Mauricio Merino / El Universal
El Presidente decidió atajar las críticas que vendrían atadas a la obligada revisión por los 10 años de alternancia, recurriendo a un expediente antiguo: el de culpar a los gobiernos anteriores por los problemas del actual. Eso mismo hacían los gobiernos del priísmo, pero al principio del sexenio y no al final, pues al usar ese recurso en el último tercio del periodo, sin haber resuelto los problemas heredados, lo menos que se puede decir es que el gobierno fue ineficaz.
El discurso dicho ante el panismo sirvió, además, para dejar bien claro que Felipe Calderón no abandonará su papel como líder del partido en el gobierno, y que adoptará, pase lo que pase, la misma estrategia de conflicto y polarización que le permitió ganar la presidencia. Ya lo sabíamos. No obstante, en aquel momento todavía no acumulaba cuatro años de gobierno, ni pesaban seis años más sobre sus hombros, así que podía jugar el papel de hijo desobediente en rebeldía. Pero hoy le toca ser el padre. De modo que le resultará difícil lanzar epítetos sobre sus adversarios sin que se reviertan sobre su gobierno.
Teme el Presidente que vuelva al poder lo antiguo. ¿Se refiere acaso a las viejas prácticas patrimonialistas que tomaban a los puestos públicos como si fueran cosa propia, asignándolos a los amigos y a los leales, o que repartían lugares en función de los intereses políticos del día, para buscar luego ventajas pagadas a costa del erario? O quizás se refiere a las prácticas antiguas que asumían la gestión gubernamental, como la oportunidad de ensanchar los espacios de poder de un grupo sobre los demás, sin hacerse cargo nunca de la pluralidad política.
Habla del riesgo de volver a un gobierno autoritario. ¿Uno que tome decisiones militares unilaterales en nombre de la seguridad? ¿O quizás de un gobierno hostil a la mayor apertura de la información pública, o incapaz de derrotar la corrupción y la impunidad? ¿Se refiere a un gobierno que exige la mayor lealtad hacia las posturas personales del Ejecutivo y que utiliza el poder que tiene en sus manos para favorecer a sus aliados?
Y habla, en fin, de responsabilidad. Es decir, del riesgo de tener un gobierno que no se haga cargo de las consecuencias de sus actos, o que prefiera acumular conflictos, aun en periodos delicados, con tal de no modificar sus decisiones, ni ceder un ápice, aun a despecho del formato federal de la república; o de un gobierno que no ayude a mantener a salvo la integración de otros poderes o de los órganos autónomos del Estado mexicano, a fin de mantener a raya a sus oposiciones.
La verdad es que los resultados que ha arrojado este gobierno, no alcanzan para evitar que la confrontación planteada por el Presidente se vuelva en contra suya, con los datos en la mano. Ni tampoco es responsable culpar al pasado de todos los defectos que tendrá que asumir este gobierno al concluir con su periodo, pues incluso varias de las decisiones que se han tomado durante los últimos cuatro años, han obstaculizado procesos democráticos que nacieron en el gobierno de Vicente Fox. Este es el caso de la oposición tenaz del gobierno federal a las decisiones del IFAI, o la morosidad con la que ha evolucionado —si no es que, de plano, interrumpido— la profesionalización del servicio público, que tuvo un aliento de esperanza en el 2003; o la fragmentación política que ha significado la guerra fría con los gobernadores, a pesar de las promesas de construir un federalismo renovado tras la alternancia del 2000. Todo esto sin mencionar el debilitamiento al que ha sido sometido el IFE.
Para poder esgrimir los adjetivos de antiguo, autoritario e irresponsable que ha empleado el Presidente, marcando ya el tono de las próximas campañas, tendría que haber acreditado la renovación exitosa de las instituciones del país y tendría que haber construido nuevos espacios democráticos para quebrar toda tentación autoritaria, no sólo en su relación con los poderes y los estados de la federación, sino en el interior de la propia administración pública. Y tendría que haber edificado un sistema nacional de rendición de cuentas, del que hoy carecemos, para abanderar la ética de la responsabilidad.
Comprendo que es tarde para rectificar. Pero sería un grave despropósito que asistiéramos al principio de una nueva guerra electoral, igual o peor que la del 2006, como si no pasara nada. Y ya que no vendrá la sensatez del titular del Poder Ejecutivo, habrá que buscarla en otros territorios antes de que, en efecto, el pasado se nos venga encima repetido como una trágica caricatura.
Profesor investigador del CIDE
El Presidente decidió atajar las críticas que vendrían atadas a la obligada revisión por los 10 años de alternancia, recurriendo a un expediente antiguo: el de culpar a los gobiernos anteriores por los problemas del actual. Eso mismo hacían los gobiernos del priísmo, pero al principio del sexenio y no al final, pues al usar ese recurso en el último tercio del periodo, sin haber resuelto los problemas heredados, lo menos que se puede decir es que el gobierno fue ineficaz.
El discurso dicho ante el panismo sirvió, además, para dejar bien claro que Felipe Calderón no abandonará su papel como líder del partido en el gobierno, y que adoptará, pase lo que pase, la misma estrategia de conflicto y polarización que le permitió ganar la presidencia. Ya lo sabíamos. No obstante, en aquel momento todavía no acumulaba cuatro años de gobierno, ni pesaban seis años más sobre sus hombros, así que podía jugar el papel de hijo desobediente en rebeldía. Pero hoy le toca ser el padre. De modo que le resultará difícil lanzar epítetos sobre sus adversarios sin que se reviertan sobre su gobierno.
Teme el Presidente que vuelva al poder lo antiguo. ¿Se refiere acaso a las viejas prácticas patrimonialistas que tomaban a los puestos públicos como si fueran cosa propia, asignándolos a los amigos y a los leales, o que repartían lugares en función de los intereses políticos del día, para buscar luego ventajas pagadas a costa del erario? O quizás se refiere a las prácticas antiguas que asumían la gestión gubernamental, como la oportunidad de ensanchar los espacios de poder de un grupo sobre los demás, sin hacerse cargo nunca de la pluralidad política.
Habla del riesgo de volver a un gobierno autoritario. ¿Uno que tome decisiones militares unilaterales en nombre de la seguridad? ¿O quizás de un gobierno hostil a la mayor apertura de la información pública, o incapaz de derrotar la corrupción y la impunidad? ¿Se refiere a un gobierno que exige la mayor lealtad hacia las posturas personales del Ejecutivo y que utiliza el poder que tiene en sus manos para favorecer a sus aliados?
Y habla, en fin, de responsabilidad. Es decir, del riesgo de tener un gobierno que no se haga cargo de las consecuencias de sus actos, o que prefiera acumular conflictos, aun en periodos delicados, con tal de no modificar sus decisiones, ni ceder un ápice, aun a despecho del formato federal de la república; o de un gobierno que no ayude a mantener a salvo la integración de otros poderes o de los órganos autónomos del Estado mexicano, a fin de mantener a raya a sus oposiciones.
La verdad es que los resultados que ha arrojado este gobierno, no alcanzan para evitar que la confrontación planteada por el Presidente se vuelva en contra suya, con los datos en la mano. Ni tampoco es responsable culpar al pasado de todos los defectos que tendrá que asumir este gobierno al concluir con su periodo, pues incluso varias de las decisiones que se han tomado durante los últimos cuatro años, han obstaculizado procesos democráticos que nacieron en el gobierno de Vicente Fox. Este es el caso de la oposición tenaz del gobierno federal a las decisiones del IFAI, o la morosidad con la que ha evolucionado —si no es que, de plano, interrumpido— la profesionalización del servicio público, que tuvo un aliento de esperanza en el 2003; o la fragmentación política que ha significado la guerra fría con los gobernadores, a pesar de las promesas de construir un federalismo renovado tras la alternancia del 2000. Todo esto sin mencionar el debilitamiento al que ha sido sometido el IFE.
Para poder esgrimir los adjetivos de antiguo, autoritario e irresponsable que ha empleado el Presidente, marcando ya el tono de las próximas campañas, tendría que haber acreditado la renovación exitosa de las instituciones del país y tendría que haber construido nuevos espacios democráticos para quebrar toda tentación autoritaria, no sólo en su relación con los poderes y los estados de la federación, sino en el interior de la propia administración pública. Y tendría que haber edificado un sistema nacional de rendición de cuentas, del que hoy carecemos, para abanderar la ética de la responsabilidad.
Comprendo que es tarde para rectificar. Pero sería un grave despropósito que asistiéramos al principio de una nueva guerra electoral, igual o peor que la del 2006, como si no pasara nada. Y ya que no vendrá la sensatez del titular del Poder Ejecutivo, habrá que buscarla en otros territorios antes de que, en efecto, el pasado se nos venga encima repetido como una trágica caricatura.
Profesor investigador del CIDE
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