Francisco Rojas / El Universal
En los últimos días han ocurrido acontecimientos importantes para la vida del país, ligados entre sí por una temeraria lógica de confrontación electoral. En primer término, la Cámara de Diputados aprobó en tiempo y forma el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, modificando el proyecto enviado por el Ejecutivo, que era centralista, antifederalista, electorero y no protegía al país de las corrientes recesivas externas, mediante el estímulo al crecimiento y al empleo.
Un segundo hecho se ha dado con una serie de discursos aprovechando cualquier foro, para tratar de impregnar la idea de “los buenos y los malos” distorsionando la historia al identificar a la Revolución Mexicana únicamente con Madero y hacer menciones marginales a figuras centrales como Zapata, Villa, Carranza, Obregón y Calles, por ejemplo.
Es comprensible que los gobiernos panistas minimicen la esencia popular de la Revolución y desestimen las figuras de quienes lucharon por las garantías sociales y les dieron rango constitucional. Los fundadores del PAN buscaban oponerse a los gobiernos surgidos de la Revolución, y sus herederos actúan en consecuencia.
Ese mal de origen explica no sólo que se atribuya a Madero todo el mérito de la Revolución, sino que se reduzcan las conquistas del movimiento social a la democracia electoral, cuya evolución, por cierto, fue promovida durante años por los gobiernos del PRI.
Lo que resulta inaceptable es que se apele a la democracia para justificar la estrategia unívoca de choque contra el crimen organizado, como se hizo al afirmar que México necesita demócratas “que, desde todas las instituciones del Estado, luchen por defender a la sociedad de sus mayores amenazas que representan la violencia, la criminalidad y la impunidad”.
Otro hecho de gran relevancia fue el proceso electoral ordenado y pacífico de Michoacán, a pesar de la incertidumbre generada por la violencia delincuencial y el precedente de las agresiones arbitrarias a tres decenas de servidores públicos estatales y municipales. Los michoacanos dieron un admirable ejemplo de civismo al resto del país.
Las elecciones de Michoacán fueron un laboratorio para los comicios federales de 2012. En la campaña del PAN destacaron el derroche de recursos federales a favor de su candidata y la movilización de los delegados de las dependencias federales para inducir el voto, bajo la coordinación de altos funcionarios federales que supervisaron las entregas de dádivas en la entidad.
Pese a que los partidos derrotados se habían congratulado por el desarrollo pacífico de las campañas, una vez que se dieron a conocer los resultados del PREP y, más tarde, los resultados oficiales, descalificaron el proceso que ellos habían ponderado.
Particularmente delicado es el discurso falaz y calumnioso que trata de identificar a los gobiernos priístas con el narcotráfico. Las acusaciones, a veces vagas pero inequívocas, han sido constantes desde el inicio de la guerra contra el crimen organizado, pero al ser usadas como argumentos para descalificar el proceso electoral de Michoacán, dan cuenta del nivel que el panismo se propone dar a las elecciones federales de 2012.
Es comprensible la desesperación por impedir la alternancia electoral a cualquier costo: no pueden jactarse de haber promovido el crecimiento económico con igualdad, de haber impedido el aumento de la pobreza y menos de haber generado los empleos prometidos. Sólo les queda aferrarse a una estrategia que la realidad y los miles de muertos han derrotado y propiciar la cultura del escándalo, la desinformación y la judicialización del proceso electoral, apoyados por cajas de resonancia que no verifican la autenticidad de una noticia.
Pero están jugando con fuego. Ni las más fuertes obsesiones por el poder justifican que se invoque al narcotráfico como argumento en la lucha política, pues ello no sólo afecta a todos los partidos y actores políticos, sino que deteriora la credibilidad del sistema electoral mexicano que tanto esfuerzo y dinero le ha costado al país. Si lograran hacer creíbles las imputaciones calumniosas y falaces a base de repetirlas, acabarían por debilitar al Estado nacional como un todo, y eso es algo que no debemos permitir los mexicanos, cualquiera que sea nuestra militancia política. Aún es tiempo de recuperar la sensatez y poner fin a la más sucia de las guerras sucias: la que miente inveteradamente para imputar complicidad y delincuencia a los adversarios políticos.
En los últimos días han ocurrido acontecimientos importantes para la vida del país, ligados entre sí por una temeraria lógica de confrontación electoral. En primer término, la Cámara de Diputados aprobó en tiempo y forma el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, modificando el proyecto enviado por el Ejecutivo, que era centralista, antifederalista, electorero y no protegía al país de las corrientes recesivas externas, mediante el estímulo al crecimiento y al empleo.
Un segundo hecho se ha dado con una serie de discursos aprovechando cualquier foro, para tratar de impregnar la idea de “los buenos y los malos” distorsionando la historia al identificar a la Revolución Mexicana únicamente con Madero y hacer menciones marginales a figuras centrales como Zapata, Villa, Carranza, Obregón y Calles, por ejemplo.
Es comprensible que los gobiernos panistas minimicen la esencia popular de la Revolución y desestimen las figuras de quienes lucharon por las garantías sociales y les dieron rango constitucional. Los fundadores del PAN buscaban oponerse a los gobiernos surgidos de la Revolución, y sus herederos actúan en consecuencia.
Ese mal de origen explica no sólo que se atribuya a Madero todo el mérito de la Revolución, sino que se reduzcan las conquistas del movimiento social a la democracia electoral, cuya evolución, por cierto, fue promovida durante años por los gobiernos del PRI.
Lo que resulta inaceptable es que se apele a la democracia para justificar la estrategia unívoca de choque contra el crimen organizado, como se hizo al afirmar que México necesita demócratas “que, desde todas las instituciones del Estado, luchen por defender a la sociedad de sus mayores amenazas que representan la violencia, la criminalidad y la impunidad”.
Otro hecho de gran relevancia fue el proceso electoral ordenado y pacífico de Michoacán, a pesar de la incertidumbre generada por la violencia delincuencial y el precedente de las agresiones arbitrarias a tres decenas de servidores públicos estatales y municipales. Los michoacanos dieron un admirable ejemplo de civismo al resto del país.
Las elecciones de Michoacán fueron un laboratorio para los comicios federales de 2012. En la campaña del PAN destacaron el derroche de recursos federales a favor de su candidata y la movilización de los delegados de las dependencias federales para inducir el voto, bajo la coordinación de altos funcionarios federales que supervisaron las entregas de dádivas en la entidad.
Pese a que los partidos derrotados se habían congratulado por el desarrollo pacífico de las campañas, una vez que se dieron a conocer los resultados del PREP y, más tarde, los resultados oficiales, descalificaron el proceso que ellos habían ponderado.
Particularmente delicado es el discurso falaz y calumnioso que trata de identificar a los gobiernos priístas con el narcotráfico. Las acusaciones, a veces vagas pero inequívocas, han sido constantes desde el inicio de la guerra contra el crimen organizado, pero al ser usadas como argumentos para descalificar el proceso electoral de Michoacán, dan cuenta del nivel que el panismo se propone dar a las elecciones federales de 2012.
Es comprensible la desesperación por impedir la alternancia electoral a cualquier costo: no pueden jactarse de haber promovido el crecimiento económico con igualdad, de haber impedido el aumento de la pobreza y menos de haber generado los empleos prometidos. Sólo les queda aferrarse a una estrategia que la realidad y los miles de muertos han derrotado y propiciar la cultura del escándalo, la desinformación y la judicialización del proceso electoral, apoyados por cajas de resonancia que no verifican la autenticidad de una noticia.
Pero están jugando con fuego. Ni las más fuertes obsesiones por el poder justifican que se invoque al narcotráfico como argumento en la lucha política, pues ello no sólo afecta a todos los partidos y actores políticos, sino que deteriora la credibilidad del sistema electoral mexicano que tanto esfuerzo y dinero le ha costado al país. Si lograran hacer creíbles las imputaciones calumniosas y falaces a base de repetirlas, acabarían por debilitar al Estado nacional como un todo, y eso es algo que no debemos permitir los mexicanos, cualquiera que sea nuestra militancia política. Aún es tiempo de recuperar la sensatez y poner fin a la más sucia de las guerras sucias: la que miente inveteradamente para imputar complicidad y delincuencia a los adversarios políticos.
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