Orlando Delgado Selley / La Jornada
De nuevo, como ha ocurrido ya varias veces desde mayo de 2010, el gobierno griego, acosado por la “troika infernal”, el Banco Central Europeo (BCE), el FMI y la Comisión Europea, decidió el sábado pasado aplicar otro golpe a su población. En esta ocasión cobrará un nuevo impuesto a propietarios inmobiliarios aplicable durante este año y el próximo. Los cobros se harán en los recibos de la energía eléctrica y serán en promedio de cuatro euros por metro cuadrado. Además, los políticos y altos funcionarios dejarán de cobrar un mes. Esta decisión restablece la relación entre la troika y el gobierno griego, que se había roto ante la negativa griega a aplicar medidas adicionales sobre la población.
El gobierno griego sostiene que estas medidas, rechazadas por todos los sectores sociales, le significarán un ingreso de 2 mil millones de euros, permitiéndole acercarse a la meta acordada con la troika y, de ese modo, lograr que les entreguen el siguiente tramo de ayuda acordado. Sin embargo, para que efectivamente esto ocurra, la troika visitará nuevamente Atenas para certificar que efectivamente el gobierno está haciendo todo loposible por cumplir con las metas acordadas para el déficit fiscal y, si les convencen, autorizar el desembolso de la ayuda, indispensable para que el gobierno griego pueda seguir funcionando y permanezca en la eurozona.
Mientras Grecia intenta sobrevivir, los mercados han decidido que el gobierno griego terminará declarándose en moratoria, forzando una restructuración que incorpore una quita importante del valor de las obligaciones. La reacción de las bolsas europeas este lunes siguió el comportamiento de las cotizaciones de los bancos de esa zona que mantienen en sus portafolios porciones importantes de deuda griega. El saldo al final de ese día fue una caída que ha regresado los índices a los niveles de hace dos años. Los seguros contra el impago de esta deuda, los famosos CDS, han fijado en 95 por ciento la posibilidad de que Grecia deje de pagar.
La decisión de los grandes inversionistas, a los que llamamos mercados y que para algunos tienen vida propia, se ha traducido en nuevos aumentos del costo de la deuda griega. La prima de riesgo, que se estima como sobretasa a partir de la tasa de interés que paga el bono alemán, ha llegado ya a 21.8 puntos porcentuales, lo que encarece brutalmente el costo de la deuda haciendo aún más necesaria la ayuda europea y del FMI. Como en las ocasiones anteriores, también ahora se tiene claro que lo único que se está ganando es tiempo, postergando las decisiones realmente trascendentes, las que resuelvan el problema griego y de otros países de la periferia y del centro europeo.
La solución a esta crisis de deuda soberana en Europa obliga a cambios importantes en el funcionamiento de los gobiernos de la zona euro y en el BCE. La unión monetaria que dio origen al euro tiene que sumar una unión de las finanzas públicas, que obligue a establecer presupuestos comunes y que emita obligaciones europeas para los países de la zona euro. Dadas las dificultades actuales de Irlanda, Portugal, España e Italia, la emisión conjunta implicaría que los países fuertes, Alemania y Francia, contribuyeran a subsanar esas dificultades financieras. Implicaría que, además, los bancos europeos y de otros países asumieran las pérdidas derivadas de una reestructuración de la deuda soberana griega y del resto de los países con problemas.
Esta es la opción que salva el proyecto europeo, pero los jefes de los gobiernos europeos no están dispuestos a decidirla, porque no creen que sus electores la respalden. De modo que, como dice el dirigente alemán del Partido Verde, Joschka Fischer, los líderes europeos seguirán improvisando con paliativos que agravarán la crisis, lo que conducirá a un riesgo creciente de ruptura de la unión monetaria. El abismo está cada vez más cerca. No se ha llegado hasta aquí inexplicablemente. Es el resultado de decisiones políticas de quienes han gobernado Europa en los últimos tiempos. La desconfianza popular ha generado una crisis de representatividad que puede tener consecuencias significativas. Queda poco tiempo. La única solución es avanzar en el proyecto equitativo y solidario.
De nuevo, como ha ocurrido ya varias veces desde mayo de 2010, el gobierno griego, acosado por la “troika infernal”, el Banco Central Europeo (BCE), el FMI y la Comisión Europea, decidió el sábado pasado aplicar otro golpe a su población. En esta ocasión cobrará un nuevo impuesto a propietarios inmobiliarios aplicable durante este año y el próximo. Los cobros se harán en los recibos de la energía eléctrica y serán en promedio de cuatro euros por metro cuadrado. Además, los políticos y altos funcionarios dejarán de cobrar un mes. Esta decisión restablece la relación entre la troika y el gobierno griego, que se había roto ante la negativa griega a aplicar medidas adicionales sobre la población.
El gobierno griego sostiene que estas medidas, rechazadas por todos los sectores sociales, le significarán un ingreso de 2 mil millones de euros, permitiéndole acercarse a la meta acordada con la troika y, de ese modo, lograr que les entreguen el siguiente tramo de ayuda acordado. Sin embargo, para que efectivamente esto ocurra, la troika visitará nuevamente Atenas para certificar que efectivamente el gobierno está haciendo todo loposible por cumplir con las metas acordadas para el déficit fiscal y, si les convencen, autorizar el desembolso de la ayuda, indispensable para que el gobierno griego pueda seguir funcionando y permanezca en la eurozona.
Mientras Grecia intenta sobrevivir, los mercados han decidido que el gobierno griego terminará declarándose en moratoria, forzando una restructuración que incorpore una quita importante del valor de las obligaciones. La reacción de las bolsas europeas este lunes siguió el comportamiento de las cotizaciones de los bancos de esa zona que mantienen en sus portafolios porciones importantes de deuda griega. El saldo al final de ese día fue una caída que ha regresado los índices a los niveles de hace dos años. Los seguros contra el impago de esta deuda, los famosos CDS, han fijado en 95 por ciento la posibilidad de que Grecia deje de pagar.
La decisión de los grandes inversionistas, a los que llamamos mercados y que para algunos tienen vida propia, se ha traducido en nuevos aumentos del costo de la deuda griega. La prima de riesgo, que se estima como sobretasa a partir de la tasa de interés que paga el bono alemán, ha llegado ya a 21.8 puntos porcentuales, lo que encarece brutalmente el costo de la deuda haciendo aún más necesaria la ayuda europea y del FMI. Como en las ocasiones anteriores, también ahora se tiene claro que lo único que se está ganando es tiempo, postergando las decisiones realmente trascendentes, las que resuelvan el problema griego y de otros países de la periferia y del centro europeo.
La solución a esta crisis de deuda soberana en Europa obliga a cambios importantes en el funcionamiento de los gobiernos de la zona euro y en el BCE. La unión monetaria que dio origen al euro tiene que sumar una unión de las finanzas públicas, que obligue a establecer presupuestos comunes y que emita obligaciones europeas para los países de la zona euro. Dadas las dificultades actuales de Irlanda, Portugal, España e Italia, la emisión conjunta implicaría que los países fuertes, Alemania y Francia, contribuyeran a subsanar esas dificultades financieras. Implicaría que, además, los bancos europeos y de otros países asumieran las pérdidas derivadas de una reestructuración de la deuda soberana griega y del resto de los países con problemas.
Esta es la opción que salva el proyecto europeo, pero los jefes de los gobiernos europeos no están dispuestos a decidirla, porque no creen que sus electores la respalden. De modo que, como dice el dirigente alemán del Partido Verde, Joschka Fischer, los líderes europeos seguirán improvisando con paliativos que agravarán la crisis, lo que conducirá a un riesgo creciente de ruptura de la unión monetaria. El abismo está cada vez más cerca. No se ha llegado hasta aquí inexplicablemente. Es el resultado de decisiones políticas de quienes han gobernado Europa en los últimos tiempos. La desconfianza popular ha generado una crisis de representatividad que puede tener consecuencias significativas. Queda poco tiempo. La única solución es avanzar en el proyecto equitativo y solidario.
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