La paraestatal y Sacyr prohíben a sus directivos adquirir más acciones de la española
Plantea eliminar filiales en el extranjero
Israel Rodríguez J. / Periódico La Jornada
En su voto razonado expuesto en la junta del consejo de administración de Pemex, el pasado 18 de octubre, Gasca Neri se manifestó en favor de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano de fiscalización del Congreso, mediante una
revisión de situación excepcionalinvestigue esta operación, con objeto de despejar cualquier duda sobre su legalidad y pertinencia”.
El consejero profesional independiente propuso separar la dirección general de Pemex, encabezada por Juan José Suárez Coppel, del manejo de este asunto, previo acuerdo del consejo de administración.
En este sentido se sugiere que el consejo de administración nombre a un consejero profesional como delegado del consejo de administración, cuya misión será vigilar el cumplimiento de los acuerdos y, en su caso, reconstruir la relación con Repsol y sus directivos.
Este delegado, agregó, le reportaría al consejo de administración en forma periódica y mantendría una comunicación permanente con los titulares de las secretarías de Energía, de Hacienda y de la Auditoría Superior de la Federación.
En tanto, el director general, el abogado general de Pemex, los directores de finanzas de la paraestatal y de PMI le reportarán directamente sobre este asunto específicamente, y le darán toda la información y colaboración que requiera.
El pasado 29 de agosto, Pemex dio a conocer el aumento de su participación accionaria en la española Repsol de 4.8 a 9.8 por ciento y la suscripción de un acuerdo con vigencia de 10 años con la constructora española Sacyr-Vallehermoso, que posee 20.1 por ciento en Repsol, por medio del cual se compromete el voto común entre ambas empresas.
Sin embargo, ante tantas interrogantes no resueltas y la opacidad con la que actuó la dirección general de Pemex sobre la conveniencia de esta operación, que involucró al menos unos mil 600 millones de dólares, el funcionario recomendó instruir al director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, llevar a cabo lo conducente para cancelar el convenio con Sacyr.
Explicó que el texto del convenio Sacyr-Pemex indica que éste puede ser cancelado mediante el acuerdo mutuo o cuando algunas de las partes viole cualquiera de las cláusulas. Ambas cosas han sucedido, aseguró.
Recordó que Sacyr ofrece a los bancos las acciones que tiene de Repsol en garantía, para la restructuración de su deuda, por unos 4 mil 900 millones de euros, lo que nulifica el convenio con Pemex de que ambos sólo pueden vender sus acciones conjuntas.
El dar en garantía las acciones hace imposible que Sacyr cumpla con el convenio con Pemex en este respecto.
Además los bancos recomiendan a Sacyr vender una parte de sus acciones de Repsol, para generar suficiente efectivo que le permita cumplir con sus compromisos financieros, cuyo vencimiento será el próximo 21 de diciembre de 2011.
Gasca Neri indicó que este tema con todas sus aristas apenas comienza
y estará con nosotros por un buen tiempo. Por lo que exigió que las decisiones que se tomen
deben caracterizarse por la prudencia, alto nivel de miras y siempre teniendo en mente a Pemex.
Planteó la desaparición de las filiales que ya no tienen razón de ser pues la Ley de Obra Pública ya no se aplica a Pemex, sino que ahora cuenta con la flexibilidad de las disposiciones administrativas de contratación.
En el documento, el funcionario cuestiona los aparentes beneficios de esta asociación y reitera que la ampliación en la participación de Repsol y el acuerdo de voto sindicado con Sacyr, debió de haber obtenido la autorización del consejo de administración de Pemex porque es un tema estratégico, y al no presentarse a autorización del consejo, se violan los principios fundamentales de gobierno corporativo.
Medida de protección para no superar 30%, lo que los obligaría a presentar una OPA
Armando G. Tejeda Corresponsal
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la constructora española Sacyr enviaron de forma conjunta un documento a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que le informan que ya suman 29.58 por ciento de las acciones de Repsol, y que le han prohibido expresamente a sus directivos la adquisición de más títulos de la petrolera española. Esta medida supone una doble protección para el futuro: evitar superar 30 por ciento, lo que les obligaría a presentar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), con un valor de mercado de 25 mil millones de euros. Además de suponer una medida de protección ante una nueva ofensiva del defenestrado Luis del Rivero, ex presidente de Sacyr e ideólogo de la operación conjunta con Pemex para controlar Repsol.
En menos de dos semanas, el escenario y los protagonistas han cambiado radicalmente. Hace una semana, el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, y el entonces presidente de Sacyr, Del Rivero, anunciaron la impugnación del acta del consejo de administración de Repsol del pasado 27 de septiembre, en el que les instaron a romper su alianza de sindicación de acciones y a garantizar que su estrategia no iba en contra de los intereses de la empresa petrolera. Hoy, dos días después del último consejo de administración de Repsol, Pemex sigue aliado a Sacyr, pero en la constructora española hay una nueva estrategia y otro presidente, Manuel Manrique, que optó por aliarse con los dos accionistas críticos con la operación con Pemex, Juan Abelló y Demetrio Carceller. Mientras que Del Rivero fue destituido de su cargo en Sacyr e intenta maniobrar para recuperar la iniciativa y el control del emporio que fundó, para lo que se ha negado a renunciar a su puesto de consejero en Repsol, donde ahora sólo ocupa el sillón de la consejería dominical y fue apartado de sus cargos de vicepresidente y vocal de la Comisión Delegada.
Suárez Coppel estuvo de lunes a jueves en Madrid, donde mantuvo una intensa agenda privada para intentar enderezar una operación que costó a la paraestatal mil 600 millones de dólares. Una de las decisiones fue la de enviar a la CNMV un hecho relevante en el que ambas compañías informaron de sus acciones y aclararon que su intención es no comprar más. Y así evitar la presentación de la OPA.
En el documento explican que la participación de ambos accionistas en Repsol YPF, SA, asciende a fecha de hoy a 361 millones 137mil 38 acciones de Repsol, representativas de 29.580461 por ciento de su capital y de los derechos de voto
. A continuación detallan que Grupo Pemex es titular, directa o indirectamente de 115 millones 884 mil 40 acciones y/o derechos de voto de Repsol, representativas de 9.49 por ciento de su capital social
. Por lo que la paraestatal no tiene atribuido, a efectos de lo dispuesto en el artículo 5.1 del Real Decreto, ningún derecho de voto adicional en Repsol
. Es decir, mantiene a un consejero, una vez que para tener dos debería acumular al menos 12.5 por ciento.
Posible ofensiva de Del Rivero
Pero tanto Sacyr como Pemex añaden en su escrito que no tienen una participación de control en Repsol tal y como ésta está definida en la normativa sobre Ofertas Públicas de Adquisición de Valores aplicable y vigente
. Pero que aún así “han procedido a comunicar por escrito a todos y cada uno de los consejeros de sus respectivos grupos la prohibición establecida en la cláusula 6.3 del Acuerdo de Accionistas
de adquirir acciones de Repsol o de cualquier otro valor o instrumento financiero ligado a dichas acciones y han tomado las medidas oportunas para que todos los afectados tengan conocimiento de la prohibición que les ha sido impuesta”. Esta medida parece estar pensada para evitar una nueva estrategia de Del Rivero, que podría intentar forzar una OPA sobre Repsol, a pesar de que ésto supondría la garantía de las dos compañía de unos 27 mil millones de euros.
Sacyr se encuentra en un momento delicado, inmerso en la renegociación de su deuda, que supera los 11 mil millones de euros, por lo que se prevé que tenga que vender una parte de sus acciones en Repsol para hacer frente a los pagos que tiene comprometidos con más de 20 bancos. Esto supondría, también, la ruptura de facto de la alianza de sindicación de acciones con Pemex, que sólo tendría derecho a tener prioridad en la compra de los títulos que venda Sacyr.
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