Por Francisco Suárez Dávila / El Universal
“Los impuestos nos
definen como país, lo que somos, lo que queremos ser” —El País La más
importante, la más difícil de todas las reformas es la hacendaria. Es
indispensable para generar los recursos para poder crecer, incrementar
el gasto en infraestructura, permitir a Pemex invertir más y ampliar la
red de protección social. Los ingresos públicos descansan en una de las
más bajas recaudaciones tributarias del mundo (12 por ciento del PIB) y
40 por ciento de ingresos petroleros, con producción a la baja y precio
incierto.
La reforma debe ser integral, ingreso y gasto, e
incidir sobre los tres niveles de gobierno. Debe recaudar alrededor de
10 por ciento del PIB, pero debe perseguir motivaciones sociales para
ser apoyada.
El Ejecutivo debe acreditar ante la gente que hace
un esfuerzo por racionalizar su gasto: reducir el gasto corriente
dispendioso y aumentar el de inversión. Han proliferado programas
sociales asistenciales y clientelares que no producen resultados. Se
requieren transparencia y rendición de cuentas.
Basar una
reforma en ampliar la base de contribuyentes, combatir la evasión,
simplificar, eliminar tratos especiales, necesario como es, se ha vuelto
un lugar común y requiere tiempo. Es inevitable actuar decisivamente en
impuestos y tasas, y preparar un balanceado y amplio “menú de
opciones”. Éste se está discutiendo en casi todos los grandes países.
Hay claras tendencias. El “menú” tiene que incluir IVA, la gran máquina
recaudatoria, el que todos los ciudadanos, aun en la informalidad,
pagan. Hay dos opciones: la de países europeos (y sudamericanos) que han
aumentado la tasa general a niveles de 17 a 21 por ciento (España),
preservando tasas diferentes para algunos bienes, como alimentos, o de
países como Sudáfrica, que establecen una tasa genérica alta, pero que
exentan una canasta de productos básicos. Otra fuente de ingresos,
difícil pero ineludible, es reducir gradualmente los altos y regresivos
subsidios energéticos (más de 2 por ciento del PIB).
El impuesto
olvidado en la discusión en México es el ISR de las personas, el que
recauda y simultáneamente redistribuye. Es donde menos recaudamos en
comparaciones internacionales, 3% del PIB, frente a más de 10 por ciento
en países avanzados. Por ello somos el país de la desigualdad. ¿Acaso
no se puede cobrar más en un país en que el 20 por ciento más rico
recibe el 60 por ciento del ingreso nacional? Se requiere un impuesto
más progresivo, tasas más altas para ingresos millonarios (por ejemplo,
37 por ciento) y menos para la clase media. Actualmente, el que recibe
23 mil pesos mensuales paga el mismo 30 por ciento que quien recibe 3
millones. En cambio, el impuesto a las empresas debe alentar la
competitividad y puede reducirse del 30 por ciento —que nadie paga— al
actual nivel del IETU (17.5 por ciento), integrando los dos. Al ampliar
el “menú”, deben analizarse impuestos que se han revivido. El presidente
Cardoso, de Brasil, introdujo, un impuesto sobre transacciones
financieras a una tasa inferior al 1 por ciento y recaudó más de 1 por
ciento del PIB. ¿Acaso los bancos pueden cobrar comisiones leoninas
sobre esas transacciones que van a sus utilidades y no a necesidades
nacionales? Otra opción, muy socorrida, es el impuesto sobre ganancias
de capital en Bolsa, cuyo promedio OCDE es 18%. Evita que se vendan
bancos por montos billonarios y el fisco no cobre impuestos. Por el
aumento en la desigualdad también se resucitan los impuestos sobre
herencias. Irlanda tiene una estructura interesante: personas, tasa
máxima 42%; Empresas 12%; IVA 17%.
Si se quiere simplificar hay
que examinar el interesante caso de Eslovaquia. Los tres impuestos
(personas, empresas e IVA) tienen la misma tasa pareja de 19% con una
deducción para beneficiar a los de bajos ingresos.
Se necesita
negociar un nuevo pacto fiscal federal, porque la actual Ley de
Coordinación Fiscal es obsoleta. Como temas prioritarios debe aumentarse
la recaudación del predial, nivel ridículo de 0.3% del PIB, cuando lo
normal es 3%; cobro de derechos de agua y someter la “deuda” a reglas de
responsabilidad fiscal.
Por su complejidad lograr una reforma
requiere un acuerdo nacional en que ésta no se haga “sobre los bueyes de
mi compadre”, sino que cada grupo incurra en costos y beneficios
equitativos. Esta negociación se tendría que pactar por el nuevo
gobierno, pero debe diseñarse y preparase desde ya. El momento decisivo
para concluirla será el primer periodo legislativo (febrero a abril de
2013). Lo que no se haga entonces difícilmente se logrará después. Pero
si no se hace una verdadera reforma fiscal estaremos condenados a la
mediocridad.
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