Samuel García / El Semanario
Uno de los problemas que mayores costos le genera a la inversión y a la economía es la improvisación. Sí, la improvisación con la que trabaja el sector público en general. Dicho de otro modo, la ausencia de planeación estratégica de mediano y largo plazos en las esferas públicas causan desconfianza, incertidumbre y… pérdida de competitividad.
En la última semana me he reunido con cuatro empresarios que encabezan empresas de distinto tamaño, giro y nacionalidad, y los cuatro —como reloj— coinciden en que la improvisación en los planes del sector público les genera costos adicionales, posposición de proyectos y búsqueda de proyectos en otras latitudes.
“Tengo un contrato por el que trabajamos durante un buen tiempo, y cuando estaba a punto de firmarse el subsecretario a cargo fue removido y todo se detuvo. Ahora no sé lo que va a pasar”, me decía hace poco en una conversación off the record un empresario extranjero del sector de servicios quien, por cierto, confiesa que no le quedan muchas ganas de seguir trabajando con el gobierno mexicano.
Hace unos días Cintia Angulo, presidenta para México de la transnacional francesa Alstom, me insistió —en una larga entrevista— una y otra vez en los altos costos en que incurren las empresas por la improvisación en los planes en ciertas áreas de gobierno, como el del transporte público masivo. “Es un mercado con una variable de incertidumbre alta, derivada de una falta de planeación estratégica de parte del gobierno en materia de infraestructura y, muy particularmente, de transporte público”. Me dice que no es el caso del sector energético, por ejemplo, pero esa improvisación provoca a que sus planes no vayan más allá del corto plazo.
Casos así son frecuentes.
Si bien se han dado avances parciales en algunas áreas del sector público, la agenda de los proyectos, en el mejor de los casos, sigue siendo dominada por los vientos de la política. Las licitaciones y los presupuestos se activan, se aceleran o se detienen intempestivamente por algún cambio inesperado por presión o decisiones de orden político, sin reparar en los perjuicios que ello implica para la inversión.
Le pregunto a Cintia Angulo si sabe sobre la existencia de planes para construir trenes interurbanos que conecten la Ciudad de México con Querétaro, Toluca o Cuernavaca y que representan un movimiento de alrededor de 4 millones de personas. Me dice, “ideas sí; planes, programas y proyectos no, ninguno”.
Es el cáncer de la improvisación, de la incertidumbre, que mata la competitividad y que se tiene que erradicar si no se quiere perder más oportunidades.
Sígale la pista...
IMPUGNACIÓN. El martes le dijimos que no habían quedado claras las razones de por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que encabeza Dionisio Pérez-Jácome, declaró desierta la licitación para operar un aeropuerto en la Riviera Maya. El asunto se vuelve más sospechoso por la cerrazón del titular de la SCT a ofrecer cualquier explicación. Pues bien, ayer el Grupo México, uno de los interesados, dio a conocer que impugnará la decisión de Pérez-Jácome por considerar que su descalificación es “contradictoria y aberrante”, además de no presentar razones “sólidas, relevantes y verdaderas”.
Uno de los problemas que mayores costos le genera a la inversión y a la economía es la improvisación. Sí, la improvisación con la que trabaja el sector público en general. Dicho de otro modo, la ausencia de planeación estratégica de mediano y largo plazos en las esferas públicas causan desconfianza, incertidumbre y… pérdida de competitividad.
En la última semana me he reunido con cuatro empresarios que encabezan empresas de distinto tamaño, giro y nacionalidad, y los cuatro —como reloj— coinciden en que la improvisación en los planes del sector público les genera costos adicionales, posposición de proyectos y búsqueda de proyectos en otras latitudes.
“Tengo un contrato por el que trabajamos durante un buen tiempo, y cuando estaba a punto de firmarse el subsecretario a cargo fue removido y todo se detuvo. Ahora no sé lo que va a pasar”, me decía hace poco en una conversación off the record un empresario extranjero del sector de servicios quien, por cierto, confiesa que no le quedan muchas ganas de seguir trabajando con el gobierno mexicano.
Hace unos días Cintia Angulo, presidenta para México de la transnacional francesa Alstom, me insistió —en una larga entrevista— una y otra vez en los altos costos en que incurren las empresas por la improvisación en los planes en ciertas áreas de gobierno, como el del transporte público masivo. “Es un mercado con una variable de incertidumbre alta, derivada de una falta de planeación estratégica de parte del gobierno en materia de infraestructura y, muy particularmente, de transporte público”. Me dice que no es el caso del sector energético, por ejemplo, pero esa improvisación provoca a que sus planes no vayan más allá del corto plazo.
Casos así son frecuentes.
Si bien se han dado avances parciales en algunas áreas del sector público, la agenda de los proyectos, en el mejor de los casos, sigue siendo dominada por los vientos de la política. Las licitaciones y los presupuestos se activan, se aceleran o se detienen intempestivamente por algún cambio inesperado por presión o decisiones de orden político, sin reparar en los perjuicios que ello implica para la inversión.
Le pregunto a Cintia Angulo si sabe sobre la existencia de planes para construir trenes interurbanos que conecten la Ciudad de México con Querétaro, Toluca o Cuernavaca y que representan un movimiento de alrededor de 4 millones de personas. Me dice, “ideas sí; planes, programas y proyectos no, ninguno”.
Es el cáncer de la improvisación, de la incertidumbre, que mata la competitividad y que se tiene que erradicar si no se quiere perder más oportunidades.
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IMPUGNACIÓN. El martes le dijimos que no habían quedado claras las razones de por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que encabeza Dionisio Pérez-Jácome, declaró desierta la licitación para operar un aeropuerto en la Riviera Maya. El asunto se vuelve más sospechoso por la cerrazón del titular de la SCT a ofrecer cualquier explicación. Pues bien, ayer el Grupo México, uno de los interesados, dio a conocer que impugnará la decisión de Pérez-Jácome por considerar que su descalificación es “contradictoria y aberrante”, además de no presentar razones “sólidas, relevantes y verdaderas”.
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