Pedro Miguel / La Jornada
El proceso puede realizarse mediante la participación de operadores sucesivos y a lo largo de varios sexenios.
1. Para empezar, tómese el poder público por medio de elección, conjura, fraude o una combinación de los tres métodos en proporciones indistintas.
2. Proclámese, con el argumento de la "modernización", la obsolescencia generalizada del estado de bienestar; pregónese la eficiencia, competitividad y rentabilidad de la empresa privada por sobre cualquier otra forma conocida o por conocer de producción, administración y distribución.
3. Sobre la premisa anterior, transfiérase cuanta propiedad pública sea posible a manos de particulares; la transferencia habrá de realizarse de tal modo que asegure la incondicionalidad de los favorecidos al régimen político. Redúzcase de manera artificial el precio del trabajo (los topes salariales son un buen procedimiento) a fin de dar veracidad a la promesa de rentabilidad de la iniciativa privada.
4. Elimínese toda protección a la industria, la agricultura y los servicios de origen nacional y ábrase el mercado doméstico a la participación de corporaciones extranjeras; renúnciese a cualquier negociación que pudiese garantizar condiciones de competencia equitativa para entidades y firmas locales.
5. Conviértase a desempleados, desplazados y miserables que resulten de las operaciones anteriores en un gran ejército electoral de reserva, movilizable por medio de los programas e instrumentos de beneficencia que remplazarán a los obsoletos derechos en materia de educación, salud, alimentación, vivienda, empleo, cultura y otros rubros.
6. Una parte de este material humano será empleada como carne de cañón electoral para asegurar la perpetuación del régimen. Canalícese parte del sobrante hacia territorio de Estados Unidos, desde donde esa masa enviará grandes remesas de dinero; empléense esos recursos para maquillar los indicadores económicos. Otra parte irá a la economía informal o a la economía criminal y podrá aprovecharse para crear estructuras igualmente informales de control social o instrumentos de desestabilización selectiva de regiones en función de las necesidades políticas del grupo gobernante. A la postre, esas estructuras servirán también de coartada para la adopción de medidas autoritarias, para la obtención de fondos no declarables destinados a la promoción de las patentes propias en competencias electorales e incluso para omitir obligaciones legales básicas del Estado en el combate a la delincuencia.
7. Establézcase un régimen fiscal de privilegios para los mayores conglomerados empresariales, increméntense impuestos a la población en general –especialmente, la asalariada– y endurézcase la persecución fiscal contra ella. Oriéntese la obtención de recursos a la sobrexplotación de las dos o tres compañías que aún sean de propiedad pública y permítase la concesión generalizada de contratos ventajosos mediante el pago de cuotas no contabilizadas a los funcionarios encargados de otorgarlos.
8. Permítase y promuévase la explotación de los cargos públicos, ya sea con la obtención de percepciones muy superiores a la media, mediante el logro de gratificaciones no previstas en la ley o por ambas vías. Aliéntese la participación de parientes y familiares de altos funcionarios en el manejo de concesiones, contratos y otros instrumentos de vinculación monetaria no formal entre el sector privado y el poder político.
9. Entréguense potestades y facultades en materia de economía, comercio, seguridad, migración y otros rubros a potencias extranjeras o a organismos internacionales dotados de realismo y visión de futuro. Envíese a un secretario de Gobernación a atestiguar, con sonrisa bobalicona, cuando una funcionaria extranjera anuncie operativos de exterminio de delincuentes, con tropas foráneas, en territorio nacional.
10. Proclámese, para despistar al enemigo, que el país avanza a pasos firmes y sólidos por el camino del esplendor económico, de la plena cobertura en servicios de salud, de la democracia funcional, del estado de derecho restablecido y la seguridad pública recuperada. Decórese, por último, con protestas de fe democrática e interés por los pobres.
El proceso puede realizarse mediante la participación de operadores sucesivos y a lo largo de varios sexenios.
1. Para empezar, tómese el poder público por medio de elección, conjura, fraude o una combinación de los tres métodos en proporciones indistintas.
2. Proclámese, con el argumento de la "modernización", la obsolescencia generalizada del estado de bienestar; pregónese la eficiencia, competitividad y rentabilidad de la empresa privada por sobre cualquier otra forma conocida o por conocer de producción, administración y distribución.
3. Sobre la premisa anterior, transfiérase cuanta propiedad pública sea posible a manos de particulares; la transferencia habrá de realizarse de tal modo que asegure la incondicionalidad de los favorecidos al régimen político. Redúzcase de manera artificial el precio del trabajo (los topes salariales son un buen procedimiento) a fin de dar veracidad a la promesa de rentabilidad de la iniciativa privada.
4. Elimínese toda protección a la industria, la agricultura y los servicios de origen nacional y ábrase el mercado doméstico a la participación de corporaciones extranjeras; renúnciese a cualquier negociación que pudiese garantizar condiciones de competencia equitativa para entidades y firmas locales.
5. Conviértase a desempleados, desplazados y miserables que resulten de las operaciones anteriores en un gran ejército electoral de reserva, movilizable por medio de los programas e instrumentos de beneficencia que remplazarán a los obsoletos derechos en materia de educación, salud, alimentación, vivienda, empleo, cultura y otros rubros.
6. Una parte de este material humano será empleada como carne de cañón electoral para asegurar la perpetuación del régimen. Canalícese parte del sobrante hacia territorio de Estados Unidos, desde donde esa masa enviará grandes remesas de dinero; empléense esos recursos para maquillar los indicadores económicos. Otra parte irá a la economía informal o a la economía criminal y podrá aprovecharse para crear estructuras igualmente informales de control social o instrumentos de desestabilización selectiva de regiones en función de las necesidades políticas del grupo gobernante. A la postre, esas estructuras servirán también de coartada para la adopción de medidas autoritarias, para la obtención de fondos no declarables destinados a la promoción de las patentes propias en competencias electorales e incluso para omitir obligaciones legales básicas del Estado en el combate a la delincuencia.
7. Establézcase un régimen fiscal de privilegios para los mayores conglomerados empresariales, increméntense impuestos a la población en general –especialmente, la asalariada– y endurézcase la persecución fiscal contra ella. Oriéntese la obtención de recursos a la sobrexplotación de las dos o tres compañías que aún sean de propiedad pública y permítase la concesión generalizada de contratos ventajosos mediante el pago de cuotas no contabilizadas a los funcionarios encargados de otorgarlos.
8. Permítase y promuévase la explotación de los cargos públicos, ya sea con la obtención de percepciones muy superiores a la media, mediante el logro de gratificaciones no previstas en la ley o por ambas vías. Aliéntese la participación de parientes y familiares de altos funcionarios en el manejo de concesiones, contratos y otros instrumentos de vinculación monetaria no formal entre el sector privado y el poder político.
9. Entréguense potestades y facultades en materia de economía, comercio, seguridad, migración y otros rubros a potencias extranjeras o a organismos internacionales dotados de realismo y visión de futuro. Envíese a un secretario de Gobernación a atestiguar, con sonrisa bobalicona, cuando una funcionaria extranjera anuncie operativos de exterminio de delincuentes, con tropas foráneas, en territorio nacional.
10. Proclámese, para despistar al enemigo, que el país avanza a pasos firmes y sólidos por el camino del esplendor económico, de la plena cobertura en servicios de salud, de la democracia funcional, del estado de derecho restablecido y la seguridad pública recuperada. Decórese, por último, con protestas de fe democrática e interés por los pobres.
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