Los emolumentos de los grandes directivos han pasado de 40 a 400 veces el salario medio
Se ha roto el contrato implícito que hay entre los ciudadanos, sus élites y el Estado
JOAQUÍN ESTEFANÍA / EL PAÍS
El Gobierno, trasponiendo una directiva comunitaria, ha regulado el sueldo de los banqueros tratando de evitar incentivos perversos que animen a los directivos a asumir riesgos que pongan en peligro las entidades. Tardía reforma de un aspecto -los emolumentos de los más altos ejecutivos- que ha causado alarma social a los perdedores de la crisis económica, que son casi todos los ciudadanos: las rentas de los grandes directivos ha pasado en el periodo de la Gran Recesión, como media, de 40 a 400 veces el salario medio.
Entre los analistas no hay consenso en el elemento esencial para explicar el origen de esta crisis: unos afirman que la desregulación de los mercados financieros; otros escogen como culpables las bajas tasas de interés de la Reserva Federal, que incentivaron la toma de créditos y la búsqueda de riesgos elevados para obtener una mayor rentabilidad; los terceros eligen el riesgo moral asociado a la creencia de que las grandes entidades bancarias serían rescatadas en caso de dificultades (como así fue, excepto Lehman Brothers).
Y hay otros que entienden que la crisis fue provocada por quienes persiguiendo su exclusivo beneficio a corto plazo hicieron de las finanzas y del mundo de la empresa un coto privado opaco sin relación con la economía real.
Entre los cercanos a esta última teoría está Alain Touraine, quien en su última obra (Después de la crisis. Paidós) escribe que el comportamiento de los muy ricos, dominado por la obsesión de ordeñar los beneficios máximos, desempeñó y sigue desempeñando el papel principal en la disgregación del sistema social, es decir, "de toda posibilidad de intervención del Estado o de los asalariados en el funcionamiento de la economía".
El sociólogo francés es muy crítico con el enriquecimiento personal de los altos directivos: no existe nada en común entre los golden boys y el resto de los trabajadores, ya que mientras los primeros trabajan para quedarse con los beneficios, los demás demandan subidas salariales del 1% o del 2%.
Lo que caracteriza a la sociedad presente es que las intervenciones masivas de los Gobiernos permitieron la recuperación de los beneficios de los bancos mientras que el elevado paro generado solo disminuirá mucho tiempo después del relanzamiento de las economías. Si no existe más capacidad que la citada de intervención de una autoridad central política que se esfuerce en oponerse a la dominación de los más ricos y en mantener cierta compatibilidad entre los intereses opuestos, ya no puede hablarse de democracia.
Touraine actualiza así el concepto de rebelión de las élites, acuñado hace más de tres lustros por el historiador y sociólogo Christopher Lasch, que define el momento en el que grupos privilegiados de actores económicos y políticos, representantes de los sectores más aventajados de las sociedades, se liberan de la suerte de la mayoría y dan por concluido de modo unilateral el contrato social que los une como ciudadanos. Al aislarse en sus redes y en sus enclaves de bienestar -en su mundo- esas élites abandonan al resto de las clases sociales a su albur, fragmentan los Estados y traicionan la idea de una democracia concebida por todos los ciudadanos.
La rebelión de las élites erosiona el capital social como argamasa que mantiene unida a la sociedad. Existe un acuerdo no escrito entre los ciudadanos, sus élites y el Estado que se ha denominado contrato social. Este contrato, dice Lasch, exige la provisión de protecciones sociales y económicas básicas, incluyendo oportunidades razonables de empleo: un cierto grado de seguridad por el mero hecho de ser ciudadano (la ciudadanía económica). Una parte de ese contrato social contemplaba una cierta equidad: que los pobres compartirían las ganancias cuando la economía crece y que los ricos se distribuirían parte de las penurias sociales en las recesiones.
Krugman ha hablado de "la imprudencia de las élites" en otro sentido pero en la misma dirección: las políticas que han multiplicado el paro y empobrecido a las clases medias fueron abanderadas por pequeños grupos de personas influyentes, "en muchos casos las mismas personas que ahora nos dan lecciones a los demás sobre la necesidad de ponernos serios".
Y al tratar de echar la culpa a los ciudadanos comunes, las élites están eludiendo algunas reflexiones muy necesarias sobre sus propios errores catastróficos.
Se ha roto el contrato implícito que hay entre los ciudadanos, sus élites y el Estado
JOAQUÍN ESTEFANÍA / EL PAÍS
El Gobierno, trasponiendo una directiva comunitaria, ha regulado el sueldo de los banqueros tratando de evitar incentivos perversos que animen a los directivos a asumir riesgos que pongan en peligro las entidades. Tardía reforma de un aspecto -los emolumentos de los más altos ejecutivos- que ha causado alarma social a los perdedores de la crisis económica, que son casi todos los ciudadanos: las rentas de los grandes directivos ha pasado en el periodo de la Gran Recesión, como media, de 40 a 400 veces el salario medio.
Entre los analistas no hay consenso en el elemento esencial para explicar el origen de esta crisis: unos afirman que la desregulación de los mercados financieros; otros escogen como culpables las bajas tasas de interés de la Reserva Federal, que incentivaron la toma de créditos y la búsqueda de riesgos elevados para obtener una mayor rentabilidad; los terceros eligen el riesgo moral asociado a la creencia de que las grandes entidades bancarias serían rescatadas en caso de dificultades (como así fue, excepto Lehman Brothers).
Y hay otros que entienden que la crisis fue provocada por quienes persiguiendo su exclusivo beneficio a corto plazo hicieron de las finanzas y del mundo de la empresa un coto privado opaco sin relación con la economía real.
Entre los cercanos a esta última teoría está Alain Touraine, quien en su última obra (Después de la crisis. Paidós) escribe que el comportamiento de los muy ricos, dominado por la obsesión de ordeñar los beneficios máximos, desempeñó y sigue desempeñando el papel principal en la disgregación del sistema social, es decir, "de toda posibilidad de intervención del Estado o de los asalariados en el funcionamiento de la economía".
El sociólogo francés es muy crítico con el enriquecimiento personal de los altos directivos: no existe nada en común entre los golden boys y el resto de los trabajadores, ya que mientras los primeros trabajan para quedarse con los beneficios, los demás demandan subidas salariales del 1% o del 2%.
Lo que caracteriza a la sociedad presente es que las intervenciones masivas de los Gobiernos permitieron la recuperación de los beneficios de los bancos mientras que el elevado paro generado solo disminuirá mucho tiempo después del relanzamiento de las economías. Si no existe más capacidad que la citada de intervención de una autoridad central política que se esfuerce en oponerse a la dominación de los más ricos y en mantener cierta compatibilidad entre los intereses opuestos, ya no puede hablarse de democracia.
Touraine actualiza así el concepto de rebelión de las élites, acuñado hace más de tres lustros por el historiador y sociólogo Christopher Lasch, que define el momento en el que grupos privilegiados de actores económicos y políticos, representantes de los sectores más aventajados de las sociedades, se liberan de la suerte de la mayoría y dan por concluido de modo unilateral el contrato social que los une como ciudadanos. Al aislarse en sus redes y en sus enclaves de bienestar -en su mundo- esas élites abandonan al resto de las clases sociales a su albur, fragmentan los Estados y traicionan la idea de una democracia concebida por todos los ciudadanos.
La rebelión de las élites erosiona el capital social como argamasa que mantiene unida a la sociedad. Existe un acuerdo no escrito entre los ciudadanos, sus élites y el Estado que se ha denominado contrato social. Este contrato, dice Lasch, exige la provisión de protecciones sociales y económicas básicas, incluyendo oportunidades razonables de empleo: un cierto grado de seguridad por el mero hecho de ser ciudadano (la ciudadanía económica). Una parte de ese contrato social contemplaba una cierta equidad: que los pobres compartirían las ganancias cuando la economía crece y que los ricos se distribuirían parte de las penurias sociales en las recesiones.
Krugman ha hablado de "la imprudencia de las élites" en otro sentido pero en la misma dirección: las políticas que han multiplicado el paro y empobrecido a las clases medias fueron abanderadas por pequeños grupos de personas influyentes, "en muchos casos las mismas personas que ahora nos dan lecciones a los demás sobre la necesidad de ponernos serios".
Y al tratar de echar la culpa a los ciudadanos comunes, las élites están eludiendo algunas reflexiones muy necesarias sobre sus propios errores catastróficos.
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