LA ECONOMÍA ME DA RISA
Mario Rodarte E* / El Semanario sin Límites
Una de las características fundamentales para que un sistema económico funcione es que tenga reglas claras y fijas para que los agentes económicos que en el participen, lo hagan de manera clara y sea predecible en la medida de lo posible. Mucho se añade cuando este conjunto de reglas se establece y se deja funcionar por un largo período, lo que facilita la planeación a largo plazo y por lo tanto, resulta en un incentivo a la inversión. La historia de México está llena de ejemplos en los que esto no ha sido así, siendo esta una de las causas que ha producido el gran retraso que observamos en muchas áreas y el estancamiento en la práctica de nuestra economía.
Desde que se establecieron las garantías individuales en la Carta Magna, se fueron añadiendo capítulos prohibiendo una serie de actividades, en un conjunto de sectores, zonas, regiones y si se permitían, era sólo en un conjunto de circunstancias que las hizo muy poco atractivas para ser desarrolladas, o del interés de inversionistas. El tema de la energía, la agricultura, las inversiones en las costas y playas, las fronteras, el sector salud y educación, de ahí el atraso que vemos en ellas. Hasta dentro del mismo Tratado de Libre Comercio en América del Norte (TLCAN) existen una serie de reglas que hacen muy difícil en la práctica el libre intercambio.
Ni qué decir en materia fiscal y financiera, con los cambios, misceláneas y nuevos impuestos en el ámbito estatal, que dificultan la planeación y sin que haya sido el caso, pueden hacer que un cambio afecte la rentabilidad de un proyecto, pudiendo llegar a cancelarlo, o de plano hacer que los inversionistas lo dejen y decidan ir a otro lado. La nacionalización bancaria, la privatización posterior, las reglas de capitalización, la medición de riesgos, el buró de crédito y algunas reglas secundarias han hecho sumamente onerosa la operación del sistema y por lo tanto poco accesible el financiamiento a una gran mayoría de clientes potenciales.
Esto se encuentra identificado en las mediciones que realizan algunas instituciones nacionales y extranjeras, cuyos resultados se sintetizan y presentan como índices de competitividad, que muestran no sólo que México califica bajo, sino que a lo largo de los años hemos ido perdiendo posiciones. No obstante lo anterior, no ha habido una sola legislatura que se haya planteado como meta eliminar legislación, en lugar de salir con nuevos inventos, cada vez más onerosos para los ciudadanos y las empresas. Como resultado, al ciudadano común no le queda más que, al igual que decían en la época de la colonia, callar y pagar. ¿Con quién nos quejamos, si los personajes que dicen nos representan están tan alejados de sus electores?
Ahora que es época electoral, resulta de risa que los diferentes partidos y sus posibles candidatos se apresten a presentar sus propuestas de cambio. ¡Qué horror! Tan solo imaginar que se les ocurra legislar en algún área en donde las cosas funcionan razonablemente bien, como en la emigración indocumentada hacia Estados Unidos y el envió de remesas de esos trabajadores a sus familias. Esto funciona bien porque las decisiones las toman las personas libremente, evaluando su potencial, sus recursos y conscientes de que están tomando riesgos. Resulta obvio que en ese balance de riesgos la ganancia esperada de su decisión, de resultar acertada, redundara en un ingreso mayor al que podrían aspirar en el país. Razones para decidir emigrar se pueden mencionar muchas, aunque mientras no se contemple en el país una política para igualar el rendimiento esperado del trabajo aquí y allá, así como las condiciones de vida y de trabajo de las personas, seguiremos viendo flujos abandonando el país. Lo mismo sucede con las remesas; en la medida en que los paisanos pasan menos trabas y usan la transferencia electrónica el flujo ha aumentado. Regular esto del otro lado de la frontera es algo totalmente fuera de las aspiraciones y terreno de los señores candidatos.
Ya en plena pose de consejeros, podríamos sugerir a los señores candidatos que se olviden de las reformas estructurales, que no conocen y por lo tanto podrían cometer errores garrafales al intentar cambiar algo. En su lugar pueden concentrarse en pequeños cambios que significarían un avance en favor del bienestar de las mayorías.
Uno de tales cambios es a la Ley de Coordinación Fiscal, para que se eliminen las transferencias no etiquetadas a los estados y municipios y se sustituyan por participaciones, de preferencia etiquetadas, con un plazo perentorio para que cada estado y municipio haga público el uso que dará a sus recursos y plantear una fecha en la que deberá rendir informes del avance y logros alcanzados. Con ello se puede perfectamente evaluar y calificar el desempeño de los funcionarios y premiarlos o castigarlos dependiendo del resultado. Se evitaría el uso discrecional, poco transparente y para uso personal, o para elecciones de los recursos que son de todos. Para cerrar esa parte, el endeudamiento de estados y municipios debe ser aprobado por las legislaturas locales, estableciendo el uso que se le dará a los recursos y la forma como se generarán ingresos en el futuro para pagar el servicio de la deuda, de manera de no comprometer el bienestar de generaciones futuras. Un pequeño cambio, pero será para mejorar muchísimo.
* El autor es doctor en economía por la Universidad Texas A&M, fue vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI y director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Actualmente es economista en jefe de Alfa, Omega, Ro Consultores Asociados.
Mario Rodarte E* / El Semanario sin Límites
Una de las características fundamentales para que un sistema económico funcione es que tenga reglas claras y fijas para que los agentes económicos que en el participen, lo hagan de manera clara y sea predecible en la medida de lo posible. Mucho se añade cuando este conjunto de reglas se establece y se deja funcionar por un largo período, lo que facilita la planeación a largo plazo y por lo tanto, resulta en un incentivo a la inversión. La historia de México está llena de ejemplos en los que esto no ha sido así, siendo esta una de las causas que ha producido el gran retraso que observamos en muchas áreas y el estancamiento en la práctica de nuestra economía.
Desde que se establecieron las garantías individuales en la Carta Magna, se fueron añadiendo capítulos prohibiendo una serie de actividades, en un conjunto de sectores, zonas, regiones y si se permitían, era sólo en un conjunto de circunstancias que las hizo muy poco atractivas para ser desarrolladas, o del interés de inversionistas. El tema de la energía, la agricultura, las inversiones en las costas y playas, las fronteras, el sector salud y educación, de ahí el atraso que vemos en ellas. Hasta dentro del mismo Tratado de Libre Comercio en América del Norte (TLCAN) existen una serie de reglas que hacen muy difícil en la práctica el libre intercambio.
Ni qué decir en materia fiscal y financiera, con los cambios, misceláneas y nuevos impuestos en el ámbito estatal, que dificultan la planeación y sin que haya sido el caso, pueden hacer que un cambio afecte la rentabilidad de un proyecto, pudiendo llegar a cancelarlo, o de plano hacer que los inversionistas lo dejen y decidan ir a otro lado. La nacionalización bancaria, la privatización posterior, las reglas de capitalización, la medición de riesgos, el buró de crédito y algunas reglas secundarias han hecho sumamente onerosa la operación del sistema y por lo tanto poco accesible el financiamiento a una gran mayoría de clientes potenciales.
Esto se encuentra identificado en las mediciones que realizan algunas instituciones nacionales y extranjeras, cuyos resultados se sintetizan y presentan como índices de competitividad, que muestran no sólo que México califica bajo, sino que a lo largo de los años hemos ido perdiendo posiciones. No obstante lo anterior, no ha habido una sola legislatura que se haya planteado como meta eliminar legislación, en lugar de salir con nuevos inventos, cada vez más onerosos para los ciudadanos y las empresas. Como resultado, al ciudadano común no le queda más que, al igual que decían en la época de la colonia, callar y pagar. ¿Con quién nos quejamos, si los personajes que dicen nos representan están tan alejados de sus electores?
Ahora que es época electoral, resulta de risa que los diferentes partidos y sus posibles candidatos se apresten a presentar sus propuestas de cambio. ¡Qué horror! Tan solo imaginar que se les ocurra legislar en algún área en donde las cosas funcionan razonablemente bien, como en la emigración indocumentada hacia Estados Unidos y el envió de remesas de esos trabajadores a sus familias. Esto funciona bien porque las decisiones las toman las personas libremente, evaluando su potencial, sus recursos y conscientes de que están tomando riesgos. Resulta obvio que en ese balance de riesgos la ganancia esperada de su decisión, de resultar acertada, redundara en un ingreso mayor al que podrían aspirar en el país. Razones para decidir emigrar se pueden mencionar muchas, aunque mientras no se contemple en el país una política para igualar el rendimiento esperado del trabajo aquí y allá, así como las condiciones de vida y de trabajo de las personas, seguiremos viendo flujos abandonando el país. Lo mismo sucede con las remesas; en la medida en que los paisanos pasan menos trabas y usan la transferencia electrónica el flujo ha aumentado. Regular esto del otro lado de la frontera es algo totalmente fuera de las aspiraciones y terreno de los señores candidatos.
Ya en plena pose de consejeros, podríamos sugerir a los señores candidatos que se olviden de las reformas estructurales, que no conocen y por lo tanto podrían cometer errores garrafales al intentar cambiar algo. En su lugar pueden concentrarse en pequeños cambios que significarían un avance en favor del bienestar de las mayorías.
Uno de tales cambios es a la Ley de Coordinación Fiscal, para que se eliminen las transferencias no etiquetadas a los estados y municipios y se sustituyan por participaciones, de preferencia etiquetadas, con un plazo perentorio para que cada estado y municipio haga público el uso que dará a sus recursos y plantear una fecha en la que deberá rendir informes del avance y logros alcanzados. Con ello se puede perfectamente evaluar y calificar el desempeño de los funcionarios y premiarlos o castigarlos dependiendo del resultado. Se evitaría el uso discrecional, poco transparente y para uso personal, o para elecciones de los recursos que son de todos. Para cerrar esa parte, el endeudamiento de estados y municipios debe ser aprobado por las legislaturas locales, estableciendo el uso que se le dará a los recursos y la forma como se generarán ingresos en el futuro para pagar el servicio de la deuda, de manera de no comprometer el bienestar de generaciones futuras. Un pequeño cambio, pero será para mejorar muchísimo.
* El autor es doctor en economía por la Universidad Texas A&M, fue vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI y director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Actualmente es economista en jefe de Alfa, Omega, Ro Consultores Asociados.
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