martes, 15 de noviembre de 2011

GASTO PÚBLICO PARA 2012

Francisco Rojas / El Universal
La orientación de las políticas públicas se refleja en las asignaciones de gasto que plantea el Ejecutivo en su proyecto de Presupuesto de Egresos, sujeto a autorización en la Cámara de Diputados, que representa a toda la nación. El análisis y negociación del presupuesto 2012 implicó múltiples factores que lo hicieron más complejo que en otras ocasiones.
El proyecto enviado este año por el gobierno del presidente Calderón ignoraba el difícil entorno mundial y las consecuencias que de él pueden derivarse para la economía mexicana y la vida misma de las personas. En aras de privilegiar un mayor equilibrio financiero, ese proyecto dejaba a la economía nacional desprotegida frente a la segunda recesión internacional que está en marcha.
La del gobierno fue una propuesta percibida como hostil, ya que las previsiones para sectores fundamentales para el bienestar nacional, como campo, educación, salud, inversión pública en carreteras y obras hidráulicas, entre otros, estuvieron muy por debajo de los requerimientos y, en muchos casos, incluso eran menores al presupuesto autorizado para 2011.
Por ejemplo, la propuesta del Ejecutivo recortaba 6.5% el total de gasto de inversión; en 21.2% al gasto en “comunicaciones y transportes”, un sector fundamental para el crecimiento económico y el bienestar social; también reducía en 19.4% el gasto para el sector agropecuario y pesquero, pese a que en el crecimiento explosivo de la pobreza incide en buena parte el aumento de precios de los alimentos. En cambio, planteaba aumentos en Gobernación, PGR y Seguridad Pública, rubros cuyo presupuesto ha crecido notoriamente en este gobierno, con discutibles resultados.
Por otro lado, la del gobierno era una propuesta electoral, con aumentos importantes en diversos programas de subsidio directo, tal vez con el objetivo de influir en los sectores más vulnerables y marginados para buscar su respaldo político.
También era un proyecto centralista, que afectaba a los gobiernos locales al disminuir de forma notoria los fondos federales que sirven para desarrollar proyectos, principalmente de inversión y productivos, en las diversas regiones del país.
Por estas razones, fue necesario hacer una recomposición a fondo del proyecto, para construir un presupuesto que sustentara una política contracíclica que impulse a la economía nacional y el empleo, con un enfoque federalista; que respaldara al campo por su importancia para la soberanía alimentaria y el bienestar de los trabajadores rurales, y que garantizara que los programas sociales sean usados de forma eficaz conel único objetivo de incorporar al bienestar a los marginados.
Estos cambios se complementarán con un nuevo mecanismo financiero para la inversión física en los estados, que se traducirá también en más carreteras, caminos rurales, presas, escuelas y hospitales, entre otros rubros, a fin de promover la economía de diversas zonas del país.
Nos proponemos con ello impulsar una política económica con aumentos fundamentalmente en el campo mexicano, en el gasto en carreteras y obras hidráulicas, fortalecer programas de educación, salud y obras metropolitanas; apoyar a las comunidades indígenas y rescatar otros programas sociales que habían sido reducidos, pero con reglas claras que buscan evitar que esos programas sean usados con fines electorales.
El mundo enfrenta cambios muy importantes y avanza a pasos que nos pueden dejar rezagados. En México, los temas que derivan en las discusiones actuales nos enfrentan y dividen, desvían la atención de los problemas estructurales, entorpecen el desarrollo económico y son una barrera en el camino hacia un mayor bienestar social. Por ello, es necesario cambiar el rumbo y mostrar nueva actitud, más constructiva y propositiva. Con el paquete económico surgido del Congreso, daremos un paso importante en ese nuevo rumbo.
Así, perseguimos que el presupuesto para 2012 tenga un enfoque distinto y que sea federalista, redistributivo y contracíclico. Debemos abandonar lo que nos separa y privilegiar la voluntad política necesaria para alcanzar acuerdos que beneficien a la mayoría de la población; es lo que se espera de nosotros, los legisladores.

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