Francisco Suárez Dávila / El Universal
En las crisis muchos se atreven a escribir sobre economía sin ser economistas. Lo mismo sucede ahora sobre el tema de la inseguridad, que genera “expertos de café”. Así, me atrevo a escribir algunas ideas.
Hasta 2006 había en México una razonable seguridad para los ciudadanos. A partir de ese año, una lucha improvisada contra el crimen organizado; sin inteligencia suficiente para medir las fuerzas del enemigo y la propia; sin una estrategia bien definida, arroja a la fecha 50 mil muertos, más que los estadounidenses muertos en Irak, con una violencia rampante en las calles que a todos nos agravia.
Parte del problema se deriva de las tácticas seguidas. Antes el narcotráfico lo controlaban pocos grandes capos con territorios bien definidos que se dedicaban a la exportación y no al consumo interno. Al cercenar algunas cabezas se produjo un efecto de dispersión, como cuando se derrota a un ejército y éste se desparrama en una guerra de guerrillas más difícil de combatir. Se generan luchas por los mercados y se expanden a otras áreas de negocio, como secuestros, el “derecho de piso”, la extorsión.
El general secretario valientemente declara que “el crimen ha rebasado las instituciones, por lo cual la seguridad interna se encuentra seriamente amenazada”. No se tiene ya el pleno control del territorio (ni sus penales), responsabilidad esencial del Estado, por lo cual somos un Estado parcialmente fallido o al menos muy frágil.
Sin eufemismos se trata de un Estado de guerra, como lo tienen algunos países, contra el terrorismo o alguna insurrección. Se necesita actuar en consecuencia. Las Fuerzas Armadas y la PF no tienen los recursos suficientes. Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, aunque han aumentado su presupuesto, tienen menos de 100 mil millones de pesos (0.7% del PIB). Colombia tiene una policía nacional, militarizada, al mando de un general prestigiado con 140 mil efectivos; la PF sólo tiene 40 mil.
En este Estado de guerra, la PF debería, en proporción a nuestro territorio, elevar su fuerza a, por ejemplo, 500 mil efectivos, militarizada, incorporando elementos selectos del Ejército, bien entrenada y armada. Ello podría resolver varios problemas: regresar al Ejército a los cuarteles, utilizar esta conscripción para educar y capacitar a jóvenes, darles valores y disciplina. Generaría empleo, que hace mucha falta. Roosevelt, en la Gran Depresión, creó un ejército civil de jóvenes y Lee Kuan Yew utilizó el servicio militar para capacitar. La solución debe ser una Policía Nacional y un enfoque centralizado. En Chile los Carabineros son uno de los grupos socialmente más prestigiados, como la Guardia Civil en España. Las policías estatales pueden ser útiles, pero serán un esfuerzo fragmentado, heterogéneo. En cambio, una gran policía nacional permitiría ir “planchando región por región”, de acuerdo con prioridades y “tiros de precisión”. ¿Cuál sería el efecto de un dispositivo de 100 mil policías nacionales operando masivamente en Tamaulipas?
Nadie piensa sensatamente, como solución, hacer un pacto formal con los capos del crimen organizado. Lo que sucede en los países avanzados es que un Estado fuerte define las fronteras que no pueden transgredir; si lo hacen, se aplica toda su fuerza. Como no se acabará el vicio, el “crimen” maneja prostitución, drogas, juego, en forma limitada, sin violencia hacia la ciudadanía. También se induce que se mantengan territorios definidos.
México debe controlar que no haya tránsito de drogas “hacia adentro” de sus fronteras. El problema de ingreso a Estados Unidos por los carriles de distribución fronterizos debe ser su problema. Estamos dando la batalla y los “muertos” por ellos sin que actúen en su territorio. Lo que sí es problema nuestro es la importación de armas desde EU con exigua cooperación (¿complicidad?) de su parte. Debe despenalizarse el consumo de drogas, lo cual requiere presionar para una negociación multilateral a nivel continental y mundial.
La corresponsabilidad con EU es necesaria. Pero como acto de dignidad, México debe cancelar el Plan Mérida, un acto de beneficencia de pocos millones de dólares a cambio de intromisión en nuestras instituciones. México, como la 12ª economía, debería actuar como “cliente” importante para comprar armamento y tecnología, y solicitar cooperación en tecnología de punta.
Finalmente, la estrategia debe ser integral, con planes de desarrollo regional de impacto en las fronteras y las zonas rurales más vulnerables. Programas de educación, empleo y deporte para los jóvenes en las ciudades. Mayor participación de la ciudadanía. ¡Cada vez estamos más seguros de que lo que se está haciendo no reduce la inseguridad!
En las crisis muchos se atreven a escribir sobre economía sin ser economistas. Lo mismo sucede ahora sobre el tema de la inseguridad, que genera “expertos de café”. Así, me atrevo a escribir algunas ideas.
Hasta 2006 había en México una razonable seguridad para los ciudadanos. A partir de ese año, una lucha improvisada contra el crimen organizado; sin inteligencia suficiente para medir las fuerzas del enemigo y la propia; sin una estrategia bien definida, arroja a la fecha 50 mil muertos, más que los estadounidenses muertos en Irak, con una violencia rampante en las calles que a todos nos agravia.
Parte del problema se deriva de las tácticas seguidas. Antes el narcotráfico lo controlaban pocos grandes capos con territorios bien definidos que se dedicaban a la exportación y no al consumo interno. Al cercenar algunas cabezas se produjo un efecto de dispersión, como cuando se derrota a un ejército y éste se desparrama en una guerra de guerrillas más difícil de combatir. Se generan luchas por los mercados y se expanden a otras áreas de negocio, como secuestros, el “derecho de piso”, la extorsión.
El general secretario valientemente declara que “el crimen ha rebasado las instituciones, por lo cual la seguridad interna se encuentra seriamente amenazada”. No se tiene ya el pleno control del territorio (ni sus penales), responsabilidad esencial del Estado, por lo cual somos un Estado parcialmente fallido o al menos muy frágil.
Sin eufemismos se trata de un Estado de guerra, como lo tienen algunos países, contra el terrorismo o alguna insurrección. Se necesita actuar en consecuencia. Las Fuerzas Armadas y la PF no tienen los recursos suficientes. Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, aunque han aumentado su presupuesto, tienen menos de 100 mil millones de pesos (0.7% del PIB). Colombia tiene una policía nacional, militarizada, al mando de un general prestigiado con 140 mil efectivos; la PF sólo tiene 40 mil.
En este Estado de guerra, la PF debería, en proporción a nuestro territorio, elevar su fuerza a, por ejemplo, 500 mil efectivos, militarizada, incorporando elementos selectos del Ejército, bien entrenada y armada. Ello podría resolver varios problemas: regresar al Ejército a los cuarteles, utilizar esta conscripción para educar y capacitar a jóvenes, darles valores y disciplina. Generaría empleo, que hace mucha falta. Roosevelt, en la Gran Depresión, creó un ejército civil de jóvenes y Lee Kuan Yew utilizó el servicio militar para capacitar. La solución debe ser una Policía Nacional y un enfoque centralizado. En Chile los Carabineros son uno de los grupos socialmente más prestigiados, como la Guardia Civil en España. Las policías estatales pueden ser útiles, pero serán un esfuerzo fragmentado, heterogéneo. En cambio, una gran policía nacional permitiría ir “planchando región por región”, de acuerdo con prioridades y “tiros de precisión”. ¿Cuál sería el efecto de un dispositivo de 100 mil policías nacionales operando masivamente en Tamaulipas?
Nadie piensa sensatamente, como solución, hacer un pacto formal con los capos del crimen organizado. Lo que sucede en los países avanzados es que un Estado fuerte define las fronteras que no pueden transgredir; si lo hacen, se aplica toda su fuerza. Como no se acabará el vicio, el “crimen” maneja prostitución, drogas, juego, en forma limitada, sin violencia hacia la ciudadanía. También se induce que se mantengan territorios definidos.
México debe controlar que no haya tránsito de drogas “hacia adentro” de sus fronteras. El problema de ingreso a Estados Unidos por los carriles de distribución fronterizos debe ser su problema. Estamos dando la batalla y los “muertos” por ellos sin que actúen en su territorio. Lo que sí es problema nuestro es la importación de armas desde EU con exigua cooperación (¿complicidad?) de su parte. Debe despenalizarse el consumo de drogas, lo cual requiere presionar para una negociación multilateral a nivel continental y mundial.
La corresponsabilidad con EU es necesaria. Pero como acto de dignidad, México debe cancelar el Plan Mérida, un acto de beneficencia de pocos millones de dólares a cambio de intromisión en nuestras instituciones. México, como la 12ª economía, debería actuar como “cliente” importante para comprar armamento y tecnología, y solicitar cooperación en tecnología de punta.
Finalmente, la estrategia debe ser integral, con planes de desarrollo regional de impacto en las fronteras y las zonas rurales más vulnerables. Programas de educación, empleo y deporte para los jóvenes en las ciudades. Mayor participación de la ciudadanía. ¡Cada vez estamos más seguros de que lo que se está haciendo no reduce la inseguridad!
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