León Bendesky / La Jornada
En Estados Unidos dicen, con ingenio, que hace diez años tenían al empresario Steve Jobs, al cómico Bob Hope y al cantante Johnny Cash, pero que ahora no tienen trabajos (jobs), ni esperanza (hope), ni efectivo (cash). Lo mismo pueden decir en Europa, pues en ambos lados del Atlántico prevalece un completa incapacidad política para poner a la economía en el lugar que debería estar: creando riqueza.
En el entorno político, los partidos de cualquier signo ideológico, estén en el gobierno o en la oposición, no aciertan a proponer una forma distinta de encarar una crisis que, lejos de empezar a superarse, tiende a hacerse todavía más honda.
No se resuelve el asunto de las deudas soberanas y, en cambio, se imponen cada vez más recortes al gasto del gobierno, rebasado ya el límite de la atención mínima a la gente y el de la tolerancia social.
En el condado de Los Ángeles, California, más de 2 millones de personas no cuentan con seguro de salud. Hace unos días, la organización CareNow atendió gratuitamente a 5 mil personas con consultas básicas en un estadio deportivo (donde Kennedy ganó la nominación demócrata para las elecciones en 1960). En ese estado la tasa de desempleo llega a 12 por ciento.
En Europa la gente sale a la calle en protesta contra los bárbaros recortes a la educación pública y la salud; los sindicatos se rebelan contra los efectos del constante y cada vez más grande deterioro de la economía. Las familias siguen perdiendo sus casas como resultado de las deudas hipotecarias y hay millones desempleados y subempleados.
El desperdicio de recursos es enorme y también el de la energía colectiva, lo que lleva a mayor frustración y a la pérdida efectiva del bienestar que tomará mucho tiempo reponer. Esto ocurre en medio de una creciente desigualdad entre los grupos de la población, y le impone así un tono aún más grave. Otras contradicciones sociales han surgido por todo el planeta (sí, también en México) y su naturaleza y consecuencias no pueden eliminarse de las variables de la ecuación política.
A principios de la década de 1970 Nicholas Georgescu-Roegen argumentó en su libro La ley de la entropía y el proceso económico que el crecimiento económico incrementaba la entropía: la energía utilizable se disipa y no puede reciclarse. De ahí, anticipaba que la economía no puede crecer permanentemente a pesar de los avances tecnológicos. Así, por ejemplo, a medida que se agotan las fuentes de energía fósil, debería tenderse a formas más simples de existencia, y el ajuste debería ser pausado y no catastrófico.
Las ideas de Georgescu-Roegen han sido descartadas por el pensamiento económico convencional, pero hoy pueden ser una referencia útil para examinar los procesos sociales junto con los determinantes materiales en la perspectiva de la economía política. Un componente de la crisis actual, que no debe quedar en segundo plano, ha sido precisamente la elevación de los precios del petróleo crudo y de los alimentos.
El aumento de la población, junto con el incremento de las expectativas de vida y el uso extensivo de los recursos naturales, apuntan a una necesidad de adaptar la forma en que se aprovechan y se sustituyen. Igualmente, hay que reconsiderar los modos de producción y de distribución que se han llevado al extremo de inoperancia en el entorno de la liberalización económica a ultranza, incluidas las pautas de la política fiscal asociada con los impuestos y los subsidios.
Las disputas por el agua, la tierra, la posibilidad de tener trabajo y la oferta general de satisfactores, constituyen elementos que se integran a los posibles escenarios sociales que se prefiguran. Estos no se proyectan hacia una mayor armonía, sino que se asocian con fuentes de crecientes conflictos, cuya posibilidad no puede barrerse de manera políticamente conveniente por debajo de la alfombra.
La crisis económica actual no está disociada de los límites del crecimiento y de los enfrentamientos que ellos provocan, sino que le imponen, además, un componente financiero y de gestión de las políticas públicas que tiende a crisparlos aún más.
La creación y mantenimiento de la burbuja inmobiliaria desde fines de los años 1990 y su explosivo fin, tiene una relación con las medidas de la política monetaria aplicada por los bancos centrales, especialmente pero no sólo en Estados Unidos, y con el papel del gobierno en la regulación.
El análisis de la crisis no se puede constreñir al comportamiento de los mercados financieros y la colocación de deudas con carácter eminentemente especulativo o al hecho de que la incertidumbre es inescapable.
En todo caso, el comportamiento de los mercados financieros pudo acrecentar las deudas privadas y públicas y, efectivamente, crear una confusión entre la expansión del crédito y la creación de riqueza. Este par no se da necesariamente de manera conjunta.
La economía de la producción y la creación de empleos no puede forzarse a crecer al ritmo de las tasas compuestas de interés de las deudas. Hoy, incluso estas últimas son imposibles de mantener. En la Unión Europea se pretende castigar los bonos de la deuda griega hasta en 60 por ciento, lo que puede tomarse apenas como una medida de la discrepancia que hay entre las variables financieras y las de la economía real.
En Estados Unidos dicen, con ingenio, que hace diez años tenían al empresario Steve Jobs, al cómico Bob Hope y al cantante Johnny Cash, pero que ahora no tienen trabajos (jobs), ni esperanza (hope), ni efectivo (cash). Lo mismo pueden decir en Europa, pues en ambos lados del Atlántico prevalece un completa incapacidad política para poner a la economía en el lugar que debería estar: creando riqueza.
En el entorno político, los partidos de cualquier signo ideológico, estén en el gobierno o en la oposición, no aciertan a proponer una forma distinta de encarar una crisis que, lejos de empezar a superarse, tiende a hacerse todavía más honda.
No se resuelve el asunto de las deudas soberanas y, en cambio, se imponen cada vez más recortes al gasto del gobierno, rebasado ya el límite de la atención mínima a la gente y el de la tolerancia social.
En el condado de Los Ángeles, California, más de 2 millones de personas no cuentan con seguro de salud. Hace unos días, la organización CareNow atendió gratuitamente a 5 mil personas con consultas básicas en un estadio deportivo (donde Kennedy ganó la nominación demócrata para las elecciones en 1960). En ese estado la tasa de desempleo llega a 12 por ciento.
En Europa la gente sale a la calle en protesta contra los bárbaros recortes a la educación pública y la salud; los sindicatos se rebelan contra los efectos del constante y cada vez más grande deterioro de la economía. Las familias siguen perdiendo sus casas como resultado de las deudas hipotecarias y hay millones desempleados y subempleados.
El desperdicio de recursos es enorme y también el de la energía colectiva, lo que lleva a mayor frustración y a la pérdida efectiva del bienestar que tomará mucho tiempo reponer. Esto ocurre en medio de una creciente desigualdad entre los grupos de la población, y le impone así un tono aún más grave. Otras contradicciones sociales han surgido por todo el planeta (sí, también en México) y su naturaleza y consecuencias no pueden eliminarse de las variables de la ecuación política.
A principios de la década de 1970 Nicholas Georgescu-Roegen argumentó en su libro La ley de la entropía y el proceso económico que el crecimiento económico incrementaba la entropía: la energía utilizable se disipa y no puede reciclarse. De ahí, anticipaba que la economía no puede crecer permanentemente a pesar de los avances tecnológicos. Así, por ejemplo, a medida que se agotan las fuentes de energía fósil, debería tenderse a formas más simples de existencia, y el ajuste debería ser pausado y no catastrófico.
Las ideas de Georgescu-Roegen han sido descartadas por el pensamiento económico convencional, pero hoy pueden ser una referencia útil para examinar los procesos sociales junto con los determinantes materiales en la perspectiva de la economía política. Un componente de la crisis actual, que no debe quedar en segundo plano, ha sido precisamente la elevación de los precios del petróleo crudo y de los alimentos.
El aumento de la población, junto con el incremento de las expectativas de vida y el uso extensivo de los recursos naturales, apuntan a una necesidad de adaptar la forma en que se aprovechan y se sustituyen. Igualmente, hay que reconsiderar los modos de producción y de distribución que se han llevado al extremo de inoperancia en el entorno de la liberalización económica a ultranza, incluidas las pautas de la política fiscal asociada con los impuestos y los subsidios.
Las disputas por el agua, la tierra, la posibilidad de tener trabajo y la oferta general de satisfactores, constituyen elementos que se integran a los posibles escenarios sociales que se prefiguran. Estos no se proyectan hacia una mayor armonía, sino que se asocian con fuentes de crecientes conflictos, cuya posibilidad no puede barrerse de manera políticamente conveniente por debajo de la alfombra.
La crisis económica actual no está disociada de los límites del crecimiento y de los enfrentamientos que ellos provocan, sino que le imponen, además, un componente financiero y de gestión de las políticas públicas que tiende a crisparlos aún más.
La creación y mantenimiento de la burbuja inmobiliaria desde fines de los años 1990 y su explosivo fin, tiene una relación con las medidas de la política monetaria aplicada por los bancos centrales, especialmente pero no sólo en Estados Unidos, y con el papel del gobierno en la regulación.
El análisis de la crisis no se puede constreñir al comportamiento de los mercados financieros y la colocación de deudas con carácter eminentemente especulativo o al hecho de que la incertidumbre es inescapable.
En todo caso, el comportamiento de los mercados financieros pudo acrecentar las deudas privadas y públicas y, efectivamente, crear una confusión entre la expansión del crédito y la creación de riqueza. Este par no se da necesariamente de manera conjunta.
La economía de la producción y la creación de empleos no puede forzarse a crecer al ritmo de las tasas compuestas de interés de las deudas. Hoy, incluso estas últimas son imposibles de mantener. En la Unión Europea se pretende castigar los bonos de la deuda griega hasta en 60 por ciento, lo que puede tomarse apenas como una medida de la discrepancia que hay entre las variables financieras y las de la economía real.
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