SERGIO AGUAYO QUEZADA / REFORMA
Un amparo arropó a centenares de construcciones ilegales en el Distrito Federal entre ¡1998 y octubre de 2011! Sirva el hecho para hacer un balance sobre urbanismo y gobiernos perredistas.
El jueves 20 de octubre, Reforma publicó una investigación de Pilar Gutiérrez. Ciber México, representada por un destacado profesor de la Universidad Panamericana, Francisco José Ibáñez Rivera, obtuvo un amparo en 1998. Lo utilizaron mañosamente para proteger construcciones que violaban el uso del suelo en diferentes delegaciones. Según el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Felipe Leal, fue usado en 732 obras; de acuerdo con la consejera jurídica del GDF Leticia Bonifaz "solamente" fueron 120 veces. En cualquiera de sus versiones sorprende la magnitud del abuso.
Los cambios en el "uso del suelo" son un barómetro de la corrupción y de las relaciones entre gobierno y ciudadanía. Militantes de todos los partidos son cómplices, vasallos, de "desarrolladores" que han encontrado una veta de oro en destrozar los trazos urbanos. La devastación es evidente en las colonias popof o en los barrios populares de Cuernavaca, Guadalajara, Cancún, etcétera.
El lunes 31 de octubre converso telefónicamente con Leticia Bonifaz, la consejera jurídica del Distrito Federal. Es una funcionaria a la que respeto por su compromiso y eficiencia. Le señalo lo inconcebible de que un amparo se hubiera usado durante los 13 años que lleva gobernando el PRD la capital sin que ningún funcionario frenara el abuso. Me explica que ella recibió instrucciones de Marcelo Ebrard de ocuparse del tema hasta diciembre de 2010 y que obtuvo evidencia concreta sobre el mentado amparo de un grupo de vecinos inconformes encabezados por Paola Arizpe (presidenta del Comité Ciudadano en Jardines del Pedregal) en septiembre de 2011; al mismo tiempo que Reforma. Enumera lo que están haciendo para enfrentar el desorden, pero termina reconociendo que, en efecto, como gobierno capitalino, "empezamos tarde".
Y sí. Empezaron trece años tarde a combatir uno de los carcinomas que ha ido destruyendo al PRD en la capital. Por denuncias públicas no ha quedado. En marzo de 2010 el contralor general del GDF, Ricardo García Sáinz, reconoció las complicidades entre funcionarios y empresarios en los cambios de uso del suelo: "vivimos en un régimen de corrupción que no podemos negar, con venta de protección, pero, sobre todo, omisiones" (Reforma, 9 de marzo de 2010). La Secretaría del Medio Ambiente, por su parte, advierte con frecuencia las invasiones de suelo protegido.
Marcelo Ebrard quiere ser presidente y justificadamente presume de los logros de su gobierno. El uso del suelo es uno de sus flancos débiles. Permitió que siguiera el saqueo urbanístico que entre otros puntos ha golpeado al sur de la ciudad, una parte estratégica para la sustentabilidad ambiental futura. Su Supervía Poniente podrá ser una solución para quienes viven en esa ratonera llamada Santa Fe, pero tiene todos los ingredientes para convertirse en paradigma futuro de una especulación urbana, tan gigantesca como la de Ciudad Satélite en los años sesenta.
La ciudadanía afectada está virtualmente indefensa. La "legalidad" mexicana es súbdita del urbanismo salvaje. Es caro, lento e impredecible defenderse en tribunales, y pocas organizaciones vecinales tienen la comprensión del fenómeno, la paciencia y el dinero para hacerlo. Los "desarrolladores", por el contrario, blindan un negocio multimillonario con bufetes especializados, con relaciones políticas y con el apetito de los funcionarios por la ganancia fácil. Lo paradójico es que la trituradora ambiental se alimenta en las laxas políticas crediticias del Infonavit y el Fovissste.
Los partidos que en el papel defienden el ambiente (el Verde Ecologista) prefieren entrarle a la tranza. "¿Y cuánto dinero nos va a tocar?" por cambiar un uso del suelo en Cancún, preguntaba en 2004 el Niño Verde, Jorge Emilio González Martínez. "¡Dos millones de dólares!", le respondía el "desarrollador" (el diálogo completo en www.sergioaguayo.org). Podrá seguir haciéndolo, si quiere, porque las autoridades electorales toleran la simulación ambiental.
Habría otra medalla de oro panamericana. Dice el Latinobarómetro 2011 que los mexicanos superamos a todos en la insatisfacción con la democracia. Tenemos razones fundadas lo cual, por supuesto, repercute en las intenciones del voto.
En 1988 Cárdenas arrasó en la capital: obtuvo 49% de los votos reconocidos y Carlos Salinas un lejano 27. La tendencia se está invirtiendo. Desde hace 30 años soy vecino de la Magdalena Contreras, un bastión perredista. Pues bien, según encuesta de Reforma del 25 de octubre, 35% piensa votar por el PRI y 30% por el PRD. ¿Lograrán revertir las tendencias? Una forma de hacerlo es combatiendo la corrupción en el uso del suelo. ¿Podrán, querrán, cumplirán?
Un amparo arropó a centenares de construcciones ilegales en el Distrito Federal entre ¡1998 y octubre de 2011! Sirva el hecho para hacer un balance sobre urbanismo y gobiernos perredistas.
El jueves 20 de octubre, Reforma publicó una investigación de Pilar Gutiérrez. Ciber México, representada por un destacado profesor de la Universidad Panamericana, Francisco José Ibáñez Rivera, obtuvo un amparo en 1998. Lo utilizaron mañosamente para proteger construcciones que violaban el uso del suelo en diferentes delegaciones. Según el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Felipe Leal, fue usado en 732 obras; de acuerdo con la consejera jurídica del GDF Leticia Bonifaz "solamente" fueron 120 veces. En cualquiera de sus versiones sorprende la magnitud del abuso.
Los cambios en el "uso del suelo" son un barómetro de la corrupción y de las relaciones entre gobierno y ciudadanía. Militantes de todos los partidos son cómplices, vasallos, de "desarrolladores" que han encontrado una veta de oro en destrozar los trazos urbanos. La devastación es evidente en las colonias popof o en los barrios populares de Cuernavaca, Guadalajara, Cancún, etcétera.
El lunes 31 de octubre converso telefónicamente con Leticia Bonifaz, la consejera jurídica del Distrito Federal. Es una funcionaria a la que respeto por su compromiso y eficiencia. Le señalo lo inconcebible de que un amparo se hubiera usado durante los 13 años que lleva gobernando el PRD la capital sin que ningún funcionario frenara el abuso. Me explica que ella recibió instrucciones de Marcelo Ebrard de ocuparse del tema hasta diciembre de 2010 y que obtuvo evidencia concreta sobre el mentado amparo de un grupo de vecinos inconformes encabezados por Paola Arizpe (presidenta del Comité Ciudadano en Jardines del Pedregal) en septiembre de 2011; al mismo tiempo que Reforma. Enumera lo que están haciendo para enfrentar el desorden, pero termina reconociendo que, en efecto, como gobierno capitalino, "empezamos tarde".
Y sí. Empezaron trece años tarde a combatir uno de los carcinomas que ha ido destruyendo al PRD en la capital. Por denuncias públicas no ha quedado. En marzo de 2010 el contralor general del GDF, Ricardo García Sáinz, reconoció las complicidades entre funcionarios y empresarios en los cambios de uso del suelo: "vivimos en un régimen de corrupción que no podemos negar, con venta de protección, pero, sobre todo, omisiones" (Reforma, 9 de marzo de 2010). La Secretaría del Medio Ambiente, por su parte, advierte con frecuencia las invasiones de suelo protegido.
Marcelo Ebrard quiere ser presidente y justificadamente presume de los logros de su gobierno. El uso del suelo es uno de sus flancos débiles. Permitió que siguiera el saqueo urbanístico que entre otros puntos ha golpeado al sur de la ciudad, una parte estratégica para la sustentabilidad ambiental futura. Su Supervía Poniente podrá ser una solución para quienes viven en esa ratonera llamada Santa Fe, pero tiene todos los ingredientes para convertirse en paradigma futuro de una especulación urbana, tan gigantesca como la de Ciudad Satélite en los años sesenta.
La ciudadanía afectada está virtualmente indefensa. La "legalidad" mexicana es súbdita del urbanismo salvaje. Es caro, lento e impredecible defenderse en tribunales, y pocas organizaciones vecinales tienen la comprensión del fenómeno, la paciencia y el dinero para hacerlo. Los "desarrolladores", por el contrario, blindan un negocio multimillonario con bufetes especializados, con relaciones políticas y con el apetito de los funcionarios por la ganancia fácil. Lo paradójico es que la trituradora ambiental se alimenta en las laxas políticas crediticias del Infonavit y el Fovissste.
Los partidos que en el papel defienden el ambiente (el Verde Ecologista) prefieren entrarle a la tranza. "¿Y cuánto dinero nos va a tocar?" por cambiar un uso del suelo en Cancún, preguntaba en 2004 el Niño Verde, Jorge Emilio González Martínez. "¡Dos millones de dólares!", le respondía el "desarrollador" (el diálogo completo en www.sergioaguayo.org). Podrá seguir haciéndolo, si quiere, porque las autoridades electorales toleran la simulación ambiental.
Habría otra medalla de oro panamericana. Dice el Latinobarómetro 2011 que los mexicanos superamos a todos en la insatisfacción con la democracia. Tenemos razones fundadas lo cual, por supuesto, repercute en las intenciones del voto.
En 1988 Cárdenas arrasó en la capital: obtuvo 49% de los votos reconocidos y Carlos Salinas un lejano 27. La tendencia se está invirtiendo. Desde hace 30 años soy vecino de la Magdalena Contreras, un bastión perredista. Pues bien, según encuesta de Reforma del 25 de octubre, 35% piensa votar por el PRI y 30% por el PRD. ¿Lograrán revertir las tendencias? Una forma de hacerlo es combatiendo la corrupción en el uso del suelo. ¿Podrán, querrán, cumplirán?
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