Alfonso Zárate / El Universal
Desde que los gobernadores priístas dejaron de ser subalternos del Señor del Centro (efecto colateral de la alternancia), la omnipotencia del viejo presidencialismo encontró refugio, a escala, en la mayoría de las entidades del país.
Los mandatarios de la era “democrática” se erigieron en factótum de la vida política en sus respectivos territorios e, incluso, más allá. Tanto poder sin responsabilidad ni contrapesos institucionales o sociales engendró esperpentos como el poblano “góber precioso”, Mario Marín, o el rudo Ulises Ruiz en Oaxaca.
En el caso de Coahuila, los excesos del mandatario Humberto Moreira parecían reducirse a su estilo chabacano de gobernar y, más preocupante, a la apropiación familiar de los principales espacios del poder: dirección sindical del magisterio, control del Congreso, sucesión por vía hereditaria.
Vinculado al nepotismo estaba, también, la pésima costumbre de bautizar instalaciones públicas en honor a miembros de su parentela: un jardín de niños en Saltillo recibió el nombre de su madre, Evangelina Valdés; una casa hogar en Monclova el de su hija, Alba Elena Moreira Guerrero, de entonces 13 años (“Es un reconocimiento a una niña que ha dedicado el tiempo libre que tiene a darles amor a los demás, especialmente a los niños”, dijo el orgulloso padre durante la inauguración); un Centro para Adultos Mayores en el municipio de Progreso recibió el de su esposa, Vanessa Guerrero de Moreira.
Hacia el quinto año de su gestión todo era miel sobre hojuelas para Humberto Moreira. Aparecía en los estudios de opinión como el gobernador mejor calificado del país; con ese capital político se fijó su siguiente objetivo: la presidencia del PRI, lo que le daría una posición privilegiada en la política nacional y, además, le permitiría evitar el mal gusto de tener que entregarle él mismo la gubernatura a su hermano Rubén.
Moreira llegó a la dirigencia tricolor como candidato único gracias al apoyo de Peña Nieto. Su personalidad asertiva y su escaso respeto por las formas lo llevaron a cubrir amplios espacios en los medios aun antes de su toma de posesión, ninguneando a Beatriz Paredes.
Pero, de pronto, todo empezó a descomponerse. Primero salieron a la luz expedientes oscuros: el enriquecimiento de Vicente Chaires Yáñez, uno de sus colaboradores más cercanos y quien ocupaba la coordinación administrativa de la presidencia del PRI. Después, el descubrimiento de la deuda pública de Coahuila que, no obstante las enormes participaciones federales, creció de 323 millones de pesos a más de 34 mil millones, así como la falsificación de documentos, de lo que estuvo enterado, para lograr los créditos.
Los argumentos que esgrime en su defensa (el desconocimiento de estos hechos) no resultan creíbles cuando se trata de miles de millones de pesos y de movimientos que, para concretarse, habrían requerido la instrucción del “dueño del estado”. Pero en este desorden, además de la complicidad priísta, tienen culpa los legisladores de oposición en el Congreso del estado, que avalaron tamaña desmesura por cualquiera de las razones imaginables: estaban “maiceados” o, simplemente, renunciaron a cumplir con su responsabilidad.
A pesar de los indicios que lo comprometen, Moreira resiste, se queja de una “guerra sucia”, pero luce aturdido, desconcentrado. Le está pasando lo que a los boxeadores que, por fortaleza o inconsciencia, aguantan más los golpes: terminan muy dañados. Y lo peor es que, tratándose de una figura política de su relevancia, el castigo termina por convertirse en lastre para la organización que dirige.
Como pocos presidentes del PRI, Moreira ha buscado identificar al partido con su persona (eso expresan los anuncios en radio y televisión), lo que representa uno de los factores que hacen tan costosa su permanencia al frente del Comité Ejecutivo Nacional.
Por si fuera poco, él fue el responsable de mutilar la convocatoria que había sido aprobada hace unos días por la Comisión de Procesos Internos, lo cual generó irritación en sectores del priísmo en un momento que reclama unidad y cohesión. Para no hablar de su anterior maniobra táctica: la designación como responsables de la operación política regional para las elecciones de 2012 de ex gobernadores tan cuestionados como Fidel Herrera (Veracruz), Eugenio Hernández (Tamaulipas), Ismael Hernández (Durango), José Reyes Baeza (Chihuahua) o Jesús Aguilar (Sinaloa).
No es a sus adversarios políticos, panistas y perredistas, a quienes les urge que Moreira deje la presidencia del PRI para enfrentar los cargos que se le imputan. Por el contrario, su permanencia les permite remachar que “lo peor” del partidazo está ahí, justo en la conducción de una campaña que presuntamente lo llevará de regreso a Los Pinos. En esa perspectiva, la pregunta ya no es si Moreira debe irse… sino cuándo.
Desde que los gobernadores priístas dejaron de ser subalternos del Señor del Centro (efecto colateral de la alternancia), la omnipotencia del viejo presidencialismo encontró refugio, a escala, en la mayoría de las entidades del país.
Los mandatarios de la era “democrática” se erigieron en factótum de la vida política en sus respectivos territorios e, incluso, más allá. Tanto poder sin responsabilidad ni contrapesos institucionales o sociales engendró esperpentos como el poblano “góber precioso”, Mario Marín, o el rudo Ulises Ruiz en Oaxaca.
En el caso de Coahuila, los excesos del mandatario Humberto Moreira parecían reducirse a su estilo chabacano de gobernar y, más preocupante, a la apropiación familiar de los principales espacios del poder: dirección sindical del magisterio, control del Congreso, sucesión por vía hereditaria.
Vinculado al nepotismo estaba, también, la pésima costumbre de bautizar instalaciones públicas en honor a miembros de su parentela: un jardín de niños en Saltillo recibió el nombre de su madre, Evangelina Valdés; una casa hogar en Monclova el de su hija, Alba Elena Moreira Guerrero, de entonces 13 años (“Es un reconocimiento a una niña que ha dedicado el tiempo libre que tiene a darles amor a los demás, especialmente a los niños”, dijo el orgulloso padre durante la inauguración); un Centro para Adultos Mayores en el municipio de Progreso recibió el de su esposa, Vanessa Guerrero de Moreira.
Hacia el quinto año de su gestión todo era miel sobre hojuelas para Humberto Moreira. Aparecía en los estudios de opinión como el gobernador mejor calificado del país; con ese capital político se fijó su siguiente objetivo: la presidencia del PRI, lo que le daría una posición privilegiada en la política nacional y, además, le permitiría evitar el mal gusto de tener que entregarle él mismo la gubernatura a su hermano Rubén.
Moreira llegó a la dirigencia tricolor como candidato único gracias al apoyo de Peña Nieto. Su personalidad asertiva y su escaso respeto por las formas lo llevaron a cubrir amplios espacios en los medios aun antes de su toma de posesión, ninguneando a Beatriz Paredes.
Pero, de pronto, todo empezó a descomponerse. Primero salieron a la luz expedientes oscuros: el enriquecimiento de Vicente Chaires Yáñez, uno de sus colaboradores más cercanos y quien ocupaba la coordinación administrativa de la presidencia del PRI. Después, el descubrimiento de la deuda pública de Coahuila que, no obstante las enormes participaciones federales, creció de 323 millones de pesos a más de 34 mil millones, así como la falsificación de documentos, de lo que estuvo enterado, para lograr los créditos.
Los argumentos que esgrime en su defensa (el desconocimiento de estos hechos) no resultan creíbles cuando se trata de miles de millones de pesos y de movimientos que, para concretarse, habrían requerido la instrucción del “dueño del estado”. Pero en este desorden, además de la complicidad priísta, tienen culpa los legisladores de oposición en el Congreso del estado, que avalaron tamaña desmesura por cualquiera de las razones imaginables: estaban “maiceados” o, simplemente, renunciaron a cumplir con su responsabilidad.
A pesar de los indicios que lo comprometen, Moreira resiste, se queja de una “guerra sucia”, pero luce aturdido, desconcentrado. Le está pasando lo que a los boxeadores que, por fortaleza o inconsciencia, aguantan más los golpes: terminan muy dañados. Y lo peor es que, tratándose de una figura política de su relevancia, el castigo termina por convertirse en lastre para la organización que dirige.
Como pocos presidentes del PRI, Moreira ha buscado identificar al partido con su persona (eso expresan los anuncios en radio y televisión), lo que representa uno de los factores que hacen tan costosa su permanencia al frente del Comité Ejecutivo Nacional.
Por si fuera poco, él fue el responsable de mutilar la convocatoria que había sido aprobada hace unos días por la Comisión de Procesos Internos, lo cual generó irritación en sectores del priísmo en un momento que reclama unidad y cohesión. Para no hablar de su anterior maniobra táctica: la designación como responsables de la operación política regional para las elecciones de 2012 de ex gobernadores tan cuestionados como Fidel Herrera (Veracruz), Eugenio Hernández (Tamaulipas), Ismael Hernández (Durango), José Reyes Baeza (Chihuahua) o Jesús Aguilar (Sinaloa).
No es a sus adversarios políticos, panistas y perredistas, a quienes les urge que Moreira deje la presidencia del PRI para enfrentar los cargos que se le imputan. Por el contrario, su permanencia les permite remachar que “lo peor” del partidazo está ahí, justo en la conducción de una campaña que presuntamente lo llevará de regreso a Los Pinos. En esa perspectiva, la pregunta ya no es si Moreira debe irse… sino cuándo.
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