Mario Rodarte E. / El Financiero
Finalmente se alcanzó un consenso para completar los recursos para financiar un gasto público total de 3.7 billones de pesos para 2012, sin grandes sorpresas, en especial del tipo que sería conveniente tener en una economía que se enfría lentamente y que pronto podría estar sufriendo los efectos del lento crecimiento global.
Prácticamente de todos los rincones y trincheras surgen llamados para aplicarse a realizar cambios en la estructura legal e institucional del país, a efecto de que podamos crecer un poco más rápido, para eliminar, paulatinamente, pero en forma definitiva, el problema de pobreza en el país.
Las diversas encuestas y publicaciones periódicamente llaman la atención hacia los problemas que los expertos, los economistas, los financieros y la gente enterada, perciben, pero al parecer a nuestros políticos sólo les importan las encuestas que reportan que van arriba en las preferencias.
El presupuesto aprobado no contiene nada que pueda ayudar a fortalecer el mercado interno, salvo lo que los gobernadores desvíen de su presupuesto para campañas y gastos electorales, que servirán de paliativo para contener las protestas de la gente, sobre todo jóvenes que no encuentran trabajo.
Se siguen desperdiciando enormes cantidades en burocracia y en programas que no tienen efectos; hasta ahora hemos visto que sólo sirven para enriquecer a unos cuantos, como las cuotas que se pagan a los sindicatos, supuestamente para programas en beneficio de los trabajadores afiliados, pero que, nuevamente, enriquecen más a los líderes y a su círculo cercano.
El gasto corriente, aunque dice el gobierno federal que se ha contenido, ahora los estados y municipios se encargan de ejercerlo en forma libre y ampliada. En lo que no se han fijado, no les informan, o no les importa, es que se van generando enormes pasivos para cuando esa burocracia se retire. Pero no importa, pues el gobierno federal saldrá, como siempre, a rescatarlos.
Seguimos desperdiciando enormes cantidades en un aparato fiscal distorsionado, ineficiente e injusto, que aunque el gobierno sostiene que ha crecido mucho el número de causantes, lo que pagan en promedio es tan ridículamente pequeño que no queda otra que reconocer que son causantes que no pagan, como aquellos afiliados a las Afore, que por ser inactivos no cotizan y sólo generan un gasto administrativo.
Ni siquiera un intento para corregir alguna de las distorsiones del esquema fiscal, ya que somos tan arrogantes que no aceptamos pequeños cambios en forma paulatina, y sólo aceptaremos cuando nuestro paquete favorito sea aceptado. Total, los causantes es lo menos importante del sistema, y mientras sigan pagando, que se mantengan las cosas sin cambiar.
A pesar de los problemas climáticos que se están viviendo en algunas regiones del país, lo más seguro es que sólo se añadan pequeñas partidas al gasto para el sector agropecuario, las cuales serán repartidas cuando alguna gira oficial, por alguna entidad, obligue a los funcionarios a repartir dinero entre los supuestos afectados, lo cual, todos sabemos, beneficia más a los líderes.
Programas para elevar la productividad del campo no hay, y seguiremos registrando la más baja productividad en la producción de maíz, igual a la que obtuvimos en 1970. No importa que muchos productores casi mueran de hambre; el dinero se reparte de acuerdo con lo que los legisladores y los líderes acordaron, y los demás problemas, pues ya vendrá otra administración que los resolverá. Aquí ya se acabó el tiempo.
La inversión en infraestructura es otro de los programas que seguirá frenado. No se aprueban los cambios a la ley para los contratos de participación público-privada, y sin ellos el presupuesto federal es claramente insuficiente, pero nadie reclama. De los recursos que son repartidos a los estados, los gobernadores prefieren hacer un uso discrecional, desperdiciarlos, en lugar de en verdad concentrarse en promover obra e inversión para sus entidades.
La burocracia en todos los programas sociales es tan grande y se multiplica varias veces con esa absurda idea de tener delegaciones y oficinas estatales y regionales, que sus beneficios son desesperadamente limitados. Nuevamente son los líderes quienes se benefician y posiblemente algunos funcionarios, a quienes les importa que el problema nunca se resuelva, pues de lo contrario el programa se cerraría y no sabrían qué hacer para vivir. ¿Trabajar?, ¡ni en sueños!
Otro de los desperdicios enormes en el presupuesto son los recursos que se destinan a los famosos programas de comunicación social. Aparte de comprar algunos favores y mantener vivos a medios que deberían desaparecer, se destinan millones para diseñar y transmitir mensajes que anuncian las bondades de lo que algún funcionario hace, pero que la gente no escucha ni le interesa el contenido, y si lo hace, sabe perfectamente que lo que está escuchando son mentiras oficiales.
De este tipo de desperdicios y otros un poco más ocultos está lleno el presupuesto de egresos para el siguiente año. Nadie ha reparado en la necesidad de prender y ofrecer veladoras para que la economía de los vecinos del norte no se desacelere más de la cuenta; de lo contrario habría que ver qué diablos vamos a hacer para atender la emergencia. ¿Tocar lo ya dispuesto para los programas y desperdicios aprobados?, ¡ni soñarlo! Primero incurrir en un déficit ligeramente mayor que recortar o hacer un uso más eficiente de los recursos.
Así pasarán los años sin que nadie proteste, y a menos que suceda un milagro, las cosas nunca van a cambiar. Seguiremos creciendo a una tasa raquítica y arrastrando las desgracias de ser un país subdesarrollado, que tiene todo para desarrollarse pero que no quiere.
Finalmente se alcanzó un consenso para completar los recursos para financiar un gasto público total de 3.7 billones de pesos para 2012, sin grandes sorpresas, en especial del tipo que sería conveniente tener en una economía que se enfría lentamente y que pronto podría estar sufriendo los efectos del lento crecimiento global.
Prácticamente de todos los rincones y trincheras surgen llamados para aplicarse a realizar cambios en la estructura legal e institucional del país, a efecto de que podamos crecer un poco más rápido, para eliminar, paulatinamente, pero en forma definitiva, el problema de pobreza en el país.
Las diversas encuestas y publicaciones periódicamente llaman la atención hacia los problemas que los expertos, los economistas, los financieros y la gente enterada, perciben, pero al parecer a nuestros políticos sólo les importan las encuestas que reportan que van arriba en las preferencias.
El presupuesto aprobado no contiene nada que pueda ayudar a fortalecer el mercado interno, salvo lo que los gobernadores desvíen de su presupuesto para campañas y gastos electorales, que servirán de paliativo para contener las protestas de la gente, sobre todo jóvenes que no encuentran trabajo.
Se siguen desperdiciando enormes cantidades en burocracia y en programas que no tienen efectos; hasta ahora hemos visto que sólo sirven para enriquecer a unos cuantos, como las cuotas que se pagan a los sindicatos, supuestamente para programas en beneficio de los trabajadores afiliados, pero que, nuevamente, enriquecen más a los líderes y a su círculo cercano.
El gasto corriente, aunque dice el gobierno federal que se ha contenido, ahora los estados y municipios se encargan de ejercerlo en forma libre y ampliada. En lo que no se han fijado, no les informan, o no les importa, es que se van generando enormes pasivos para cuando esa burocracia se retire. Pero no importa, pues el gobierno federal saldrá, como siempre, a rescatarlos.
Seguimos desperdiciando enormes cantidades en un aparato fiscal distorsionado, ineficiente e injusto, que aunque el gobierno sostiene que ha crecido mucho el número de causantes, lo que pagan en promedio es tan ridículamente pequeño que no queda otra que reconocer que son causantes que no pagan, como aquellos afiliados a las Afore, que por ser inactivos no cotizan y sólo generan un gasto administrativo.
Ni siquiera un intento para corregir alguna de las distorsiones del esquema fiscal, ya que somos tan arrogantes que no aceptamos pequeños cambios en forma paulatina, y sólo aceptaremos cuando nuestro paquete favorito sea aceptado. Total, los causantes es lo menos importante del sistema, y mientras sigan pagando, que se mantengan las cosas sin cambiar.
A pesar de los problemas climáticos que se están viviendo en algunas regiones del país, lo más seguro es que sólo se añadan pequeñas partidas al gasto para el sector agropecuario, las cuales serán repartidas cuando alguna gira oficial, por alguna entidad, obligue a los funcionarios a repartir dinero entre los supuestos afectados, lo cual, todos sabemos, beneficia más a los líderes.
Programas para elevar la productividad del campo no hay, y seguiremos registrando la más baja productividad en la producción de maíz, igual a la que obtuvimos en 1970. No importa que muchos productores casi mueran de hambre; el dinero se reparte de acuerdo con lo que los legisladores y los líderes acordaron, y los demás problemas, pues ya vendrá otra administración que los resolverá. Aquí ya se acabó el tiempo.
La inversión en infraestructura es otro de los programas que seguirá frenado. No se aprueban los cambios a la ley para los contratos de participación público-privada, y sin ellos el presupuesto federal es claramente insuficiente, pero nadie reclama. De los recursos que son repartidos a los estados, los gobernadores prefieren hacer un uso discrecional, desperdiciarlos, en lugar de en verdad concentrarse en promover obra e inversión para sus entidades.
La burocracia en todos los programas sociales es tan grande y se multiplica varias veces con esa absurda idea de tener delegaciones y oficinas estatales y regionales, que sus beneficios son desesperadamente limitados. Nuevamente son los líderes quienes se benefician y posiblemente algunos funcionarios, a quienes les importa que el problema nunca se resuelva, pues de lo contrario el programa se cerraría y no sabrían qué hacer para vivir. ¿Trabajar?, ¡ni en sueños!
Otro de los desperdicios enormes en el presupuesto son los recursos que se destinan a los famosos programas de comunicación social. Aparte de comprar algunos favores y mantener vivos a medios que deberían desaparecer, se destinan millones para diseñar y transmitir mensajes que anuncian las bondades de lo que algún funcionario hace, pero que la gente no escucha ni le interesa el contenido, y si lo hace, sabe perfectamente que lo que está escuchando son mentiras oficiales.
De este tipo de desperdicios y otros un poco más ocultos está lleno el presupuesto de egresos para el siguiente año. Nadie ha reparado en la necesidad de prender y ofrecer veladoras para que la economía de los vecinos del norte no se desacelere más de la cuenta; de lo contrario habría que ver qué diablos vamos a hacer para atender la emergencia. ¿Tocar lo ya dispuesto para los programas y desperdicios aprobados?, ¡ni soñarlo! Primero incurrir en un déficit ligeramente mayor que recortar o hacer un uso más eficiente de los recursos.
Así pasarán los años sin que nadie proteste, y a menos que suceda un milagro, las cosas nunca van a cambiar. Seguiremos creciendo a una tasa raquítica y arrastrando las desgracias de ser un país subdesarrollado, que tiene todo para desarrollarse pero que no quiere.
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