Tampoco la reducción de los costes del despido crea puestos de trabajo a corto plazo
RAYMOND TORRES / EL PAÍS
El debate sobre la política económica en España, como en el resto de Europa, se ha centrado en la reducción del déficit público mediante recortes en el gasto público, por ejemplo en prestaciones por desempleo. La premisa es que esos recortes darán confianza a los mercados financieros, lo cual alentará la inversión y el empleo. En algunos casos, las políticas de austeridad en el gasto público se ven acompañadas de recortes sociales en el sector privado -reducción de los salarios y de los costes del despido-.
Es verdad que resulta indispensable reducir el déficit público a medio plazo y fomentar la creación de empleo mediante reformas adecuadas. Pero la estrategia de los recortes sociales no es la forma de conseguir el objetivo y no logrará crear los puestos de trabajo que necesita Europa para emprender la senda de la recuperación.
En el sector público, los recortes representan una reducción drástica de la demanda pública y afectan directamente al crecimiento, tal y como muestra el estancamiento económico observado durante el tercer trimestre de este año. Por otra parte, la caída de la demanda pública no se verá contrarrestada por un aumento de la demanda privada (sobre todo el consumo de las familias y la inversión de las empresas). En efecto, muchas familias y empresas se están desendeudando y no responderán a los recortes sociales gastando más. La reducción de la demanda pública tampoco podrá verse compensada por el aumento de las exportaciones. Es cierto que las exportaciones españolas han venido creciendo en torno a un 15% por año desde que se inició la austeridad -lo cual por otra parte demuestra que la economía española no tiene un problema fundamental de competitividad, ni tampoco sufre de salarios demasiado altos, como mantienen algunos analistas. Pero este resultado no es sostenible ya que los países importadores están emprendiendo la senda de los recortes sociales, y ello deprime las ventas españolas en el exterior.
En vez de recortes sociales en el sector público, es importante apoyar el empleo mediante políticas de apoyo a los desempleados. Según el Informe de la OIT sobre el mundo del trabajo, la combinación de prestaciones por desempleo y de medidas de apoyo a la colocación aumentaría el empleo en torno a un 0,7% -incluso teniendo en cuenta el impacto negativo ligado al aumento de recursos públicos para financiar esos gastos de apoyo al empleo-.
La estrategia de los recortes sociales tampoco facilitará la transición hacia sectores donde se sitúan los yacimientos de crecimiento y empleo. En países como Reino Unido y España, parte de la base productiva se perdió con el estallido de la burbuja financiera o inmobiliaria. La recuperación se producirá sobre otras bases. Por ello es fundamental que se reanude el crédito a las empresas, sobre todo a las más pequeñas, y el apoyo a los emprendedores. De esta forma, y evitando recortes sociales que debilitan la demanda, se estimulará la inversión y la creación de empleo.
Existen soluciones como sistemas de garantías de crédito a nuevas empresas como en Alemania. O la puesta en marcha de un banco financiado por fondos públicos (en vez de que estos se inyecten en instituciones que no han funcionando adecuadamente) y que se dedique a la promoción industrial, como en Brasil. Los recortes sociales deprimirán los mercados y dificultarán la creación de nuevas empresas.
Para finalizar, y en relación a los recortes sociales en el ámbito privado, la mera reducción de los costes del despido no permitirá crear empleo por lo menos a corto plazo. Con estas políticas lo que se pretende es estimular la contratación. Pero esto no ocurrirá en el contexto recesivo actual cuando lo más importante es mantener efectivos en empresas sostenibles y facilitar la movilidad y la colocación de desempleados en sectores de futuro -aquellos que ya han empezado a crecer como, en el caso de España, los sectores orientados hacia la exportación, economía verde, etcétera.
Lo que sí es importante es atajar la temporalidad en el empleo, que es el principal problema que tienen los mercados laborales en varios países europeos. Ello requiere mejorar los servicios públicos de empleo y la equiparación gradual de la indemnización por despido entre los contratos temporales y los contratos indefinidos. Este es el sistema que adoptó exitosamente Austria mediante diálogo social en 2002.
A veces se piensa que los mercados son el principal escollo a la adopción de medidas favorables al empleo, por el coste que suponen para el erario público. En realidad, los accionistas e inversores deberían beneficiarse del crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. Se trata de la mejor garantía para reducir el déficit público y recobrar la confianza de la ciudadanía.
Europa se recuperará si se dota de una visión de conjunto centrada en lo que de verdad importa, y se aleja de medidas contraproducentes como los recortes sociales.
Raymond Torres es director del Instituto Internacional de Estudios Laborales de la OIT.
RAYMOND TORRES / EL PAÍS
El debate sobre la política económica en España, como en el resto de Europa, se ha centrado en la reducción del déficit público mediante recortes en el gasto público, por ejemplo en prestaciones por desempleo. La premisa es que esos recortes darán confianza a los mercados financieros, lo cual alentará la inversión y el empleo. En algunos casos, las políticas de austeridad en el gasto público se ven acompañadas de recortes sociales en el sector privado -reducción de los salarios y de los costes del despido-.
Es verdad que resulta indispensable reducir el déficit público a medio plazo y fomentar la creación de empleo mediante reformas adecuadas. Pero la estrategia de los recortes sociales no es la forma de conseguir el objetivo y no logrará crear los puestos de trabajo que necesita Europa para emprender la senda de la recuperación.
En el sector público, los recortes representan una reducción drástica de la demanda pública y afectan directamente al crecimiento, tal y como muestra el estancamiento económico observado durante el tercer trimestre de este año. Por otra parte, la caída de la demanda pública no se verá contrarrestada por un aumento de la demanda privada (sobre todo el consumo de las familias y la inversión de las empresas). En efecto, muchas familias y empresas se están desendeudando y no responderán a los recortes sociales gastando más. La reducción de la demanda pública tampoco podrá verse compensada por el aumento de las exportaciones. Es cierto que las exportaciones españolas han venido creciendo en torno a un 15% por año desde que se inició la austeridad -lo cual por otra parte demuestra que la economía española no tiene un problema fundamental de competitividad, ni tampoco sufre de salarios demasiado altos, como mantienen algunos analistas. Pero este resultado no es sostenible ya que los países importadores están emprendiendo la senda de los recortes sociales, y ello deprime las ventas españolas en el exterior.
En vez de recortes sociales en el sector público, es importante apoyar el empleo mediante políticas de apoyo a los desempleados. Según el Informe de la OIT sobre el mundo del trabajo, la combinación de prestaciones por desempleo y de medidas de apoyo a la colocación aumentaría el empleo en torno a un 0,7% -incluso teniendo en cuenta el impacto negativo ligado al aumento de recursos públicos para financiar esos gastos de apoyo al empleo-.
La estrategia de los recortes sociales tampoco facilitará la transición hacia sectores donde se sitúan los yacimientos de crecimiento y empleo. En países como Reino Unido y España, parte de la base productiva se perdió con el estallido de la burbuja financiera o inmobiliaria. La recuperación se producirá sobre otras bases. Por ello es fundamental que se reanude el crédito a las empresas, sobre todo a las más pequeñas, y el apoyo a los emprendedores. De esta forma, y evitando recortes sociales que debilitan la demanda, se estimulará la inversión y la creación de empleo.
Existen soluciones como sistemas de garantías de crédito a nuevas empresas como en Alemania. O la puesta en marcha de un banco financiado por fondos públicos (en vez de que estos se inyecten en instituciones que no han funcionando adecuadamente) y que se dedique a la promoción industrial, como en Brasil. Los recortes sociales deprimirán los mercados y dificultarán la creación de nuevas empresas.
Para finalizar, y en relación a los recortes sociales en el ámbito privado, la mera reducción de los costes del despido no permitirá crear empleo por lo menos a corto plazo. Con estas políticas lo que se pretende es estimular la contratación. Pero esto no ocurrirá en el contexto recesivo actual cuando lo más importante es mantener efectivos en empresas sostenibles y facilitar la movilidad y la colocación de desempleados en sectores de futuro -aquellos que ya han empezado a crecer como, en el caso de España, los sectores orientados hacia la exportación, economía verde, etcétera.
Lo que sí es importante es atajar la temporalidad en el empleo, que es el principal problema que tienen los mercados laborales en varios países europeos. Ello requiere mejorar los servicios públicos de empleo y la equiparación gradual de la indemnización por despido entre los contratos temporales y los contratos indefinidos. Este es el sistema que adoptó exitosamente Austria mediante diálogo social en 2002.
A veces se piensa que los mercados son el principal escollo a la adopción de medidas favorables al empleo, por el coste que suponen para el erario público. En realidad, los accionistas e inversores deberían beneficiarse del crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. Se trata de la mejor garantía para reducir el déficit público y recobrar la confianza de la ciudadanía.
Europa se recuperará si se dota de una visión de conjunto centrada en lo que de verdad importa, y se aleja de medidas contraproducentes como los recortes sociales.
Raymond Torres es director del Instituto Internacional de Estudios Laborales de la OIT.
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