SERGIO SARMIENTO / EL SIGLO DE TORREON
JAQUE MATE
"Hay sólo obediencia o la Iglesia te quemará como en el infierno."
Arthur Miller, The Crucible
La política parece judicializarse cada vez más. El 28 de mayo fue detenido Martín Orozco, excandidato panista al gobierno de Aguascalientes. El 4 de junio le tocó el turno al expresidente municipal de Tijuana y excandidato del PRI al gobierno de Baja California, Jorge Hank Rhon. El 7 de junio fue aprehendido el exgobernador perredista de Chiapas, Pablo Salazar.
La detención de Salazar se realizó en el aeropuerto de Cancún a petición de la Procuraduría de Chiapas. El gobernador Juan Sabines es desde hace tiempo rival político de Salazar. Unos días antes de su detención, Salazar se había quejado públicamente de una irrupción violenta en su oficina en Tuxtla Gutiérrez de un grupo armado que robó 50 mil ejemplares de una publicación con la que el exgobernador respondía a los cuestionamientos que le hacía el gobierno de Sabines.
Se acusaba originalmente a Salazar de irregularidades en el gasto de ayuda a los damnificados por el huracán "Stan". En una entrevista el 6 de junio, Salazar argumentaba que el gobierno de Sabines afirmaba que él se había embolsado más que toda la ayuda para los damnificados, cuando las obras realizadas con esos recursos están a la vista de todos. La detención del 7 de junio, sin embargo, se debió a otra acusación: supuestamente Salazar y 58 funcionarios de su gobierno recibieron un bono sexenal maquinado a través de un pago irregular de un seguro de vida.
Otra disputa política que puede terminar en los tribunales es el de Amallia García, la exgobernadora perredista de Zacatecas, quien se dice que está siendo objeto de una persecución por parte del nuevo gobernador priista, Miguel Alonso.
No dudo que muchos gobernadores cometan irregularidades. Basta ver cómo viven para entender que en nuestro país no hay moderación en el gasto público. Pero es difícil no pensar que la oleada de acusaciones que estamos viendo es más producto de revanchas políticas que de un afán por hacer justicia.
Lo que más inquieta para la vida pública es que, una vez que se comienza a andar por el camino de judicializar la política, es muy difícil dar marcha atrás. Los gobernantes en funciones, con el control que tienen sobre las procuradurías, siempre cuentan con la posibilidad de inventar acusaciones contra sus rivales políticos. Y si ellos lo pueden hacer, sus sucesores lo harán con mayor facilidad. La posibilidad de que las venganzas políticas se multipliquen se vuelve así inquietante.
Mucho ayudaría para generar una mayor confianza sobre las acusaciones que los gobiernos hacen a sus rivales políticos, el tener un sistema más transparente de justicia. El sistema judicial de nuestro país se caracteriza por su opacidad. Mientras que en otros países los juicios son públicos, y los medios de comunicación o cualquier interesado pueden tener acceso a los expedientes, en México éstos se ocultan de manera sistemática. Dicen jueces y políticos que esto lo hacen para proteger la intimidad de quienes están siendo juzgados, pero en realidad la secrecía sólo sirve para facilitar los abusos de la autoridad.
Por lo pronto los ciudadanos comunes y corrientes no podemos saber si Orozco, Hank o Salazar son culpables de los delitos que les achacan. Cada caso es, por supuesto, diferente. Pero es muy difícil no ser suspicaz. Parece que lo que estamos viendo es una institucionalización de la vieja práctica de la cacería de brujas.
La Suprema Corte de Justicia consideró inconstitucional la censura a la contratación de espacios para propaganda política en periódicos, Internet y telefonía que establecía la nueva ley electoral en el Distrito Federal. En el caso de la radio y la televisión, la prohibición persiste porque los políticos la incluyeron en la Constitución. Es absurdo, sin embargo, que se prohíba la contratación de espacios para expresar posiciones políticas en unos medios y en otros no.
JAQUE MATE
"Hay sólo obediencia o la Iglesia te quemará como en el infierno."
Arthur Miller, The Crucible
La política parece judicializarse cada vez más. El 28 de mayo fue detenido Martín Orozco, excandidato panista al gobierno de Aguascalientes. El 4 de junio le tocó el turno al expresidente municipal de Tijuana y excandidato del PRI al gobierno de Baja California, Jorge Hank Rhon. El 7 de junio fue aprehendido el exgobernador perredista de Chiapas, Pablo Salazar.
La detención de Salazar se realizó en el aeropuerto de Cancún a petición de la Procuraduría de Chiapas. El gobernador Juan Sabines es desde hace tiempo rival político de Salazar. Unos días antes de su detención, Salazar se había quejado públicamente de una irrupción violenta en su oficina en Tuxtla Gutiérrez de un grupo armado que robó 50 mil ejemplares de una publicación con la que el exgobernador respondía a los cuestionamientos que le hacía el gobierno de Sabines.
Se acusaba originalmente a Salazar de irregularidades en el gasto de ayuda a los damnificados por el huracán "Stan". En una entrevista el 6 de junio, Salazar argumentaba que el gobierno de Sabines afirmaba que él se había embolsado más que toda la ayuda para los damnificados, cuando las obras realizadas con esos recursos están a la vista de todos. La detención del 7 de junio, sin embargo, se debió a otra acusación: supuestamente Salazar y 58 funcionarios de su gobierno recibieron un bono sexenal maquinado a través de un pago irregular de un seguro de vida.
Otra disputa política que puede terminar en los tribunales es el de Amallia García, la exgobernadora perredista de Zacatecas, quien se dice que está siendo objeto de una persecución por parte del nuevo gobernador priista, Miguel Alonso.
No dudo que muchos gobernadores cometan irregularidades. Basta ver cómo viven para entender que en nuestro país no hay moderación en el gasto público. Pero es difícil no pensar que la oleada de acusaciones que estamos viendo es más producto de revanchas políticas que de un afán por hacer justicia.
Lo que más inquieta para la vida pública es que, una vez que se comienza a andar por el camino de judicializar la política, es muy difícil dar marcha atrás. Los gobernantes en funciones, con el control que tienen sobre las procuradurías, siempre cuentan con la posibilidad de inventar acusaciones contra sus rivales políticos. Y si ellos lo pueden hacer, sus sucesores lo harán con mayor facilidad. La posibilidad de que las venganzas políticas se multipliquen se vuelve así inquietante.
Mucho ayudaría para generar una mayor confianza sobre las acusaciones que los gobiernos hacen a sus rivales políticos, el tener un sistema más transparente de justicia. El sistema judicial de nuestro país se caracteriza por su opacidad. Mientras que en otros países los juicios son públicos, y los medios de comunicación o cualquier interesado pueden tener acceso a los expedientes, en México éstos se ocultan de manera sistemática. Dicen jueces y políticos que esto lo hacen para proteger la intimidad de quienes están siendo juzgados, pero en realidad la secrecía sólo sirve para facilitar los abusos de la autoridad.
Por lo pronto los ciudadanos comunes y corrientes no podemos saber si Orozco, Hank o Salazar son culpables de los delitos que les achacan. Cada caso es, por supuesto, diferente. Pero es muy difícil no ser suspicaz. Parece que lo que estamos viendo es una institucionalización de la vieja práctica de la cacería de brujas.
La Suprema Corte de Justicia consideró inconstitucional la censura a la contratación de espacios para propaganda política en periódicos, Internet y telefonía que establecía la nueva ley electoral en el Distrito Federal. En el caso de la radio y la televisión, la prohibición persiste porque los políticos la incluyeron en la Constitución. Es absurdo, sin embargo, que se prohíba la contratación de espacios para expresar posiciones políticas en unos medios y en otros no.
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