viernes, 21 de septiembre de 2012

NEGADOS AL EMPLEO

Samuel García / 24 Horas El Diario sin Límites

¡El mundo al revés! Pareciera que el marco institucional mexicano fue diseñado por políticos y gobernantes para desincentivar la creación de empleos formales.
Le doy un par de ejemplos.
La actual Ley Federal del Trabajo, con todo y sus mil 10 artículos, un amplio catálogo de derechos laborales consagrados en ella, y una multitud de líderes sindicales y políticos defendiéndola a ultranza sin conceder un ápice, ha sido durante todos estos años una barrera para la creación de nuevos empleos formales incentivando a millones de trabajadores y de jóvenes a la informalidad.
Si bien el pobre desempeño de la economía en las últimas tres décadas, derivado de los escasos incentivos a la inversión productiva, ha sido el factor principal de la raquítica creación de empleos formales; la Ley Federal del Trabajo se convirtió en un escollo adicional para el fomento del empleo en una economía globalizada.
Otro caso de desincentivo a la creación de empleos formales es el impuesto a las nóminas que aplican la mayoría de los gobiernos estatales a los empleadores.
Resulta difícil de comprender cómo en un país con casi 30% de su población en la informalidad, según INEGI, y con 29 millones de trabajadores ocupados que no están registrados ante el IMSS o ante el ISSSTE, se “castigue” fiscalmente a las empresas con un impuesto de 2% sobre la nómina de sus trabajadores (en la mayoría de los casos) por crear empleos formales. En otras economías es al revés: Los gobiernos “premian” con beneficios fiscales a los empleadores que generan nuevos empleos formales.
En el caso de los jóvenes la situación del desempleo es particularmente grave. Más de 4.4 millones de jóvenes -entre 15 y 29 años- están desempleados, una cifra cuyo porcentaje de desocupación (8.7% de la población económicamente activa) casi duplica el promedio nacional. Lo preocupante es que en la actual Ley Federal del Trabajo no se ofrecen alternativas para incorporar a estos jóvenes al mundo laboral a través, por ejemplo, de contratos de aprendiz o de prueba; tampoco para ampliar las posibilidades en los contratos a tiempo parcial para aquellos jóvenes que aún estudian pero que requieren trabajar. Claro que en todas estas modalidades de contratos laborales se requieren cláusulas que eviten abusos o vicios que amenacen los derechos de estos noveles trabajadores.
Por eso he dicho aquí que la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo que envió el Ejecutivo al Congreso se quedó corta. La actual Ley Federal del Trabajo es un amplio catálogo de defensa de los derechos laborales que prácticamente se mantienen intactos en la iniciativa que ahora discuten los diputados.
Incorporar nuevas modalidades de contratación, ampliar las oportunidades de participación de jóvenes y mujeres en la vida laboral, desincentivar la informalidad y transparentar la vida de los sindicatos -como entidades públicas que son- no deben escandalizar a nadie que busca el bienestar colectivo.
Son medidas racionales y necesarias para comenzar a enderezar el marco institucional y quitar trabas a la generación de empleos en un país plagado de informales y con millones de desempleados adicionales por venir si no hacemos algo pronto.

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