El ritmo al que se toman las decisiones en Europa es incompatible con la gravedad de los problemas
JOAQUÍN ESTEFANÍA / EL PAÍS
Nunca como ahora la Unión Europea ha sido tanto un blanco móvil: si se detiene da marcha atrás a toda velocidad. Las posibles direcciones que puede tomar la zona en la salida de la crisis son dos: por debajo, acepta la modificación de la naturaleza del euro o de su perímetro geográfico, a causa de la exclusión de uno o varios países incapaces de asumir las restricciones que implica (atención a las negociaciones franco-alemanas sobre un nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento); o por arriba, reforzando la solidaridad europea y avanzando en su gobierno económico y en su federalismo fiscal.
Transformar la confederación en un federalismo europeo. Lo desarrollan Josep Borrell y Andreu Missé en ese libro de conversaciones recién publicado, La crisis del euro (Turpial). En ello y en la coyuntura actual juega un papel fundamental la administración del tiempo. Decía Einstein que no pensaba nunca en el futuro porque llegaba muy pronto, y esto es lo que parece estar haciendo ahora el pensamiento hegemónico en Europa, que se reconoce en las posiciones alemanas: da soluciones de largo plazo para problemas de muy corto aliento, como son los relacionados con la prima de riesgo, la deuda soberana y las dificultades del euro para sobrevivir.
Hay unanimidad -excepto en Alemania y sus satélites- en que la única solución inmediata contra la especulación en los mercados, el cortafuegos que necesita la eurozona para volver a una cierta normalidad, es la adaptación del Banco Central Europeo (BCE) a un papel de prestamista en última instancia con compras masivas de la deuda pública de los países de la zona con problemas. La secuencia lógica continúa así: a medio plazo hay que activar eurobonos, de modo que se mutualice el endeudamiento soberano; y a largo plazo, y como consecuencia de lo anterior, cambiar los tratados (lo que en algunos países requiere de referéndum), estableciendo nuevas condiciones para activar la unión económica y fiscal, evitando los dislates nacionales que ocurrieron en el pasado. Sin embargo, la senda que se pretende recorrer tiene el sentido opuesto.
Todo ello es central para el futuro inmediato de España. Que Rajoy presente la hoja de ruta económica de la próxima legislatura -el camino por el que pretende llegar a un déficit público del 3% en el año 2013, con una estación intermedia del 4,4% en el ejercicio que viene, a lo que se ha comprometido- y que defina el equipo que le acompañará -con un pivote central, el zar económico- es la condición necesaria pero no suficiente para evitar los sobresaltos. Lo acabamos de observar en Italia, con Mario Monti. El primer ministro que ha sustituido a Berlusconi, el gobierno de tecnócratas que ha nombrado (del cual el responsable económico es el propio Monti, lo que indica una situación de excepcionalidad), y los planes de ajuste que ha presentado a Merkel y Sarkozy representan los conceptos de eficacia y de ortodoxia económica que parecen exigir los mercados para calmarse. Y sin embargo, la prima de riesgo italiana no ha parado de subir.
Retrasar al conocimiento de los ciudadanos qué pretende hacer con la economía (después de una campaña electoral en la que lo ocultó) y quiénes van a ser sus principales colaboradores, puede ser entendible desde el punto de vista partidista pero no en términos de país, al que durante la semana pasada ya le costó mucho dinero esta indefinición. La única aportación pública de Rajoy en los días pasados, una respuesta de menos de 140 caracteres a través de Twitter diciendo que está "trabajando intensamente", no se corresponde a lo que se exige de él sino que recuerda milimétricamente lo que respondía el Ejecutivo de Zapatero en los últimos tiempos. No se le demanda que trabaje, faltaría más, sino que sea eficaz en las respuestas.
Nunca como ahora el futuro de la UE y el de cada uno de los países ha estado tan concatenado. Lo analiza el libro citado: el problema es que el ritmo al que los europeos toman las decisiones y se aplican es incompatible con la dinámica de los mercados y con la gravedad de los problemas a los se enfrentan. Y éste es un problema de democracia, no sólo de economía.
JOAQUÍN ESTEFANÍA / EL PAÍS
Nunca como ahora la Unión Europea ha sido tanto un blanco móvil: si se detiene da marcha atrás a toda velocidad. Las posibles direcciones que puede tomar la zona en la salida de la crisis son dos: por debajo, acepta la modificación de la naturaleza del euro o de su perímetro geográfico, a causa de la exclusión de uno o varios países incapaces de asumir las restricciones que implica (atención a las negociaciones franco-alemanas sobre un nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento); o por arriba, reforzando la solidaridad europea y avanzando en su gobierno económico y en su federalismo fiscal.
Transformar la confederación en un federalismo europeo. Lo desarrollan Josep Borrell y Andreu Missé en ese libro de conversaciones recién publicado, La crisis del euro (Turpial). En ello y en la coyuntura actual juega un papel fundamental la administración del tiempo. Decía Einstein que no pensaba nunca en el futuro porque llegaba muy pronto, y esto es lo que parece estar haciendo ahora el pensamiento hegemónico en Europa, que se reconoce en las posiciones alemanas: da soluciones de largo plazo para problemas de muy corto aliento, como son los relacionados con la prima de riesgo, la deuda soberana y las dificultades del euro para sobrevivir.
Hay unanimidad -excepto en Alemania y sus satélites- en que la única solución inmediata contra la especulación en los mercados, el cortafuegos que necesita la eurozona para volver a una cierta normalidad, es la adaptación del Banco Central Europeo (BCE) a un papel de prestamista en última instancia con compras masivas de la deuda pública de los países de la zona con problemas. La secuencia lógica continúa así: a medio plazo hay que activar eurobonos, de modo que se mutualice el endeudamiento soberano; y a largo plazo, y como consecuencia de lo anterior, cambiar los tratados (lo que en algunos países requiere de referéndum), estableciendo nuevas condiciones para activar la unión económica y fiscal, evitando los dislates nacionales que ocurrieron en el pasado. Sin embargo, la senda que se pretende recorrer tiene el sentido opuesto.
Todo ello es central para el futuro inmediato de España. Que Rajoy presente la hoja de ruta económica de la próxima legislatura -el camino por el que pretende llegar a un déficit público del 3% en el año 2013, con una estación intermedia del 4,4% en el ejercicio que viene, a lo que se ha comprometido- y que defina el equipo que le acompañará -con un pivote central, el zar económico- es la condición necesaria pero no suficiente para evitar los sobresaltos. Lo acabamos de observar en Italia, con Mario Monti. El primer ministro que ha sustituido a Berlusconi, el gobierno de tecnócratas que ha nombrado (del cual el responsable económico es el propio Monti, lo que indica una situación de excepcionalidad), y los planes de ajuste que ha presentado a Merkel y Sarkozy representan los conceptos de eficacia y de ortodoxia económica que parecen exigir los mercados para calmarse. Y sin embargo, la prima de riesgo italiana no ha parado de subir.
Retrasar al conocimiento de los ciudadanos qué pretende hacer con la economía (después de una campaña electoral en la que lo ocultó) y quiénes van a ser sus principales colaboradores, puede ser entendible desde el punto de vista partidista pero no en términos de país, al que durante la semana pasada ya le costó mucho dinero esta indefinición. La única aportación pública de Rajoy en los días pasados, una respuesta de menos de 140 caracteres a través de Twitter diciendo que está "trabajando intensamente", no se corresponde a lo que se exige de él sino que recuerda milimétricamente lo que respondía el Ejecutivo de Zapatero en los últimos tiempos. No se le demanda que trabaje, faltaría más, sino que sea eficaz en las respuestas.
Nunca como ahora el futuro de la UE y el de cada uno de los países ha estado tan concatenado. Lo analiza el libro citado: el problema es que el ritmo al que los europeos toman las decisiones y se aplican es incompatible con la dinámica de los mercados y con la gravedad de los problemas a los se enfrentan. Y éste es un problema de democracia, no sólo de economía.
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