El caso
de las 18 personas detenidas en Nicaragua acusadas de narcotráfico, lavado de
dinero y crimen trasnacional, reúne todos los ingredientes para que la noticia
sea un escándalo: viajaban en camionetas con el logotipo de Televisa, se dicen
empleados de la empresa, se identificaron con pasaportes mexicanos,
transportaban ilegalmente más de nueve millones de dólares, se sospecha que
autoridades del Distrito Federal les proporcionaron documentos apócrifos, y se
presume que detrás de están Los Zetas. También se ha convertido en una
extensión de la polarización que se disfraza conforme a la coyuntura -como las
elecciones y la banda de 2.5 GHz-, donde los gladiadores tienen territorios
bien definidos: MVS, cuyo presidente Joaquín Vargas está asociado con Carlos
Slim en negocios de televisión, y Emilio Azcárraga, presidente de Televisa.
¿Por qué
no es entonces el escándalo nacional que la suma de sus componentes reclamaría
del sentido periodístico? Al contrario. Esta noticia es una de las más
autocensuradas de que se tenga memoria en la vida libre de la prensa, y expone
la imbricación de las partes involucradas -por ejemplo, la de un diario que por
su vinculación con Armando Quintero, secretario de Tránsito y Vialidad en el
Distrito Federal, que está en el centro de la sospecha de corrupción-, y la
salvaguarda de intereses personales -la relación con Televisa- por encima del
derecho de los mexicanos a ser informados.
Lo que
sucede en Nicaragua es de altísima relevancia en México. El proceso judicial en
Managua puede comenzar a dar respuestas cuando se inicie el 3 de diciembre, y
aclarar la realidad de esas camionetas y de esas personas. Televisa sería la
principal interesada, toda vez que ese tipo de unidades equipadas son similares
a las que maneja la dirección de Operaciones Satelitales de Telesistema
Mexicano, de William Aguirre, nicaragüense de nacimiento. Televisa ha negado
desde un principio toda imputación.
La
propiedad de los vehículos está registrada en Setravi, que dirige Quintero, a
nombre de Televisa, informó MVS. Para defenderse, la empresa dio a conocer sus
procedimientos para adquirir vehículos. Al mostrarse la contradicción a lo
dicho por MVS surgió la sospecha que Setravi regulariza vehículos de manera
ilegal. La Procuraduría del Distrito Federal está investigando si es el caso
con las camionetas supuestamente de Televisa, aunque el tema es de mayor
gravedad porque los vehículos a los que dieron placas, están involucrados en
asuntos de narcotráfico, por lo que la PGR también abrió esa línea de
investigación ante la sospecha de que estén Los Zetas detrás.
Funcionarios
federales se han enredado. Dicen que no hay infiltración del narco en el
gobierno local, pero su línea de investigación apunta en ese sentido. Setravi,
que le dio la información a MVS, se crucificó a sí misma. Por quedar bien con
MVS, quedaron mal con Televisa. Para reponerlo, le entregaron a Televisa copias
de las licencias de las personas detenidas en Nicaragua. Peor. Al menos dos de
esas personas, ni están en Nicaragua, ni están presas. Setravi dio a conocer
datos privados -prohibido por una ley federal- y podría haber una demanda en su
contra por daño moral, al identificar como culpables de un delito a dos
personas inocentes. El manejo irresponsable de las bases de datos de Setravi
tiene que ser castigado más allá si también resultan infiltrados por el
narcotráfico. Televisa no es ajena de responsabilidad en este punto específico.
Divulgó información parcialmente falsa de Setravi, que al probarse la
irregularidad, tendría que ofrecer una disculpa a las dos personas a las que
afectó. Rectificar no es indigno ni humillante, sino al revés. Sin embargo,
cuando menos uno de los afectados ya recibió una amenaza de un empleado de
Televisa para que no piense en demandarlos. Esto no habla bien de la empresa y
arroja nuevamente sospechas de la culpabilidad de la que quiere deslindarse.
El enredo
de Managua involucra a gobiernos y a una empresa líder en México. La parte
judicial corresponde a las autoridades probar y aclarar. La parte informativa
le toca a los medios registrar, por la relevancia del caso, por los actores
involucrados y por la debilidad institucional que se ha exhibido. Callar es un
recurso para no meterse en problemas con los intereses creados. Sin estar de
acuerdo con esa política, están su derecho a hacerlo. Pero que no se sorprendan
que en las calles se grite “¡prensa vendida!” y se exija la democratización de
los medios. Razones de sobra se les ha dado a quienes así lo desean.
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