Alejandro Nadal / La Jornada
La Unión Europea firmó en Bruselas el nuevo pacto fiscal promovido por Alemania. La retórica oficial está envuelta en fórmulas sobre crecimiento y empleo, pero se trata de la peor respuesta de política económica de cara a la crisis. Equivale a entronizar el dogma de la austeridad fiscal que tanto daño hace en momentos de recesión. Puede ser también el último empujón para que Grecia abandone el euro y siga su camino como mejor le convenga.
El pacto establece que cada país de la zona euro deberá introducir a nivel constitucional una regla que limite el déficit fiscal estructural a 0.5 por ciento del PIB. De rebasarse ese tope, se activarían automáticamente mecanismos de corrección para subsanar el déficit. Si un país incurre en esta falta sería llevado a la corte central europea, instancia que podría imponer una multa de hasta 0.1 por ciento del PIB. La multa iría a engrosar el fondo del Mecanismo europeo de estabilidad (MES). El nuevo tratado entrará en vigor al ser aprobado por los parlamentos de 12 países de la eurozona. Sólo los que ratifiquen el nuevo pacto fiscal podrán aspirar a recibir ayuda del MES.
Mientras Ángela Merkel y el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, festejaban el nuevo pacto, se incrementaban las dudas sobre la capacidad de Grecia para llegar a un acuerdo con sus acreedores privados. El acuerdo para renegociar la deuda con el sector privado involucra unos 200 mil millones de euros y todavía no se ha podido completar. Ese acuerdo conlleva una quita significativa (superior a 40 por ciento) de tal manera que para las agencias calificadoras, Grecia técnicamente ya está en una moratoria.
La negociación griega se encuentra entre dos fuegos. Por una parte las calificadoras amenazan con declarar un "evento crediticio" si la negociación con los acreedores privados es insatisfactoria. Esa declaratoria activaría las cláusulas sobre impago en los contratos de seguros de deuda (los infames "credit default swaps" o CDS). Aunque la Asociación Internacional de Swaps y Derivados es el arbitro final y quien decide si se produce un "evento crediticio", las quitas probablemente activarán los CDS. El saldo total de contratos de seguro sobre deuda europea es suficiente para desestabilizar el sistema bancario de Estados Unidos.
Por otro lado, Grecia tiene que llegar a un acuerdo con sus acreedores privados para poder solicitar el segundo tramo del paquete con el FMI y la Unión Europea (equivalente a 172 mil millones de euros). Esta no es una crisis de liquidez. Grecia es insolvente y de no alcanzar este acuerdo, Grecia entraría en moratoria y tendría que abandonar la moneda única.
Es claro que el pacto fiscal responde a una falta de confianza en la capacidad de Atenas para aplicar el plan económico del primer rescate. Ya el incumplimiento de varias metas macroeconómicas en 2011 alimenta la irritación en Alemania. Por ello la Unión Europea y el FMI han impuesto condiciones feroces para avanzar con un segundo paquete de rescate. Esas condiciones incluyen el cese de unos 150 mil empleados públicos en los próximos tres años, reducción del salario mínimo, recortes en gastos de salud y en defensa (Atenas ha mantenido un nivel absurdo de gasto militar, con el beneplácito de la industria militar europea).
Pero lo más importante en estos días es el diktat alemán relacionado con la subordinación de la política fiscal a la Unión Europea. Alemania considera que las metas de reducción del déficit fiscal fueron incumplidas por Atenas en 2011 y por eso propuso en la cumbre de Bruselas crear un comisionado especial para el presupuesto en caso de incumplimiento de compromisos adquiridos, con poder de decisión sobre gastos e ingresos. Además, exigió colocar el servicio de la deuda externa como el objetivo primordial de la política fiscal, por encima de todas las demás consideraciones. Lo cierto es que estas exigencias equivalen a socavar las bases de la democracia en toda Europa. También implican una transferencia de soberanía; Grecia se convertiría en un protectorado del alto comisionado fiscal. Creo que al nacionalismo griego no le agradó esto.
La cumbre europea dejó en el aire cualquier consideración seria sobre la renegociación de la deuda y la corresponsabilidad de los acreedores. Después de todo, Alemania disfrutó prestando a los que ahora son deudores. No hay que olvidarlo: Grecia es parte de un sistema de desequilibrios estructurales entre países superavitarios y países deficitarios en el seno de la Unión Europea, un arreglo que beneficia a Alemania. Ese sistema de desequilibrios debe ser corregido, pero no a expensas de los pueblos de Europa.
En Bruselas también se olvidó el impacto de esta institucionalización de la austeridad sobre la demanda agregada y las perspectivas de crecimiento. El saldo final es claro: se confirma la hipoteca de la política fiscal y quedó prohibido su uso como mecanismo contra-cíclico. Poco falta para tipificar en el código penal el delito de ser un seguidor de Keynes.
La Unión Europea firmó en Bruselas el nuevo pacto fiscal promovido por Alemania. La retórica oficial está envuelta en fórmulas sobre crecimiento y empleo, pero se trata de la peor respuesta de política económica de cara a la crisis. Equivale a entronizar el dogma de la austeridad fiscal que tanto daño hace en momentos de recesión. Puede ser también el último empujón para que Grecia abandone el euro y siga su camino como mejor le convenga.
El pacto establece que cada país de la zona euro deberá introducir a nivel constitucional una regla que limite el déficit fiscal estructural a 0.5 por ciento del PIB. De rebasarse ese tope, se activarían automáticamente mecanismos de corrección para subsanar el déficit. Si un país incurre en esta falta sería llevado a la corte central europea, instancia que podría imponer una multa de hasta 0.1 por ciento del PIB. La multa iría a engrosar el fondo del Mecanismo europeo de estabilidad (MES). El nuevo tratado entrará en vigor al ser aprobado por los parlamentos de 12 países de la eurozona. Sólo los que ratifiquen el nuevo pacto fiscal podrán aspirar a recibir ayuda del MES.
Mientras Ángela Merkel y el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, festejaban el nuevo pacto, se incrementaban las dudas sobre la capacidad de Grecia para llegar a un acuerdo con sus acreedores privados. El acuerdo para renegociar la deuda con el sector privado involucra unos 200 mil millones de euros y todavía no se ha podido completar. Ese acuerdo conlleva una quita significativa (superior a 40 por ciento) de tal manera que para las agencias calificadoras, Grecia técnicamente ya está en una moratoria.
La negociación griega se encuentra entre dos fuegos. Por una parte las calificadoras amenazan con declarar un "evento crediticio" si la negociación con los acreedores privados es insatisfactoria. Esa declaratoria activaría las cláusulas sobre impago en los contratos de seguros de deuda (los infames "credit default swaps" o CDS). Aunque la Asociación Internacional de Swaps y Derivados es el arbitro final y quien decide si se produce un "evento crediticio", las quitas probablemente activarán los CDS. El saldo total de contratos de seguro sobre deuda europea es suficiente para desestabilizar el sistema bancario de Estados Unidos.
Por otro lado, Grecia tiene que llegar a un acuerdo con sus acreedores privados para poder solicitar el segundo tramo del paquete con el FMI y la Unión Europea (equivalente a 172 mil millones de euros). Esta no es una crisis de liquidez. Grecia es insolvente y de no alcanzar este acuerdo, Grecia entraría en moratoria y tendría que abandonar la moneda única.
Es claro que el pacto fiscal responde a una falta de confianza en la capacidad de Atenas para aplicar el plan económico del primer rescate. Ya el incumplimiento de varias metas macroeconómicas en 2011 alimenta la irritación en Alemania. Por ello la Unión Europea y el FMI han impuesto condiciones feroces para avanzar con un segundo paquete de rescate. Esas condiciones incluyen el cese de unos 150 mil empleados públicos en los próximos tres años, reducción del salario mínimo, recortes en gastos de salud y en defensa (Atenas ha mantenido un nivel absurdo de gasto militar, con el beneplácito de la industria militar europea).
Pero lo más importante en estos días es el diktat alemán relacionado con la subordinación de la política fiscal a la Unión Europea. Alemania considera que las metas de reducción del déficit fiscal fueron incumplidas por Atenas en 2011 y por eso propuso en la cumbre de Bruselas crear un comisionado especial para el presupuesto en caso de incumplimiento de compromisos adquiridos, con poder de decisión sobre gastos e ingresos. Además, exigió colocar el servicio de la deuda externa como el objetivo primordial de la política fiscal, por encima de todas las demás consideraciones. Lo cierto es que estas exigencias equivalen a socavar las bases de la democracia en toda Europa. También implican una transferencia de soberanía; Grecia se convertiría en un protectorado del alto comisionado fiscal. Creo que al nacionalismo griego no le agradó esto.
La cumbre europea dejó en el aire cualquier consideración seria sobre la renegociación de la deuda y la corresponsabilidad de los acreedores. Después de todo, Alemania disfrutó prestando a los que ahora son deudores. No hay que olvidarlo: Grecia es parte de un sistema de desequilibrios estructurales entre países superavitarios y países deficitarios en el seno de la Unión Europea, un arreglo que beneficia a Alemania. Ese sistema de desequilibrios debe ser corregido, pero no a expensas de los pueblos de Europa.
En Bruselas también se olvidó el impacto de esta institucionalización de la austeridad sobre la demanda agregada y las perspectivas de crecimiento. El saldo final es claro: se confirma la hipoteca de la política fiscal y quedó prohibido su uso como mecanismo contra-cíclico. Poco falta para tipificar en el código penal el delito de ser un seguidor de Keynes.
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