Enrique Calderón Alzati / La Jornada
Es difícil definir una fecha que nos permita establecer cuándo se inició el actual deterioro del país, hasta llegar a la tragedia nacional que ahora vivimos; sin embargo, lo que sí es posible afirmar, es que éste es la consecuencia de una serie de decisiones irresponsables, cometidas por los sucesivos gobiernos, todas ellas claramente orientadas en detrimento de la sociedad, a sabiendas de los daños que ocasionarían en el futuro. La responsabilidad de todas ellas radica desde luego en los titulares de los gobiernos en turno y de sus colaboradores cercanos, pero la complicidad del sistema constituido por los tres poderes del Estado, con la participación de los partidos políticos y de otros intereses contrarios al bienestar colectivo, es insoslayable.
Algo que ha constituido un elemento constante en el colectivo social a lo largo de estos años ha sido la creencia de que cada nuevo gobierno es el peor de todos, por su visible incompetencia, por su irresponsabilidad, por su desdén a los problemas sociales, por su soberbia y desde luego por el nivel de corrupción, de cinismo y de ausencia de respeto por la Constitución y las leyes de la que los sucesivos gobiernos han hecho gala. Así nos pasó con De la Madrid, con Salinas, con Zedillo, con Fox (por mencionar algunos) y ahora con el actual ocupante de Los Pinos, el más aberrante de todos, aunque el malestar venga de tiempos anteriores. ¿Habremos tocado fondo y podemos esperar alguien mejor en el futuro? Me temo que no –y no me considero ningún pesimista–, pareciera que el proceso de deterioro no se va a detener todavía, en virtud de los enormes poderes con que cuentan los grupos e intereses que controlan y han venido controlando al país.
La nación que hoy tenemos y del cual difícilmente podemos estar orgullosos y satisfechos no es un capricho del destino, sino una realidad que se ha venido construyendo con base en decisiones equivocadas y contrarias a los intereses nacionales, y no una, ni tres, ni 20, sino muchísimas veces más, todas ellas orientadas a construir un país tan desastroso como el que hoy estamos viviendo. Esto es importante decirlo, porque hoy se están tomando decisiones en los gobiernos federal, estatales y municipales, en el Congreso y en el sistema de justicia, y se seguirán tomando y continuarán definiendo el futuro, y no lo harán de acuerdo con el interés nacional, sino de acuerdo con otros intereses, que nos afectarán a todos y no sólo a nosotros, sino también a nuestros hijos y a las generaciones futuras mientras lo sigamos permitiendo.
Hace seis años Fox le ordenó o le permitió al señor Creel, aprobar un reglamento que en la práctica disparó toda una serie de "negocios" cuyas consecuencias hoy estamos viendo. Es claro que antes había ya centros de apuestas, clandestinos unos, encubiertos de manera discrecional otros, e incluso había ya casinos, pero una vez que se les llevó al terreno de la normalidad y la legalidad, sus efectos no podían ser otros que los que ahora vemos, y ello fue posible por decisiones irresponsables, amañadas y contrarias al bienestar nacional que se dieron en el Congreso, en los partidos políticos y en gobiernos y oficinas publicas federales, estatales y municipales, sin ningún costo para nadie, con beneficios inauditos para algunos, con daños patrimoniales y ahora trágicos para la sociedad toda.
Cuando Ernesto Zedillo gobernaba al país tomó la decisión que luego fue avalada por el Congreso y los partidos políticos en su mayoría, de transferir a la deuda pública los adeudos del Fobaproa, cuyo origen estuvo en parte generado por fraudes cometidos por los banqueros, que vieron en el quebranto financiero de la nación, la oportunidad de obtener enormes ganancias que luego salieron del país, causando graves daños a la economía.
En el periodo de Salinas se tomaron decisiones igualmente contrarias a los intereses de la mayoría que afectaron su economía, su calidad de vida y sus posibilidades futuras; hoy el señor Salinas dice que en su gobierno se combatió el narcotráfico con energía, pensando seguramente que los mexicanos no tenemos memoria para recordar sus tratos con los capos de la droga, a través del representante del Vaticano. Sus contribuciones al desastre actual son mayúsculas e incluyen la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyas cláusulas han lesionado a los más variados sectores de la economía, entregando el mercado mexicano a empresas industriales y comerciales de origen extranjero, la instauración de los órganos y las reformas electorales que hicieron posible el lodazal en el que se han convertido los partidos políticos y los órganos electorales, con el desvío de fondos que han convertido la ideología y la democracia en un negocio altamente rentable para unos cuantos.
La decisión de meter al Ejército y a la Armada en la lucha contra el narcotráfico, lo cual ha constituido el eje de acción del presente gobierno, cada día nos asombra con sus resultados de barbarie que nunca se nos hubiera ocurrido siquiera imaginar, y que desafortunadamente están convirtiendo a México en el centro de la atención mundial. Esto hace necesario un cambio de rumbo, más que en ninguna otra época pasada, quizás con la salvedad de aquella en la que los liberales lograron quitarle el poder a la carroña liderada por el alto clero, que ya desde entonces veía a México como botín y mercancía enajenable.
Hoy es responsabilidad de la sociedad, comenzar a definir cuáles son las decisiones que deben ser tomadas para asegurar un futuro distinto y el Movimiento por la Paz y con Justicia y Dignidad nos plantea al respecto una decisión que el gobierno se verá obligado a tomar sólo cuando la sociedad se lo exija: desde luego sus propuestas no resuelven todo, pero sí constituyen un elemento crucial en esta hora.
Es difícil definir una fecha que nos permita establecer cuándo se inició el actual deterioro del país, hasta llegar a la tragedia nacional que ahora vivimos; sin embargo, lo que sí es posible afirmar, es que éste es la consecuencia de una serie de decisiones irresponsables, cometidas por los sucesivos gobiernos, todas ellas claramente orientadas en detrimento de la sociedad, a sabiendas de los daños que ocasionarían en el futuro. La responsabilidad de todas ellas radica desde luego en los titulares de los gobiernos en turno y de sus colaboradores cercanos, pero la complicidad del sistema constituido por los tres poderes del Estado, con la participación de los partidos políticos y de otros intereses contrarios al bienestar colectivo, es insoslayable.
Algo que ha constituido un elemento constante en el colectivo social a lo largo de estos años ha sido la creencia de que cada nuevo gobierno es el peor de todos, por su visible incompetencia, por su irresponsabilidad, por su desdén a los problemas sociales, por su soberbia y desde luego por el nivel de corrupción, de cinismo y de ausencia de respeto por la Constitución y las leyes de la que los sucesivos gobiernos han hecho gala. Así nos pasó con De la Madrid, con Salinas, con Zedillo, con Fox (por mencionar algunos) y ahora con el actual ocupante de Los Pinos, el más aberrante de todos, aunque el malestar venga de tiempos anteriores. ¿Habremos tocado fondo y podemos esperar alguien mejor en el futuro? Me temo que no –y no me considero ningún pesimista–, pareciera que el proceso de deterioro no se va a detener todavía, en virtud de los enormes poderes con que cuentan los grupos e intereses que controlan y han venido controlando al país.
La nación que hoy tenemos y del cual difícilmente podemos estar orgullosos y satisfechos no es un capricho del destino, sino una realidad que se ha venido construyendo con base en decisiones equivocadas y contrarias a los intereses nacionales, y no una, ni tres, ni 20, sino muchísimas veces más, todas ellas orientadas a construir un país tan desastroso como el que hoy estamos viviendo. Esto es importante decirlo, porque hoy se están tomando decisiones en los gobiernos federal, estatales y municipales, en el Congreso y en el sistema de justicia, y se seguirán tomando y continuarán definiendo el futuro, y no lo harán de acuerdo con el interés nacional, sino de acuerdo con otros intereses, que nos afectarán a todos y no sólo a nosotros, sino también a nuestros hijos y a las generaciones futuras mientras lo sigamos permitiendo.
Hace seis años Fox le ordenó o le permitió al señor Creel, aprobar un reglamento que en la práctica disparó toda una serie de "negocios" cuyas consecuencias hoy estamos viendo. Es claro que antes había ya centros de apuestas, clandestinos unos, encubiertos de manera discrecional otros, e incluso había ya casinos, pero una vez que se les llevó al terreno de la normalidad y la legalidad, sus efectos no podían ser otros que los que ahora vemos, y ello fue posible por decisiones irresponsables, amañadas y contrarias al bienestar nacional que se dieron en el Congreso, en los partidos políticos y en gobiernos y oficinas publicas federales, estatales y municipales, sin ningún costo para nadie, con beneficios inauditos para algunos, con daños patrimoniales y ahora trágicos para la sociedad toda.
Cuando Ernesto Zedillo gobernaba al país tomó la decisión que luego fue avalada por el Congreso y los partidos políticos en su mayoría, de transferir a la deuda pública los adeudos del Fobaproa, cuyo origen estuvo en parte generado por fraudes cometidos por los banqueros, que vieron en el quebranto financiero de la nación, la oportunidad de obtener enormes ganancias que luego salieron del país, causando graves daños a la economía.
En el periodo de Salinas se tomaron decisiones igualmente contrarias a los intereses de la mayoría que afectaron su economía, su calidad de vida y sus posibilidades futuras; hoy el señor Salinas dice que en su gobierno se combatió el narcotráfico con energía, pensando seguramente que los mexicanos no tenemos memoria para recordar sus tratos con los capos de la droga, a través del representante del Vaticano. Sus contribuciones al desastre actual son mayúsculas e incluyen la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyas cláusulas han lesionado a los más variados sectores de la economía, entregando el mercado mexicano a empresas industriales y comerciales de origen extranjero, la instauración de los órganos y las reformas electorales que hicieron posible el lodazal en el que se han convertido los partidos políticos y los órganos electorales, con el desvío de fondos que han convertido la ideología y la democracia en un negocio altamente rentable para unos cuantos.
La decisión de meter al Ejército y a la Armada en la lucha contra el narcotráfico, lo cual ha constituido el eje de acción del presente gobierno, cada día nos asombra con sus resultados de barbarie que nunca se nos hubiera ocurrido siquiera imaginar, y que desafortunadamente están convirtiendo a México en el centro de la atención mundial. Esto hace necesario un cambio de rumbo, más que en ninguna otra época pasada, quizás con la salvedad de aquella en la que los liberales lograron quitarle el poder a la carroña liderada por el alto clero, que ya desde entonces veía a México como botín y mercancía enajenable.
Hoy es responsabilidad de la sociedad, comenzar a definir cuáles son las decisiones que deben ser tomadas para asegurar un futuro distinto y el Movimiento por la Paz y con Justicia y Dignidad nos plantea al respecto una decisión que el gobierno se verá obligado a tomar sólo cuando la sociedad se lo exija: desde luego sus propuestas no resuelven todo, pero sí constituyen un elemento crucial en esta hora.
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