Francisco Valdés Ugalde / El Universal
La indignación emerge ante el atropello de la dignidad. Cuando se toman en serio documentales como los de Michael Moore (Capitalism. A Love Story, Farenheit 9/11) o el más reciente de Charles Ferguson, Inside Job; cuando se observan las pirámides financieras que al derrumbarse llevaron a la bancarrota de 2008 hasta la fecha, o la prepotencia de los grandes consorcios frente a los intentos de regulación Estatal no se puede sino concluir que el atropello de la dignidad humana es cotidiano en la organización económica del mundo actual.
Es probable que estemos ante una declinación de proporciones históricas de las economías avanzadas, que se origina en la clausura de varias de las condiciones que dieron origen a su encumbramiento y que algunos historiadores resumen bajo los conceptos de “impersonalidad” y “libre acceso”. Lo que se observa como constante en el encumbramiento de las grandes compañías financieras es la captura del Estado por sus dirigentes, que han colocado a economistas y administradores en los puestos clave que deciden la política económica de los gobiernos. El rol histórico del Estado en el desarrollo de las economías de los países del Atlántico Norte fue durante más de doscientos años conformar condiciones jurídico políticas de “impersonalidad” y de “libre acceso”. Por lo primero se entiende el desprender las reglas de la organización social de los vínculos personales característicos del feudalismo, sistema en el que iban atadas al rango y al privilegio, a favor de la “igualdad” de condición de todos los individuos. Desde luego, este proceso no fue lineal ni absoluto, pero si una tendencia dominante. Los derechos de igualdad de ciudadanía, los derechos del trabajo, los derechos a la igualdad social de todos los individuos frente al poder político, los derechos a la igualdad de las mujeres desataron fuerzas sociales contenidas previamente bajo lazos patrimoniales. Indujeron al poder político organizado en el Estado a establecer la condición de impersonalidad de las normas que regían la convivencia económica y social.
Esa impersonalidad creó las posibilidades de existencia de “sociedades abiertas” en las que el intercambio, la innovación y el progreso se centraron en las capacidades desarrolladas por los individuos en ese marco de libertad. Aun si nos apegamos a la verdad histórica de que estas condiciones nunca fueron completas, lo cierto es que explican lo que en algún momento del Siglo XX se denominó “economías desarrolladas”.
En ellas, la condición de “libre acceso” facilitada por la impersonalidad permitió que la más amplia diversidad de individuos participara de la creación de riqueza, que se reservaba para unos cuantos privilegiados. En ese ambiente es que la innovación técnica y el conocimiento pudieron convertirse en potentes motores del cambio y de la modernización. La constante fue un Estado que garantizaba, en su mayor parte, las condiciones de libre acceso e impersonalidad de las normas. En la periferia de este fenómeno otras sociedades (como la nuestra) se beneficiaron del fenómeno, aunque en su absoluta mayoría fueron incapaces de institucionalizar internamente el acceso libre y la impersonalidad.
La característica política más sobresaliente de la crisis de 2008 hasta la actualidad es la complacencia de quienes administran el Estado desde la cumbre con la personalización y la restricción del acceso a la actividad económica. La “captura del Estado” que se ha denunciado por todos los medios consiste precisamente en esto: un puñado de empresas en Norteamérica, Europa y Asia, principalmente, se han apoderado del poder de decisión de los gobiernos en materia económica.
El primer gran desafío que enfrentaron fue el del candidato Barak Obama, cuya promesa política fue disolver esos vínculos neofeudales al que los grandes intereses han sometido al Estado. Es decir, ¡regresar a la modernidad! La reacción fue virulenta: se formó el Tea Party, se radicalizó una parte del Partido Republicano, mientras que el movimiento difuso que llevó a Obama al poder no ha conseguido organizarse como fuerza política nacional.
En Europa, las derechas han ido desplazando a las fuerzas de centro izquierda y socialdemócratas y, al menos en el Norte, han adoptado un talante nacionalista y antiunionista. Mientras tanto, China, la potencia en la que el patrimonialismo y el privilegio dominan el Estado a través del Partido Comunista y su burocracia, emerge como nueva “alternativa”.
La tercera ola de la democratización enfrenta, así, la peor amenaza de regresión en esta coyuntura histórica de secuestro de lo público por unos cuantos, súper concentrados, intereses privados. Empero, la democracia sigue siendo el mejor espacio para el cambio de esta situación. Los indignados lo saben.
A algunos ha llamado la atención la falta de presencia del movimiento de los indignados en México. Es probable que la explicación resida en que, a diferencia de las economías desarrolladas, aquí no hubo dignificación y, por consiguiente, no haya reclamo… Patético ¿o no?
La indignación emerge ante el atropello de la dignidad. Cuando se toman en serio documentales como los de Michael Moore (Capitalism. A Love Story, Farenheit 9/11) o el más reciente de Charles Ferguson, Inside Job; cuando se observan las pirámides financieras que al derrumbarse llevaron a la bancarrota de 2008 hasta la fecha, o la prepotencia de los grandes consorcios frente a los intentos de regulación Estatal no se puede sino concluir que el atropello de la dignidad humana es cotidiano en la organización económica del mundo actual.
Es probable que estemos ante una declinación de proporciones históricas de las economías avanzadas, que se origina en la clausura de varias de las condiciones que dieron origen a su encumbramiento y que algunos historiadores resumen bajo los conceptos de “impersonalidad” y “libre acceso”. Lo que se observa como constante en el encumbramiento de las grandes compañías financieras es la captura del Estado por sus dirigentes, que han colocado a economistas y administradores en los puestos clave que deciden la política económica de los gobiernos. El rol histórico del Estado en el desarrollo de las economías de los países del Atlántico Norte fue durante más de doscientos años conformar condiciones jurídico políticas de “impersonalidad” y de “libre acceso”. Por lo primero se entiende el desprender las reglas de la organización social de los vínculos personales característicos del feudalismo, sistema en el que iban atadas al rango y al privilegio, a favor de la “igualdad” de condición de todos los individuos. Desde luego, este proceso no fue lineal ni absoluto, pero si una tendencia dominante. Los derechos de igualdad de ciudadanía, los derechos del trabajo, los derechos a la igualdad social de todos los individuos frente al poder político, los derechos a la igualdad de las mujeres desataron fuerzas sociales contenidas previamente bajo lazos patrimoniales. Indujeron al poder político organizado en el Estado a establecer la condición de impersonalidad de las normas que regían la convivencia económica y social.
Esa impersonalidad creó las posibilidades de existencia de “sociedades abiertas” en las que el intercambio, la innovación y el progreso se centraron en las capacidades desarrolladas por los individuos en ese marco de libertad. Aun si nos apegamos a la verdad histórica de que estas condiciones nunca fueron completas, lo cierto es que explican lo que en algún momento del Siglo XX se denominó “economías desarrolladas”.
En ellas, la condición de “libre acceso” facilitada por la impersonalidad permitió que la más amplia diversidad de individuos participara de la creación de riqueza, que se reservaba para unos cuantos privilegiados. En ese ambiente es que la innovación técnica y el conocimiento pudieron convertirse en potentes motores del cambio y de la modernización. La constante fue un Estado que garantizaba, en su mayor parte, las condiciones de libre acceso e impersonalidad de las normas. En la periferia de este fenómeno otras sociedades (como la nuestra) se beneficiaron del fenómeno, aunque en su absoluta mayoría fueron incapaces de institucionalizar internamente el acceso libre y la impersonalidad.
La característica política más sobresaliente de la crisis de 2008 hasta la actualidad es la complacencia de quienes administran el Estado desde la cumbre con la personalización y la restricción del acceso a la actividad económica. La “captura del Estado” que se ha denunciado por todos los medios consiste precisamente en esto: un puñado de empresas en Norteamérica, Europa y Asia, principalmente, se han apoderado del poder de decisión de los gobiernos en materia económica.
El primer gran desafío que enfrentaron fue el del candidato Barak Obama, cuya promesa política fue disolver esos vínculos neofeudales al que los grandes intereses han sometido al Estado. Es decir, ¡regresar a la modernidad! La reacción fue virulenta: se formó el Tea Party, se radicalizó una parte del Partido Republicano, mientras que el movimiento difuso que llevó a Obama al poder no ha conseguido organizarse como fuerza política nacional.
En Europa, las derechas han ido desplazando a las fuerzas de centro izquierda y socialdemócratas y, al menos en el Norte, han adoptado un talante nacionalista y antiunionista. Mientras tanto, China, la potencia en la que el patrimonialismo y el privilegio dominan el Estado a través del Partido Comunista y su burocracia, emerge como nueva “alternativa”.
La tercera ola de la democratización enfrenta, así, la peor amenaza de regresión en esta coyuntura histórica de secuestro de lo público por unos cuantos, súper concentrados, intereses privados. Empero, la democracia sigue siendo el mejor espacio para el cambio de esta situación. Los indignados lo saben.
A algunos ha llamado la atención la falta de presencia del movimiento de los indignados en México. Es probable que la explicación resida en que, a diferencia de las economías desarrolladas, aquí no hubo dignificación y, por consiguiente, no haya reclamo… Patético ¿o no?
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