León Bendesky / La Jornada
El apretón provocado por la crisis financiera en Europa y Estados Unidos se ha cebado fuertemente con el trabajo: su cantidad, su precio y las condiciones laborales. Las tasas de desempleo son muy elevadas y afectan a millones de personas. El proceso no se retraerá de manera rápida y se extenderá por un periodo cuando menos de dos o tres años, según admiten políticos y expertos, antes de ceder.
El ajuste económico, eminentemente recesivo, que se aplica ante el alto déficit fiscal y el endeudamiento público ha llevado al despido de miles de empleados estatales a los que se añaden quienes pierden el empleo en el sector privado ante la caída del gasto de consumo e inversión por las medidas de austeridad. Son muchos quienes han dejado de buscar empleo y ni siquiera se cuentan en las estadísticas.
Ahora la Unión Europea y el FMI han propuesto hasta la reducción de los salarios mínimos en Grecia para forzar alguna forma de ir cerrando las cuentas. A eso se suma el recorte de las horas laborables y los servicios sociales, la ampliación de la edad para la jubilación y la capacidad de mantener los recursos de las pensiones.
Los acuerdos del mercado laboral que se habían conseguido en las décadas de crecimiento luego de la reconstrucción y la expansión productiva de la posguerra se han ido desmoronando. Las pautas de la organización del trabajo que conformaban el marco de las políticas de bienestar se fueron acomodando de manera progresiva, con la flexibilización, a las cambiantes formas de competencia y acumulación. Esto ocurrió en las condiciones de cada país, diferentes en Alemania que en Francia o Estados Unidos, por ejemplo, y también con las exigencias de la globalización y, en el caso europeo, con las modalidades institucionales de la unión económica y la eurozona.
Ahora se tensan más las condiciones laborales como ocurre en España, donde el gobierno popular usa su capital político conseguido en las recientes elecciones para profundizar las reformas que ya había iniciado el anterior gobierno socialista.
En España, los salarios están prácticamente congelados hasta 2014 y se han alterado radicalmente los requerimientos de contratación lo que equivale al replanteamiento básico de las medidas de despido de los trabajadores para hacerlas menos costosas para las empresas. Flexibilización de raíz. Se argumenta que, así, habrá eventualmente mayor estímulo para contratar y que podrán sostenerse los trabajos existentes y absorber a los 4.5 millones de parados.
Mientras eso sucede, el fuerte ajuste del gasto destruye más empleos, se reconoce abiertamente que así será en 2012, pero no se advierten las razones para que así suceda después. La recomposición del mercado laboral es de naturaleza estructural y no se da mientras las demás condiciones sociales y económicas permanecen inalterables. Es el conjunto de los arreglos y su dinámica en el tiempo lo que va definiendo el escenario y este puede variar ampliamente del deseado con las reformas.
El conflicto entre capital y trabajo ha resurgido de manera ostensible. Hoy no puede sostenerse que el capitalismo haya logrado articular de modo virtuoso y permanente los intereses de ambas partes. Ese discurso, alentado por la ideología del tipo del Consenso de Washington y el Fin de la Historia está rebasado. La incertidumbre crece en cuanto a la configuración social en un entorno de recesión en los países centrales, de conflictos regionales que provocan cada vez más violencia y de hegemonías en disputa.
La confrontación entre el salario y las ganancias está abierta de par en par. La reducción de los salarios reales (descontando el efecto de la inflación) es condición para mantener a flote cualquier posibilidad de acumulación y choca con el problema de cómo crear suficiente demanda efectiva para estimular la producción.
Eso atañe al precio del trabajo, el salario; pero integra, igualmente, la cantidad, que tiene que ver con la posibilidad de generar suficiente empleo. La producción manufacturera, por ejemplo, se expande con menores requerimientos de trabajadores. Y ahí debe considerarse la cuestión demográfica: los cambios en el patrón de edades, los recursos para mantener a una población que envejece, la capacidad de crear empleos productivos.
Por otra parte crece la precariedad del trabajo y su repercusión en la cohesión social. No sólo son las condiciones directas del empleo sino las que componen la estructura del bienestar, como la educación y la salud las que están en jaque.
La competencia por los empleos es global, y la determinación de los salarios y las condiciones de contratación son variables de ajuste frente a la lucha por mantener la rentabilidad de las inversiones productivas y financieras. Las evidencias apuntan a un debilitamiento de la situación de clases medias y ese fenómeno puede cambiar significativamente la composición y los equilibrios sociales, sobre todo en un entorno de desgaste de la democracia.
Finalmente, el apretón al trabajo trata de personas; parece evidente, pero no habría que olvidarlo.
El apretón provocado por la crisis financiera en Europa y Estados Unidos se ha cebado fuertemente con el trabajo: su cantidad, su precio y las condiciones laborales. Las tasas de desempleo son muy elevadas y afectan a millones de personas. El proceso no se retraerá de manera rápida y se extenderá por un periodo cuando menos de dos o tres años, según admiten políticos y expertos, antes de ceder.
El ajuste económico, eminentemente recesivo, que se aplica ante el alto déficit fiscal y el endeudamiento público ha llevado al despido de miles de empleados estatales a los que se añaden quienes pierden el empleo en el sector privado ante la caída del gasto de consumo e inversión por las medidas de austeridad. Son muchos quienes han dejado de buscar empleo y ni siquiera se cuentan en las estadísticas.
Ahora la Unión Europea y el FMI han propuesto hasta la reducción de los salarios mínimos en Grecia para forzar alguna forma de ir cerrando las cuentas. A eso se suma el recorte de las horas laborables y los servicios sociales, la ampliación de la edad para la jubilación y la capacidad de mantener los recursos de las pensiones.
Los acuerdos del mercado laboral que se habían conseguido en las décadas de crecimiento luego de la reconstrucción y la expansión productiva de la posguerra se han ido desmoronando. Las pautas de la organización del trabajo que conformaban el marco de las políticas de bienestar se fueron acomodando de manera progresiva, con la flexibilización, a las cambiantes formas de competencia y acumulación. Esto ocurrió en las condiciones de cada país, diferentes en Alemania que en Francia o Estados Unidos, por ejemplo, y también con las exigencias de la globalización y, en el caso europeo, con las modalidades institucionales de la unión económica y la eurozona.
Ahora se tensan más las condiciones laborales como ocurre en España, donde el gobierno popular usa su capital político conseguido en las recientes elecciones para profundizar las reformas que ya había iniciado el anterior gobierno socialista.
En España, los salarios están prácticamente congelados hasta 2014 y se han alterado radicalmente los requerimientos de contratación lo que equivale al replanteamiento básico de las medidas de despido de los trabajadores para hacerlas menos costosas para las empresas. Flexibilización de raíz. Se argumenta que, así, habrá eventualmente mayor estímulo para contratar y que podrán sostenerse los trabajos existentes y absorber a los 4.5 millones de parados.
Mientras eso sucede, el fuerte ajuste del gasto destruye más empleos, se reconoce abiertamente que así será en 2012, pero no se advierten las razones para que así suceda después. La recomposición del mercado laboral es de naturaleza estructural y no se da mientras las demás condiciones sociales y económicas permanecen inalterables. Es el conjunto de los arreglos y su dinámica en el tiempo lo que va definiendo el escenario y este puede variar ampliamente del deseado con las reformas.
El conflicto entre capital y trabajo ha resurgido de manera ostensible. Hoy no puede sostenerse que el capitalismo haya logrado articular de modo virtuoso y permanente los intereses de ambas partes. Ese discurso, alentado por la ideología del tipo del Consenso de Washington y el Fin de la Historia está rebasado. La incertidumbre crece en cuanto a la configuración social en un entorno de recesión en los países centrales, de conflictos regionales que provocan cada vez más violencia y de hegemonías en disputa.
La confrontación entre el salario y las ganancias está abierta de par en par. La reducción de los salarios reales (descontando el efecto de la inflación) es condición para mantener a flote cualquier posibilidad de acumulación y choca con el problema de cómo crear suficiente demanda efectiva para estimular la producción.
Eso atañe al precio del trabajo, el salario; pero integra, igualmente, la cantidad, que tiene que ver con la posibilidad de generar suficiente empleo. La producción manufacturera, por ejemplo, se expande con menores requerimientos de trabajadores. Y ahí debe considerarse la cuestión demográfica: los cambios en el patrón de edades, los recursos para mantener a una población que envejece, la capacidad de crear empleos productivos.
Por otra parte crece la precariedad del trabajo y su repercusión en la cohesión social. No sólo son las condiciones directas del empleo sino las que componen la estructura del bienestar, como la educación y la salud las que están en jaque.
La competencia por los empleos es global, y la determinación de los salarios y las condiciones de contratación son variables de ajuste frente a la lucha por mantener la rentabilidad de las inversiones productivas y financieras. Las evidencias apuntan a un debilitamiento de la situación de clases medias y ese fenómeno puede cambiar significativamente la composición y los equilibrios sociales, sobre todo en un entorno de desgaste de la democracia.
Finalmente, el apretón al trabajo trata de personas; parece evidente, pero no habría que olvidarlo.
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