Rogelio Ramírez de la O / El Universal
El proyecto de presupuesto establecido por el gobierno para 2012 tiene serias deficiencias. Primero, parte de un supuesto en exceso optimista de que la economía estadounidense crecerá 2.1 por ciento —en consecuencia, el crecimiento de México sería 3.5 por ciento—. Segundo, y en contradicción con
lo anterior, el gasto programable sólo aumentaría 1.3 por ciento.
La orientación de este proyecto es restrictiva de la demanda agregada. Si el gobierno ya sabe que la demanda privada es débil y al mismo tiempo está en desaceleración, salvo por alguna razón poderosa —que por cierto no menciona—, se justificaría que la demanda pública también se apretara.
Pero en eso consiste el proyecto, pues se propone reducir el saldo del balance fiscal de -2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2011 a -2.2 por ciento en 2012. Esto se logra haciendo que los ingresos tributarios y no tributarios crezcan (3.1 por ciento) más rápidamente que los gastos (1.9 por ciento). De ahí que el crecimiento del gasto en programas, ya citado, de 1.3 por ciento, no tenga capacidad para contrarrestar una desaceleración el próximo año.
En otras palabras, a pesar de la experiencia de 2009, el gobierno no varía su postura: mantiene las finanzas públicas, considerable 25 por ciento del PIB, con un sesgo de freno a la demanda, pese a toda la evidencia de que una caída externa se puede suavizar con un poco más de gasto interno.
Ahora bien, es cierto que el gasto público agregado de 25 por ciento del PIB es demasiado alto y en varios renglones, sobre todo del gasto corriente, está desbocado. Es más, el aumento que el gobierno actual y el de Vicente Fox permitieron que tuviera el gasto corriente, cuando está apoyado en el petróleo, recurso no renovable, ha causado un grave daño a la sustentabilidad financiera de México.
Este aumento ha sido casi de cuatro puntos porcentuales del PIB, imperdonable para una economía que crece tan poco como la mexicana y que por lo tanto necesita liberar gasto de la burocracia hacia la inversión en proyectos que generen riqueza. Si bien esto es cierto, pretender, a estas alturas de la administración, que una tendencia tan ominosa se va a corregir con recortes en un año de desaceleración es contraproducente.
Es más, los recortes que se plantean golpean mucho más a la inversión pública que al gasto burocrático, pues el gasto corriente mantendrá su crecimiento según informes del mismo gobierno, por arriba del crecimiento de los ingresos, incluyendo en servicios personales.
Estas deficiencias exponen al proyecto a que la oposición del PRI le corrija la plana y aumente los gastos, alegando que son insuficientes para programas de alta prioridad. Lo grave —y contraproducente— es que los gobernadores del PRI ahora exigirán a sus diputados que no descansen hasta que logren ampliaciones considerables al gasto que a ellos les corresponde.
Lo más probable, como en 2009, es que la economía crecerá menos de lo que el gobierno estima y, en consecuencia, los ingresos tributarios queden por debajo de lo esperado. Esto, cuando las asignaciones aprobadas son superiores a las del proyecto, generará un faltante. Pero como también subestima los precios del petróleo, entonces será éste el que finalmente tape todas las deficiencias del presupuesto y de su ejecución.
Este es el manejo “responsable” de finanzas públicas del gobierno. Esta es una de las razones por las que no hemos aprovechado el petróleo para crear riqueza. Esas son las capacidades del gobierno y las “altas” prioridades del Congreso.
El proyecto de presupuesto establecido por el gobierno para 2012 tiene serias deficiencias. Primero, parte de un supuesto en exceso optimista de que la economía estadounidense crecerá 2.1 por ciento —en consecuencia, el crecimiento de México sería 3.5 por ciento—. Segundo, y en contradicción con
lo anterior, el gasto programable sólo aumentaría 1.3 por ciento.
La orientación de este proyecto es restrictiva de la demanda agregada. Si el gobierno ya sabe que la demanda privada es débil y al mismo tiempo está en desaceleración, salvo por alguna razón poderosa —que por cierto no menciona—, se justificaría que la demanda pública también se apretara.
Pero en eso consiste el proyecto, pues se propone reducir el saldo del balance fiscal de -2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2011 a -2.2 por ciento en 2012. Esto se logra haciendo que los ingresos tributarios y no tributarios crezcan (3.1 por ciento) más rápidamente que los gastos (1.9 por ciento). De ahí que el crecimiento del gasto en programas, ya citado, de 1.3 por ciento, no tenga capacidad para contrarrestar una desaceleración el próximo año.
En otras palabras, a pesar de la experiencia de 2009, el gobierno no varía su postura: mantiene las finanzas públicas, considerable 25 por ciento del PIB, con un sesgo de freno a la demanda, pese a toda la evidencia de que una caída externa se puede suavizar con un poco más de gasto interno.
Ahora bien, es cierto que el gasto público agregado de 25 por ciento del PIB es demasiado alto y en varios renglones, sobre todo del gasto corriente, está desbocado. Es más, el aumento que el gobierno actual y el de Vicente Fox permitieron que tuviera el gasto corriente, cuando está apoyado en el petróleo, recurso no renovable, ha causado un grave daño a la sustentabilidad financiera de México.
Este aumento ha sido casi de cuatro puntos porcentuales del PIB, imperdonable para una economía que crece tan poco como la mexicana y que por lo tanto necesita liberar gasto de la burocracia hacia la inversión en proyectos que generen riqueza. Si bien esto es cierto, pretender, a estas alturas de la administración, que una tendencia tan ominosa se va a corregir con recortes en un año de desaceleración es contraproducente.
Es más, los recortes que se plantean golpean mucho más a la inversión pública que al gasto burocrático, pues el gasto corriente mantendrá su crecimiento según informes del mismo gobierno, por arriba del crecimiento de los ingresos, incluyendo en servicios personales.
Estas deficiencias exponen al proyecto a que la oposición del PRI le corrija la plana y aumente los gastos, alegando que son insuficientes para programas de alta prioridad. Lo grave —y contraproducente— es que los gobernadores del PRI ahora exigirán a sus diputados que no descansen hasta que logren ampliaciones considerables al gasto que a ellos les corresponde.
Lo más probable, como en 2009, es que la economía crecerá menos de lo que el gobierno estima y, en consecuencia, los ingresos tributarios queden por debajo de lo esperado. Esto, cuando las asignaciones aprobadas son superiores a las del proyecto, generará un faltante. Pero como también subestima los precios del petróleo, entonces será éste el que finalmente tape todas las deficiencias del presupuesto y de su ejecución.
Este es el manejo “responsable” de finanzas públicas del gobierno. Esta es una de las razones por las que no hemos aprovechado el petróleo para crear riqueza. Esas son las capacidades del gobierno y las “altas” prioridades del Congreso.
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