PAÍS RICO, LLENO DE POBRES

México SA

FC: otro sexenio perdido
Larrea: porros vs. mineros

Carlos Fernández-Vega / La Jornada

Concluye el sexenio que a los mexicanos prometió vivir mejor con un espeluznante incremento de 15 millones de personas en el de por sí abultado inventario nacional de pobres. Seis años en los que la máxima neoliberal volvió a dar frutos: para la mayoría el pozo, para la selecta minoría el gozo, y de qué tamaño. Lo mejor del caso es que apostarle a algo distinto implicaría retroceso (según la ilegal campaña propagandística de los empresarios cupulares en el proceso electoral 2006, los mismos que ahora prepagaron por la Presidencia de la República).

Se despide el inquilino de Los Pinos como llegó: con discursos y sandeces, de la que da cuenta el sexto informe de gobierno: “la política social de esta administración ha tenido como principal objetivo erradicar la pobreza extrema en nuestro país y cerrar las brechas de la desigualdad, a fin de generar las posibilidades para que cada mexicano pueda mejorar sus condiciones de vida. Con la estrategia Vivir mejor, el gobierno federal articuló los esfuerzos de todas las dependencias orientadas a elevar el bienestar de la población…” Y lo hizo tan bien, que 15 millones adicionales de mexicanos engrosaron el ejército de depauperados, para redondear 60 millones (52 por ciento de la población total). Otro sexenio perdido (cinco al hilo) para los mexicanos, con el número seis a punto de iniciar.
¿Cómo le fue al país en eso de erradicar la pobreza extrema en nuestro país y cerrar las brechas de la desigualdad? El Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Instituto Tecnológico de Monterrey, ofrece una probadita de los resultados en el calderonato: “el problema es que México no es un país pobre; es un país de pobres, situación provocada por la precarización laboral, la inequidad que existe en la distribución de la riqueza, la existencia de monopolios y oligopolios y la aplicación de una política económica sin objetivo social. En los siguientes años la administración pública (prepagada) deberá rehacer el tejido social, responsabilizarse de generar un gobierno eficaz y austero, que realmente esté comprometido con la ciudadanía, ya que de otra manera no existirán las condiciones para garantizar la estabilidad y viabilidad de la nación”.
En su más reciente reporte (México, un país de pobres), recién salido del horno, el CIEN advierte que el avance de la pobreza sigue su marcha, y así lo reflejan las cifras correspondientes al índice de la tendencia laboral de la pobreza (ITLP) que el Coneval ha publicado para el segundo trimestre del año, con un incremento de 1.8 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. Lo anterior significa que más personas no pueden adquirir una canasta alimentaria básica con el ingreso generado por el trabajo que desempeñan. Lo delicado de dicha situación es que se refiere a personas que tienen una ocupación, pero que a pesar de ello no tienen la capacidad económica para acceder a los alimentos más elementales. Una acotación que debe realizarse es que ello sucede aun cuando las líneas de ingreso son muy bajas: mil 120.13 y 798.58 pesos para el entorno urbano y rural respectivamente”. Así, al final del presente año es altamente probable que México reporte a más de 60 millones de personas en situación de pobreza por ingresos.
Lo descrito, en principio, implica que una persona con ingresos equivalentes a un salario mínimo podría superar la línea de bienestar mínimo, es decir, comer. Sin embargo, y aun con lo cuestionable del umbral que oficialmente se ha estimado como suficiente para que una persona se alimente, la pobreza va en aumento. La duda no es menor: la línea de bienestar rural implica que, supuestamente, con sólo 26.6 pesos al día una persona en el ambiente rural puede alimentarse. Cuando se recuerda el impresionante aumento en los precios del huevo, maíz, trigo, frijol, carne y pollo, por citar algunos ejemplos, es complicado creer que ello es factible. Si bien podría indicarse que el ITLP no se elevó respecto al primer trimestre del año, ello no implica que el país se encuentre en la ruta de solucionar el problema social y económico que implica la pobreza. El círculo vicioso que se existe no es algo menor: aparente crecimiento económico que en realidad no repercute en la reducción de las condiciones de pobreza. La respuesta es muy simple y se encuentra vinculada con la precarización del mercado laboral.

La mejor muestra corresponde al incremento del ITLP a nivel nacional en lo que va del sexenio: 21.4 por ciento. Con ello se tiene claro que el poder adquisitivo de los trabajadores se ha deteriorado fuertemente, con todo y estabilidad macroeconómica, la cual, en el discurso, se considera uno de los mayores logros de los últimos años. Cuando se observa que el aumento de la zona urbana fue el más grande (31.1 por ciento), se hace evidente que ello está vinculado con la afectación que registran el mercado laboral industrial y de servicios. A nivel estatal las cifras son muy preocupantes, respecto al segundo trimestre de 2011: 23 de las entidades de la República reportaron un incremento en el valor del ITLP. Si la comparación se realiza en referencia al inicio del sexenio, 28 estados son los que tienen un alza en el indicador, señalando con ello la generalización del problema de pobreza laboral que se vive en el país. Nuevo León, Baja California y Baja California Sur han sufrido un aumento superior a 90 por ciento en lo que va del sexenio, cifra sin precedentes. No puede obviarse que dicho contexto es aplicable a personas con trabajo.

Las rebanadas del pastel

Más del México democrático: el pasado viernes, el dueño de Grupo México, Germán Larrea (Pasta de Conchos), envió a más de 300 golpeadores a sueldo para romper la huelga minera en San Martín Sombrerete, Zacatecas. Ninguna autoridad movió un dedo para evitarlo, ni se presentó en el lugar de los hechos para evitar la confrontación. Lejos de ello, el sábado Larrea incrementó a 600 el número de porros, que repartieron golpes por doquier. Hasta el momento se reportan dos mineros secuestrados (Onésimo Solís Figueroa y Jorge Cuevas Barbosa) y se desconoce el número de lesionados tras el artero ataque. La huelga estalló legalmente el 30 de julio de 2007, y en el lustro transcurrido el gobierno calderonista nunca intentó siquiera mediar en el conflicto. Tampoco canceló la concesión a Grupo México (la ley obliga a ello tras dos años de inactividad en la mina; en este caso son cinco), ni la ofreció a otros inversionistas interesados en retomar la explotación minera. Y ahora, una vez más, se hace de la vista gorda ante la presencia de 600 golpeadores pagados por Germán Larrea.