Alberto Aziz Nassif / EL UNIVERSAL
La Caravana por la Paz, la Caravana del Consuelo, logró tejer los lazos de solidaridad entre cientos de ciudadanos víctimas de la violencia en estos años. Como un imán de esperanza, el recorrido de 3 mil kilómetros mostró sólo parte de un mapa íntimo y terrible del país, reunió a hombres, mujeres y niños que han perdido a uno o varios familiares y que les ha cambiado la vida para siempre. La Caravana fue la expresión ambulante de un dolor que se ha empezado a liberar, porque pudo romper el miedo y la parálisis. Los ciudadanos salieron a los caminos y las plazas para exigir justicia.
El luto por la ausencia no desaparece, pero es mucho más destructivo cuando se acompaña de miedo y desesperanza. Participar en la Caravana, dar testimonio y exigir justicia es un cambio radical y terapéutico que se logró desde la sociedad civil. Esa asamblea ambulante logró una comunidad de víctimas. Poner en común las experiencias, darles un rostro a los desaparecidos y asesinados, generar un sentido, construir una memoria, exigir que termine la impunidad y elevar los niveles de reclamo a autoridades. El aprendizaje parece ser extraordinario.
Los testimonios son terribles, el país se ha transformado en una selva oscura y peligrosa, donde los que matan tienen permiso, porque la impunidad, la complicidad y la corrupción los protegen. En cambio, las víctimas y los ciudadanos, que en cualquier momento podemos ser víctimas, nos hemos quedado al descubierto. El movimiento es la expresión de una sociedad que no había logrado organizarse y tener voz contundente. Hoy es un contrapeso que camina al filo de la navaja: entre un gobierno obstinado con su estrategia punitiva, que ha desparramado la violencia por buena parte del país, y el crimen organizado, que se desborda y cada día asesina, extorsiona, recluta y desaparece a ciudadanos inocentes.
Las vinculaciones entre las víctimas, organizaciones sociales, centros de derechos humanos y miles de ciudadanos que participan en este movimiento pueden ser el inicio para reconstituir un tejido social destruido. La experiencia de haber ido a la procuraduría de Nuevo León a exigir justicia y haber generado mecanismos de seguimiento y evaluación de múltiples expedientes fue un ejemplo de lo que se puede empezar a replicar en muchas ciudades. Exigencia a las autoridades y “voluntad de solución” serán una pareja cada día más presente.
La Caravana también coincidió con un asesinato múltiple en la castigada ciudad de Torreón, donde se repite el modelo de asesinar a jóvenes en un centro de atención de adicciones, como ha sucedido varias veces en Chihuahua y en Juárez. Al mismo tiempo, la Caravana fue un impulso para romper inercias que creadas en esta guerra fallida.
Urge terminar con esa ola que lleva a una normalización de la violencia, no podemos acostumbrarnos al país violento y corrupto que se nos impone. Las cosas pueden cambiar, ser diferentes; hay que dejar atrás el encierro y la parálisis y ocupar los espacios públicos, sentirse parte de una comunidad de ciudadanos que dicen “ya basta”, “no más sangre”, “estamos hasta la madre”, “no les tenemos miedo”. La sociedad ha dejado de estar desarticulada, de permanecer en silencio y sin voz, de no tener presencia pública; la ciudadanía no puede sólo ser la víctima pasiva a la que pueden matar, extorsionar, secuestrar o desaparecer. Lo que hizo la Caravana fue empezar a reconstruir la memoria de las víctimas, transformar las cifras de la guerra en rostros e historias concretas de personas inocentes. Por eso es importante colocar placas con los nombres de los asesinados, y por eso se volvió a colocar la placa que recuerda el asesinato de Marisela Escobedo frente al palacio de gobierno en Chihuahua, emblema de lucha contra la impunidad gubernamental.
El Pacto Nacional con Justicia y Dignidad, que se firmó el pasado 10 de junio en Ciudad Juárez, contiene la agenda del movimiento por la paz. Los seis puntos que se leyeron en el Zócalo se mantienen y ahora se agregan otras demandas, pero lo más relevante es la exigencia de un fin a la guerra y a la militarización. Ante el fracaso de los gobiernos y partidos, cada día más lejos de los ciudadanos, este movimiento abre una disyuntiva a la clase política: escuchar y cambiar o seguir en la podredumbre.
Desde la poesía, el consuelo, la solidaridad, la expectativa del futuro puede ser diferente y mejor. Habrá que luchar para que ocurra, ese fue uno de los mensajes que dejó la Caravana.
La Caravana por la Paz, la Caravana del Consuelo, logró tejer los lazos de solidaridad entre cientos de ciudadanos víctimas de la violencia en estos años. Como un imán de esperanza, el recorrido de 3 mil kilómetros mostró sólo parte de un mapa íntimo y terrible del país, reunió a hombres, mujeres y niños que han perdido a uno o varios familiares y que les ha cambiado la vida para siempre. La Caravana fue la expresión ambulante de un dolor que se ha empezado a liberar, porque pudo romper el miedo y la parálisis. Los ciudadanos salieron a los caminos y las plazas para exigir justicia.
El luto por la ausencia no desaparece, pero es mucho más destructivo cuando se acompaña de miedo y desesperanza. Participar en la Caravana, dar testimonio y exigir justicia es un cambio radical y terapéutico que se logró desde la sociedad civil. Esa asamblea ambulante logró una comunidad de víctimas. Poner en común las experiencias, darles un rostro a los desaparecidos y asesinados, generar un sentido, construir una memoria, exigir que termine la impunidad y elevar los niveles de reclamo a autoridades. El aprendizaje parece ser extraordinario.
Los testimonios son terribles, el país se ha transformado en una selva oscura y peligrosa, donde los que matan tienen permiso, porque la impunidad, la complicidad y la corrupción los protegen. En cambio, las víctimas y los ciudadanos, que en cualquier momento podemos ser víctimas, nos hemos quedado al descubierto. El movimiento es la expresión de una sociedad que no había logrado organizarse y tener voz contundente. Hoy es un contrapeso que camina al filo de la navaja: entre un gobierno obstinado con su estrategia punitiva, que ha desparramado la violencia por buena parte del país, y el crimen organizado, que se desborda y cada día asesina, extorsiona, recluta y desaparece a ciudadanos inocentes.
Las vinculaciones entre las víctimas, organizaciones sociales, centros de derechos humanos y miles de ciudadanos que participan en este movimiento pueden ser el inicio para reconstituir un tejido social destruido. La experiencia de haber ido a la procuraduría de Nuevo León a exigir justicia y haber generado mecanismos de seguimiento y evaluación de múltiples expedientes fue un ejemplo de lo que se puede empezar a replicar en muchas ciudades. Exigencia a las autoridades y “voluntad de solución” serán una pareja cada día más presente.
La Caravana también coincidió con un asesinato múltiple en la castigada ciudad de Torreón, donde se repite el modelo de asesinar a jóvenes en un centro de atención de adicciones, como ha sucedido varias veces en Chihuahua y en Juárez. Al mismo tiempo, la Caravana fue un impulso para romper inercias que creadas en esta guerra fallida.
Urge terminar con esa ola que lleva a una normalización de la violencia, no podemos acostumbrarnos al país violento y corrupto que se nos impone. Las cosas pueden cambiar, ser diferentes; hay que dejar atrás el encierro y la parálisis y ocupar los espacios públicos, sentirse parte de una comunidad de ciudadanos que dicen “ya basta”, “no más sangre”, “estamos hasta la madre”, “no les tenemos miedo”. La sociedad ha dejado de estar desarticulada, de permanecer en silencio y sin voz, de no tener presencia pública; la ciudadanía no puede sólo ser la víctima pasiva a la que pueden matar, extorsionar, secuestrar o desaparecer. Lo que hizo la Caravana fue empezar a reconstruir la memoria de las víctimas, transformar las cifras de la guerra en rostros e historias concretas de personas inocentes. Por eso es importante colocar placas con los nombres de los asesinados, y por eso se volvió a colocar la placa que recuerda el asesinato de Marisela Escobedo frente al palacio de gobierno en Chihuahua, emblema de lucha contra la impunidad gubernamental.
El Pacto Nacional con Justicia y Dignidad, que se firmó el pasado 10 de junio en Ciudad Juárez, contiene la agenda del movimiento por la paz. Los seis puntos que se leyeron en el Zócalo se mantienen y ahora se agregan otras demandas, pero lo más relevante es la exigencia de un fin a la guerra y a la militarización. Ante el fracaso de los gobiernos y partidos, cada día más lejos de los ciudadanos, este movimiento abre una disyuntiva a la clase política: escuchar y cambiar o seguir en la podredumbre.
Desde la poesía, el consuelo, la solidaridad, la expectativa del futuro puede ser diferente y mejor. Habrá que luchar para que ocurra, ese fue uno de los mensajes que dejó la Caravana.
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