada del 10 de mayo fueron creadas las facilidades EFSF y el EFSM ante el temor de un desplome de los precios de los activos financieros. El uso de estos instrumentos, sin embargo, se restringió mucho al no poder comprar deuda en el mercado secundario, sino solo dar créditos a tipos del 5,8% a cinco años cuando se financiaba al 1,9%. Así empezó el contagio a Portugal e Irlanda, al calcular los inversores que no podrían pagar préstamos tan caros.
Cuarto: la cumbre de Deauville del 18 de octubre de 2010 creó todavía más desconcierto entre los inversores, al anunciar la creación de un mecanismo permanente, el ESM, que sustituiría el EFSF en 2013, pero a cambio de que toda la deuda a emitir tuviese cláusulas de acción colectiva (CACs), obligando a sus detentadores a aceptar su reestructuración e impago. Esto provocó otro gran desplome de los precios de la deuda, cuando la gran mayoría de acreedores eran sus mismos bancos, fondos de pensiones y empresas de seguros, desencadenando el rescate de Irlanda el 7 de diciembre de 2010.
Quinto: tres días más tarde, Jüncker y Tremonti propusieron la emisión de eurobonos hasta el 60% de la deuda de cada país para evitar un mayor contagio, pero fueron rechazados, creando todavía más incertidumbre a pesar de que las emisiones del EFSF eran ya cuasi eurobonos.
Sexto: el Consejo del 12 de marzo de 2011 aprobó el Pacto por el Euro (Euro Plus Pact), exigiendo que cada Estado miembro ajustase sus costes laborales unitarios a los de Alemania, siendo casi imposible al ser el único miembro que había hecho ya una devaluación interna. Prohibiendo al ESM comprar deuda en el mercado secundario, dando préstamos solo en circunstancias excepcionales, requiriendo unanimidad de los 17 miembros, prestando solo si los inversores privados también prestaban e imponiendo que si un país accede al ESM, todos sus inversores privados serán los últimos en cobrar, tras el FMI y el ESM, pasando su deuda a ser júnior. Esta decisión provocó otro gran desplome de la deuda y el rescate de Portugal el 4 de mayo de 2011.
Séptimo: el 11 de julio de 2011, el Eurogrupo decidió aplazar sine die el segundo tramo de rescate a Grecia, empezando el contagio a España e Italia, dos países demasiado grandes para caer y ser rescatados.
Octavo: el Consejo del 23 de octubre decidió permitir que el EFSF pudiese comprar deuda en el mercado secundario y apalancarlo hasta un billón de euros a través de un vehículo especial (SPV) que emitiría varios CDO, garantizando el EFSF su primera pérdida hasta un 20% y colocando los otros tramos entre inversores. Se acudió a China, Brasil, Rusia y países exportadores de petróleo, sin ningún éxito. Además, los inversores habían ya calculado que no sería suficiente para salvar a Italia y España.
Noveno: ahora se anuncia que el Consejo del 9 de diciembre va a aprobar una reforma de los tratados para imponer una mayor y más eficiente disciplina fiscal a los Estados miembros mediante la creación de un ministro de Finanzas europeo con independencia política, como la del BCE, que solo rinda cuentas al Parlamento Europeo. Este sí podría ser un paso muy importante para el futuro de la eurozona.
El problema es que cambiar los tratados puede llevar unos dos años o quizá más, al necesitar una convención que precedería a una conferencia intergubernamental y luego una votación favorable de todos los Parlamentos europeos, y no hay tiempo suficiente. La eurozona se encuentra ya asfixiada, con sus bancos sin financiación, con algunos Estados miembros pagando tipos de interés insostenibles, con sus Gobiernos cortando gastos y subiendo impuestos, con familias y empresas desapalancándose y con el BCE bajando tipos lentamente. Es decir, avanzando rápidamente a otra recesión como la de 2008-2009 o peor.
Sería más lógico utilizar el sistema de cooperación reforzada que se introdujo en el Tratado de Niza y que permite que un mínimo de ocho de sus Estados miembros puedan profundizar en su integración si así lo desean, aunque el resto no quiera hacerlo. Suecia y Polonia y otros podrían incluso aprovechar para entrar en la eurozona. Así es como se logró el acuerdo de Schengen.
Asimismo, dicho ministro europeo debería contar con un ministerio capaz de supervisar los niveles de deuda y de déficit de sus Estados miembros, capaz de vetar los presupuestos nacionales y de imponer sanciones de obligado cumplimiento. Lógicamente, a cambio de dicha mayor disciplina, este ministerio debería ser también el que ayudase a los Estados miembros sufriendo choques asimétricos u otras crisis y, sobre todo, el que pudiese emitir eurobonos con garantía conjunta y solidaria bien directamente o a través de una agencia de deuda europea.
De dicho ministerio debería depender la autoridad de supervisión y de resolución de los bancos europeos. Ambas autoridades deberían ser financiadas por los presupuestos europeos o por nuevos impuestos europeos. Si hay algo en lo que Merkel y Sarkozy están de acuerdo es en una tasa sobre determinadas transacciones financieras que podrían dedicar a financiar esta incipiente unión fiscal y parte del futuro ESM. Si esta unión fiscal limitada funcionase, no habría objeción alguna para que el BCE actuara como prestamista de última instancia, ya que está autorizado por el artículo 123 del Tratado de Lisboa a comprar toda la deuda pública que desee siempre que sea en los mercados secundarios y no directamente a los Estados emisores.
Estas ideas podrían ser una realidad o meramente un cuento de hadas, pero de no darse el día 9 de diciembre un paso decisivo para resolver los fallos de diseño de la eurozona, el euro podría llegar a romperse causando un cataclismo.
Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research (CEPR).
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