Ernesto Villanueva / Proceso
Desde hace tiempo me ha llamado la atención el hecho de que en México los medicamentos para atender las principales enfermedades que ocasionan el mayor número de muertes según el INEGI (enfermedades del corazón, tumores malignos y diabetes mellitus) son sustancialmente más caros que en prácticamente toda América Latina, mientras que los que aquí son baratos no necesariamente funcionan como debiesen. No es un asunto menor. Antes bien, es algo que erosiona día con día la salud de las personas que menos tienen y que no debería estar fuera del radar de la opinión pública. Existen datos que me permiten afirmar lo que aquí sostengo. Veamos.
Primero. El programa de “cobertura universal de salud” que ha privilegiado el gobierno federal como una de sus iniciativas-bandera de aparente beneficio social hace agua, entre otros rubros, en uno de los más importantes: medicamentos de calidad, baratos y suficientes. De poco sirve –suponiendo que se diera por cierta la buena voluntad gubernamental– tener a los mejores médicos del país al servicio de la gran mayoría de la población, dotados, además, de los más sofisticados aparatos de tecnología de punta. ¿No es irónico que los diagnósticos de enfermedades se queden en eso: diagnósticos, porque los pacientes no tienen los recursos para comprar los medicamentos con el fin de curar o controlar sus enfermedades?
Como se sabe, las enfermedades las sufren los pacientes y las padecen sus familiares. De entrada, un estudio de la OCDE (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies in Mexico, elaborado por Pierre Moïse y Elizabeth Docteur) sostiene, entre otras cosas: a) México en los últimos años ha legislado “fuertes medidas de protección” de la propiedad intelectual para proteger a la industria farmacéutica; b) El IMSS y el ISSSTE, durante 2005 y años después, compraron 11% de medicinas de patente, 42% de genéricos intercambiables y 53% de genéricos no intercambiables. Cabe advertir que estos últimos son medicamentos “patito” que no curan porque “no han pasado por ninguna prueba de intercambiabilidad, por lo que aun cuando tengan el mismo principio activo, forma farmacéutica, cantidad de fármaco, etcétera, la forma de preparación, o los aditivos que se usen en su elaboración pueden hacer variar su biodisponibilidad, o sea su comportamiento dentro del organismo” (Cofepris). ¿Sabía usted que el 53% de los medicamentos comprados por el IMSS y el ISSSTE, según la OCDE, son inútiles para la salud pero nos han costado a todos?; y c) Las medicinas en México han sido más caras que en Francia y en Canadá, donde los salarios mínimos son al menos 12 veces más altos que los de México.
Segundo. Si bien es verdad que ahora en México las patentes de medicinas tienen un periodo máximo de 20 años, como sucede en los países de nuestro entorno, también lo es que en la administración de Felipe Calderón se han establecido mecanismos de protección mayores que en América Latina. En efecto, de acuerdo con el Reglamento de Insumos para la Salud, reformado el 5 de agosto de 2008, los aranceles para importación de medicinas en general son de 15%, más el pago de los altos costos de los servicios de agentes aduanales. En Chile, a diferencia de lo que ha sucedido en México, donde sólo los laboratorios pueden importar medicinas, se ha mantenido un mercado abierto desde hace 12 años. La Ley 18.525 establece un arancel de 6%. Otro ejemplo es el de Perú, en donde el Decreto Supremo 073-2001-EF, de abril de 2001, dispone que la importación de medicinas está sujeta a un arancel de 4%. Como se puede observar, México, contra el interés público, establece aranceles superiores en 200% que los de países de nuestro entorno. De ahí el alto costo de las medicinas que se pueden adquirir en nuestro país.
Tercero. En México, a pesar de tener una buena Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no hay datos desagregados de acceso público a los costos de las medicinas provenientes de distintos laboratorios; precios de importación, precios a gobierno y precios a particulares; ubicación de centros de mejores precios, y disponibilidad de medicamentos. Esto, por el contrario, sí existe en países como Colombia, donde su Ministerio de la Protección Social pone esa información en la web (http://www2.sispro.gov.co/Paginas/Publicaciones.aspx), lo que muestra un mejor compromiso con la sociedad. En México, con ley de transparencia de por medio, conseguir información como la que de oficio está disponible en Colombia sería todo un reto a la paciencia, la sapiencia y la resistencia, con un destino incierto. En Perú, al igual que en Colombia, el Ministerio de Salud cuenta con un útil observatorio que ofrece precios y opciones de medicinas que dan un instrumento para optimizar el presupuesto ciudadano para comprar más con menos (http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/Precios/ProcesoL/ElObservatorio/ElObservatorio.aspx?over=1).
En suma, en México tenemos medicinas caras para el pueblo. Las hay también baratas (los genéricos no intercambiables), pero que no sirven; hay ausencia de instrumentos de evaluación y seguimiento accesibles a las personas para que identifiquen opciones. Eso sí, existe una gran inversión publicitaria con dinero del pueblo que busca afanosamente convencer a la sociedad de que el gobierno de Felipe Calderón ofrece algo que no existe, o que acaso sólo existe en la mente del primer mandatario. El mundo al revés.
Desde hace tiempo me ha llamado la atención el hecho de que en México los medicamentos para atender las principales enfermedades que ocasionan el mayor número de muertes según el INEGI (enfermedades del corazón, tumores malignos y diabetes mellitus) son sustancialmente más caros que en prácticamente toda América Latina, mientras que los que aquí son baratos no necesariamente funcionan como debiesen. No es un asunto menor. Antes bien, es algo que erosiona día con día la salud de las personas que menos tienen y que no debería estar fuera del radar de la opinión pública. Existen datos que me permiten afirmar lo que aquí sostengo. Veamos.
Primero. El programa de “cobertura universal de salud” que ha privilegiado el gobierno federal como una de sus iniciativas-bandera de aparente beneficio social hace agua, entre otros rubros, en uno de los más importantes: medicamentos de calidad, baratos y suficientes. De poco sirve –suponiendo que se diera por cierta la buena voluntad gubernamental– tener a los mejores médicos del país al servicio de la gran mayoría de la población, dotados, además, de los más sofisticados aparatos de tecnología de punta. ¿No es irónico que los diagnósticos de enfermedades se queden en eso: diagnósticos, porque los pacientes no tienen los recursos para comprar los medicamentos con el fin de curar o controlar sus enfermedades?
Como se sabe, las enfermedades las sufren los pacientes y las padecen sus familiares. De entrada, un estudio de la OCDE (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies in Mexico, elaborado por Pierre Moïse y Elizabeth Docteur) sostiene, entre otras cosas: a) México en los últimos años ha legislado “fuertes medidas de protección” de la propiedad intelectual para proteger a la industria farmacéutica; b) El IMSS y el ISSSTE, durante 2005 y años después, compraron 11% de medicinas de patente, 42% de genéricos intercambiables y 53% de genéricos no intercambiables. Cabe advertir que estos últimos son medicamentos “patito” que no curan porque “no han pasado por ninguna prueba de intercambiabilidad, por lo que aun cuando tengan el mismo principio activo, forma farmacéutica, cantidad de fármaco, etcétera, la forma de preparación, o los aditivos que se usen en su elaboración pueden hacer variar su biodisponibilidad, o sea su comportamiento dentro del organismo” (Cofepris). ¿Sabía usted que el 53% de los medicamentos comprados por el IMSS y el ISSSTE, según la OCDE, son inútiles para la salud pero nos han costado a todos?; y c) Las medicinas en México han sido más caras que en Francia y en Canadá, donde los salarios mínimos son al menos 12 veces más altos que los de México.
Segundo. Si bien es verdad que ahora en México las patentes de medicinas tienen un periodo máximo de 20 años, como sucede en los países de nuestro entorno, también lo es que en la administración de Felipe Calderón se han establecido mecanismos de protección mayores que en América Latina. En efecto, de acuerdo con el Reglamento de Insumos para la Salud, reformado el 5 de agosto de 2008, los aranceles para importación de medicinas en general son de 15%, más el pago de los altos costos de los servicios de agentes aduanales. En Chile, a diferencia de lo que ha sucedido en México, donde sólo los laboratorios pueden importar medicinas, se ha mantenido un mercado abierto desde hace 12 años. La Ley 18.525 establece un arancel de 6%. Otro ejemplo es el de Perú, en donde el Decreto Supremo 073-2001-EF, de abril de 2001, dispone que la importación de medicinas está sujeta a un arancel de 4%. Como se puede observar, México, contra el interés público, establece aranceles superiores en 200% que los de países de nuestro entorno. De ahí el alto costo de las medicinas que se pueden adquirir en nuestro país.
Tercero. En México, a pesar de tener una buena Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no hay datos desagregados de acceso público a los costos de las medicinas provenientes de distintos laboratorios; precios de importación, precios a gobierno y precios a particulares; ubicación de centros de mejores precios, y disponibilidad de medicamentos. Esto, por el contrario, sí existe en países como Colombia, donde su Ministerio de la Protección Social pone esa información en la web (http://www2.sispro.gov.co/Paginas/Publicaciones.aspx), lo que muestra un mejor compromiso con la sociedad. En México, con ley de transparencia de por medio, conseguir información como la que de oficio está disponible en Colombia sería todo un reto a la paciencia, la sapiencia y la resistencia, con un destino incierto. En Perú, al igual que en Colombia, el Ministerio de Salud cuenta con un útil observatorio que ofrece precios y opciones de medicinas que dan un instrumento para optimizar el presupuesto ciudadano para comprar más con menos (http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/Precios/ProcesoL/ElObservatorio/ElObservatorio.aspx?over=1).
En suma, en México tenemos medicinas caras para el pueblo. Las hay también baratas (los genéricos no intercambiables), pero que no sirven; hay ausencia de instrumentos de evaluación y seguimiento accesibles a las personas para que identifiquen opciones. Eso sí, existe una gran inversión publicitaria con dinero del pueblo que busca afanosamente convencer a la sociedad de que el gobierno de Felipe Calderón ofrece algo que no existe, o que acaso sólo existe en la mente del primer mandatario. El mundo al revés.
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