A ocho meses de las presidenciales, José Luis Vargas Valdez asegura que los comicios regionales en México han servido de preparación rumbo a las elecciones de julio de 2012
Un mexicano participa en las elecciones regionales de Oaxaca. / EFE
“La violencia es la mayor amenaza para la democracia en México”, afirma en una entrevista durante una reciente visita a Madrid.
Vargas Valdez, que asumió el cargo en julio de 2010, ha estado al frente de la FEPADE durante los procesos electorales en ocho estados. El más reciente de ellos, el 11 de noviembre en Michoacán, el Estado natal del presidente Felipe Calderón, donde tanto el gobernante Partido Acción Nacional (PAN, centro-derecha) como el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) cayeron frente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que, según todas las encuestas, avanza con firmeza hacia las elecciones presidenciales del 1 de julio de 2012.
Sobre estos últimos comicios, Vargas Valdez opina en Madrid que se efectuaron con “relativa tranquilidad”, una circunstancia a tomar en cuenta en uno de los Estados que ha registrado un significativo incremento de violencia en los últimos cinco años y que es uno de los principales productores de marihuana y metanfetaminas del país. El abogado, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), subraya que la inseguridad repercute en la baja participación en los procesos electorales. No obstante, “la experiencia de estos meses nos sirve para prepararnos para el año entrante”, comenta.
Las presidenciales de 2012, que se celebrarán el 1 de julio del próximo año, son apenas el tercer proceso electoral que se efectúa en México desde la histórica derrota del PRI en el año 2000. Once años después, Vargas Valdez enfatiza que el sistema electoral mexicano, hasta ahora, “ha cumplido su objetivo de cuidar la legalidad” de los comicios. Una empresa complicada en un país acostumbrado a las triquiñuelas electorales utilizadas en los setenta años que gobernó el PRI, tan variadas como organizadas. El escepticismo en las instituciones, sin embargo, no ha sido superado. El ínfimo margen con el que Felipe Calderón consiguió la presidencia de México en 2006 frente al candidato del PRD Andrés Manuel López Obrador, apenas un 0,56%, despertó más de una sospecha. El Fiscal, no obstante, asegura que las instituciones mexicanas están preparadas para enfrentar las incidencias que aparezcan durante el proceso electoral. “A partir de 1997 México cuenta con instituciones sólidas, que actúan apegadas al derecho. Contamos con una autoridad como el Instituto Federal Electoral (IFE), un Tribunal electoral y una fiscalía, aparatos con los que cuentan muy pocos países”, asegura.
Pese a ello, Vargas Valdez reconoce que “siguen existiendo prácticas que afectan al voto”. En concreto: el desvío de recursos públicos y la utilización de programas sociales en favor de un candidato. La permanencia de lo que describe como un “turismo electoral”, que consiste en el registro múltiple de grupos de personas en dos o más distritos. Las personas reciben un mínimo pago por prestar su nombre y, de ser descubiertos, son los únicos responsables a los que se les puede perseguir, explica.
Pero la preocupación más grande proviene del crimen organizado y la violencia que podría desestabilizar al proceso electoral. Un factor “imprevisto” hasta hace pocos años, reconoce. El fiscal describe que las autoridades electorales mexicanas se han preparado para identificar los “puntos de riesgo” en las próximas elecciones. Aun así, afirma, las circunstancias pueden rebasarlos. “En Tamaulipas asesinaron el año pasado al candidato a gobernador del PRI, Rodolfo Torre Cantú y ha vuelto a ocurrir en La Piedad [en el Estado de Michoacán], donde mataron al alcalde, recuerda. “El Estado no tiene capacidad de poner seguridad a todos los candidatos. Lo más que podemos hacer es procurar una política de prevención para que estos hechos no ocurran”.
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