JULIO FAESLER / EL SIGLO DE TORREÓN
Uno de los procesos más activos que estamos viendo en estos tiempos y en todo el mundo es el de una nueva toma de conciencia de la sociedad civil de su poder para hacer que se solucionen los problemas que han venido acumulándose en el terreno de la equidad social y el desarrollo económico.
El término de "sociedad civil" requiere aclaración. La proliferación de organizaciones ciudadanas, sean comunitarias o francamente políticas, no necesariamente significa que cada una de ellas, por sí sola, pueda representar a toda la sociedad como conjunto de aspiraciones. Llegar a tal consenso es prácticamente imposible salvo en los temas más abstractos y, por lo tanto, difícilmente concretizables en la práctica como son equidad, justicia o gobierno de todos y para todos. La fuerza más válida de la gran variedad de organizaciones cívicas está en su función de identificar y encontrar convergencias de opinión y acción en asuntos específicos coyunturales o de permanente interés.
Un ejemplo de lo anterior fue la publicación del manifiesto, publicado el pasado miércoles 5, suscrito por un grupo de asociaciones civiles encabezadas por la Coparmex y diversas personalidades, dirigido al PRI, al PVM y a Enrique Peña Nieto, exigiendo la aprobación legislativa de la reforma política pendiente sin la cual permanecerá vivo el "viejo y obsoleto orden político que ya no responde a las necesidades de los mexicanos".
Para que realmente sirva la reforma en cuestión, tiene que incluir la reelección de presidentes municipales y legisladores, la consulta popular y las candidaturas independientes. Hace años que instrumentos figuran en las demandas ciudadanas. El PRI se ha opuesto. Ha tratado de disfrazar su rechazo con todo género de argucias. Es interesante notar que no sólo el PRI, sino también López Obrador está en contra de la reelección legislativa.
Enrique Peña Nieto precandidato del PRI, se ha pronunciado además por reinstaurar la cláusula de gobernabilidad por la que, a la usanza antigua, alcanzando cierto porcentaje de curules, un partido gozaría de la mayoría absoluta en una Cámara sin haberla merecido en las urnas. Con ello se revertiría una importante victoria de los movimientos ciudadanos.
A medida que avance el proceso electoral hacia las elecciones de 2012, habremos de observar la mayor fuerza y madurez de las organizaciones cívicas. Como en todo el mundo el quehacer político está desprestigiado. En México la ineficiencia de la partidocracia en que hemos caído está orillando a la ciudadanía a entender que no debe esperar más tiempo para hacer valer el poder de su voto del que no puede dudarse desde que en 1997 logramos una nueva conformación en la Cámara de Diputados, ya sin la mayoría del PRI o en las elecciones presidenciales de 2000 en que tras de 70 años de hegemonía el PRI fue derrotado.
Ejercer el poder electoral de la ciudadanía puede verse como cálculo de costos y beneficios. El costo más obvio, es el que hasta la fecha la ciudadanía mexicana no ha querido pagar. Involucrarse directa y personalmente en imponer su voluntad en las urnas y no simplemente dejarse llevar por cómodas inercias es tarea que requiere tiempo y entrega. Lo que ha faltado es molestarse en examinar cuidadosamente las propuestas de los candidatos y, al momento de votar, aplicar con independencia de criterio el resultado de sus análisis. El costo que para el ciudadano signifique interesarse en tomar una cuidadosa decisión en las elecciones se corresponde con los beneficios que él mismo recibirá con un mejor país para él y sus hijos.
Una gran parte de la población aún se deja llevar por las dádivas y promesas que le ofrece el bien conocido aparato político tradicional que con estos instrumentos se perpetuó durante décadas. Otro sector vota para mantenerse en la comodidad personal que goza, sin pensar en la influencia que su voto puede tener. Por último, hay quienes se jactan de estar completamente desinteresados en todo lo político, pese a que con ello, aun admitiendo que sus condiciones personales, familiares y económicas las determine la despreciada clase política que tanto censuran.
El grado en que México alcance la democracia dependerá no tanto de los políticos, sino de la efectiva acción que los ciudadanos ejerzamos sobre ellos. Estamos presenciando eventos en algunos países, hasta en Estados Unidos y los europeos, donde los grupos inconformes se expresan con vehemencia y convicción en las calles y en las plazas por diversas razones sociales y económicas.
Aquí, los candidatos presidenciales tendrán que responder a semejantes muestras de impaciencia con programas bien aterrizados, no con discursos, sino en las realidades cotidianas con un humanismo político realista y muy convincente.
Uno de los procesos más activos que estamos viendo en estos tiempos y en todo el mundo es el de una nueva toma de conciencia de la sociedad civil de su poder para hacer que se solucionen los problemas que han venido acumulándose en el terreno de la equidad social y el desarrollo económico.
El término de "sociedad civil" requiere aclaración. La proliferación de organizaciones ciudadanas, sean comunitarias o francamente políticas, no necesariamente significa que cada una de ellas, por sí sola, pueda representar a toda la sociedad como conjunto de aspiraciones. Llegar a tal consenso es prácticamente imposible salvo en los temas más abstractos y, por lo tanto, difícilmente concretizables en la práctica como son equidad, justicia o gobierno de todos y para todos. La fuerza más válida de la gran variedad de organizaciones cívicas está en su función de identificar y encontrar convergencias de opinión y acción en asuntos específicos coyunturales o de permanente interés.
Un ejemplo de lo anterior fue la publicación del manifiesto, publicado el pasado miércoles 5, suscrito por un grupo de asociaciones civiles encabezadas por la Coparmex y diversas personalidades, dirigido al PRI, al PVM y a Enrique Peña Nieto, exigiendo la aprobación legislativa de la reforma política pendiente sin la cual permanecerá vivo el "viejo y obsoleto orden político que ya no responde a las necesidades de los mexicanos".
Para que realmente sirva la reforma en cuestión, tiene que incluir la reelección de presidentes municipales y legisladores, la consulta popular y las candidaturas independientes. Hace años que instrumentos figuran en las demandas ciudadanas. El PRI se ha opuesto. Ha tratado de disfrazar su rechazo con todo género de argucias. Es interesante notar que no sólo el PRI, sino también López Obrador está en contra de la reelección legislativa.
Enrique Peña Nieto precandidato del PRI, se ha pronunciado además por reinstaurar la cláusula de gobernabilidad por la que, a la usanza antigua, alcanzando cierto porcentaje de curules, un partido gozaría de la mayoría absoluta en una Cámara sin haberla merecido en las urnas. Con ello se revertiría una importante victoria de los movimientos ciudadanos.
A medida que avance el proceso electoral hacia las elecciones de 2012, habremos de observar la mayor fuerza y madurez de las organizaciones cívicas. Como en todo el mundo el quehacer político está desprestigiado. En México la ineficiencia de la partidocracia en que hemos caído está orillando a la ciudadanía a entender que no debe esperar más tiempo para hacer valer el poder de su voto del que no puede dudarse desde que en 1997 logramos una nueva conformación en la Cámara de Diputados, ya sin la mayoría del PRI o en las elecciones presidenciales de 2000 en que tras de 70 años de hegemonía el PRI fue derrotado.
Ejercer el poder electoral de la ciudadanía puede verse como cálculo de costos y beneficios. El costo más obvio, es el que hasta la fecha la ciudadanía mexicana no ha querido pagar. Involucrarse directa y personalmente en imponer su voluntad en las urnas y no simplemente dejarse llevar por cómodas inercias es tarea que requiere tiempo y entrega. Lo que ha faltado es molestarse en examinar cuidadosamente las propuestas de los candidatos y, al momento de votar, aplicar con independencia de criterio el resultado de sus análisis. El costo que para el ciudadano signifique interesarse en tomar una cuidadosa decisión en las elecciones se corresponde con los beneficios que él mismo recibirá con un mejor país para él y sus hijos.
Una gran parte de la población aún se deja llevar por las dádivas y promesas que le ofrece el bien conocido aparato político tradicional que con estos instrumentos se perpetuó durante décadas. Otro sector vota para mantenerse en la comodidad personal que goza, sin pensar en la influencia que su voto puede tener. Por último, hay quienes se jactan de estar completamente desinteresados en todo lo político, pese a que con ello, aun admitiendo que sus condiciones personales, familiares y económicas las determine la despreciada clase política que tanto censuran.
El grado en que México alcance la democracia dependerá no tanto de los políticos, sino de la efectiva acción que los ciudadanos ejerzamos sobre ellos. Estamos presenciando eventos en algunos países, hasta en Estados Unidos y los europeos, donde los grupos inconformes se expresan con vehemencia y convicción en las calles y en las plazas por diversas razones sociales y económicas.
Aquí, los candidatos presidenciales tendrán que responder a semejantes muestras de impaciencia con programas bien aterrizados, no con discursos, sino en las realidades cotidianas con un humanismo político realista y muy convincente.
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