JOSÉ FERNÁNDEZ SANTILLÁN / EL UNIVERSAL
Hay una flagrante contradicción entre lo que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó el 28 de agosto de 2008 al declarar la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, y lo que decidió la semana pasada al no frenar la reforma al artículo séptimo de la Constitución de Baja California, la cual establece que el ser humano está protegido legalmente desde el momento de la concepción y tampoco echar para atrás el artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí, que también penaliza el aborto.
El asunto es grave porque otros 15 estados de la República han legislado en contra de la interrupción del embarazo. En razón de esta decisión diferenciada, y según la entidad en la cual se encuentre una mujer que aborte, se le aplicará una sanción distinta en comparación con otra mujer que haya interrumpido su embarazo en una entidad federativa distinta.
Es ésta una situación contraria al derecho moderno que prescribe la igualdad de derechos en una misma nación; es la "refeudalización" de la norma jurídica.
A esto hay que agregar otra aberración: los cuatro ministros que votaron en contra de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Baja California y San Luis Potosí también pasaron por alto un postulado fundamental del derecho moderno: la dignidad de la persona humana. Concuerdo con lo dicho por el ministro Arturo Zaldívar: "Sostuve y sostengo que hay un derecho fundamental a la interrupción del embarazo que no se deriva del artículo cuarto constitucional, sino de los derechos reproductivos de la mujer, de la dignidad humana y la especial dignidad de la mujer… dignidad de la mujer que no podemos desconocer y de la que ninguno de los que votaron en contra se ha hecho cargo" (El Universal, 29/IX/11).
Estos dislates jurídicos tienen ya consecuencias políticas y sociales. Trastocaron las bases laicas de nuestras instituciones y leyes. En ello metió su cuchara el presidente Felipe Calderón al pedir al Senado retirar la declaración interpretativa del Pacto de San José. Ostentosamente, la oficina presidencial emitió un comunicado en el que se dice que de esta manera nuestro país refrenda su "compromiso con el derecho a la vida como un bien jurídicamente tutelado por el derecho mexicano". Empero, no se puede hablar a nombre de todos los mexicanos desde una posición parcial.
En contraste con esa declaración presidencial habría que recordar que el formalismo jurídico establece una diferencia entre la moral y el derecho. Esta diferencia es importante porque hasta que no se definieron los límites entre una y otro, tanto las autoridades civiles como las eclesiásticas se entrometieron en asuntos que conciernen a la conciencia individual. La penalización del aborto es un castigo absurdo en contra de la autonomía de las mujeres. Se les ha quitado la posibilidad de decidir sobre lo más sagrado y elemental que poseen, su propio cuerpo.
Abramos los ojos: está en curso una verdadera y propia regresión de cuño confesional. La aparente "defensa de la vida" tiene como propósito recuperar el espacio que ocuparon, tristemente, el clericalismo y el oscurantismo durante muchos siglos. El ataque es frontal contra el aborto, la contracepción (incluido el preservativo), el divorcio, la investigación con células estaminales, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia. El ataque contra la modernidad apenas empieza.
Hay una flagrante contradicción entre lo que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó el 28 de agosto de 2008 al declarar la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, y lo que decidió la semana pasada al no frenar la reforma al artículo séptimo de la Constitución de Baja California, la cual establece que el ser humano está protegido legalmente desde el momento de la concepción y tampoco echar para atrás el artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí, que también penaliza el aborto.
El asunto es grave porque otros 15 estados de la República han legislado en contra de la interrupción del embarazo. En razón de esta decisión diferenciada, y según la entidad en la cual se encuentre una mujer que aborte, se le aplicará una sanción distinta en comparación con otra mujer que haya interrumpido su embarazo en una entidad federativa distinta.
Es ésta una situación contraria al derecho moderno que prescribe la igualdad de derechos en una misma nación; es la "refeudalización" de la norma jurídica.
A esto hay que agregar otra aberración: los cuatro ministros que votaron en contra de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Baja California y San Luis Potosí también pasaron por alto un postulado fundamental del derecho moderno: la dignidad de la persona humana. Concuerdo con lo dicho por el ministro Arturo Zaldívar: "Sostuve y sostengo que hay un derecho fundamental a la interrupción del embarazo que no se deriva del artículo cuarto constitucional, sino de los derechos reproductivos de la mujer, de la dignidad humana y la especial dignidad de la mujer… dignidad de la mujer que no podemos desconocer y de la que ninguno de los que votaron en contra se ha hecho cargo" (El Universal, 29/IX/11).
Estos dislates jurídicos tienen ya consecuencias políticas y sociales. Trastocaron las bases laicas de nuestras instituciones y leyes. En ello metió su cuchara el presidente Felipe Calderón al pedir al Senado retirar la declaración interpretativa del Pacto de San José. Ostentosamente, la oficina presidencial emitió un comunicado en el que se dice que de esta manera nuestro país refrenda su "compromiso con el derecho a la vida como un bien jurídicamente tutelado por el derecho mexicano". Empero, no se puede hablar a nombre de todos los mexicanos desde una posición parcial.
En contraste con esa declaración presidencial habría que recordar que el formalismo jurídico establece una diferencia entre la moral y el derecho. Esta diferencia es importante porque hasta que no se definieron los límites entre una y otro, tanto las autoridades civiles como las eclesiásticas se entrometieron en asuntos que conciernen a la conciencia individual. La penalización del aborto es un castigo absurdo en contra de la autonomía de las mujeres. Se les ha quitado la posibilidad de decidir sobre lo más sagrado y elemental que poseen, su propio cuerpo.
Abramos los ojos: está en curso una verdadera y propia regresión de cuño confesional. La aparente "defensa de la vida" tiene como propósito recuperar el espacio que ocuparon, tristemente, el clericalismo y el oscurantismo durante muchos siglos. El ataque es frontal contra el aborto, la contracepción (incluido el preservativo), el divorcio, la investigación con células estaminales, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia. El ataque contra la modernidad apenas empieza.
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