viernes, 5 de noviembre de 2010

MÉXICO: UN NUEVO PACTO SOCIAL

José Fernández Santillán / El Universal
El domingo 31 de octubre y el lunes 1 de noviembre, EL UNIVERSAL presentó una síntesis de 22 entrevistas realizadas a otros tantos hombres y mujeres líderes de la sociedad civil mexicana. Empresarios, comentaristas, intelectuales, deportistas, directivos, académicos, dirigentes de organizaciones civiles externaron su parecer acerca de la problemática que vive el país y propusieron alternativas concretas de solución. Señalaron, entre los mayores males que aquejan al país, a la violencia, la corrupción, la falta de oportunidades, los monopolios, las deficiencias de nuestro sistema educativo, la ausencia de una cultura de la legalidad, el déficit de ciudadanía y la falta de consolidación de nuestra democracia. Para salir de la situación en la que nos encontramos, hacen un exhorto al Congreso de la Unión para que emprenda reformas de fondo.
Considero que esta serie de entrevistas es una iniciativa plausible en la medida en que le toma el pulso a un conjunto de actores que representan a una parte significativa, aunque no exclusiva, de la opinión pública, entendida ésta, justamente, como la voz de la sociedad civil. Se trata de personalidades con gran prestigio que tienen una visión atendible acerca de los retos que enfrenta el país.
Coincido con ellos en que el país necesita estipular un “nuevo pacto social” que revierta el deslizamiento degenerativo en que nos encontramos. Cuánta razón tenía el padre del contractualismo moderno, Jean Jacques Rousseau, al aseverar que cuando las cosas llegaban a un punto insostenible es “necesario remitirse a una primera convención”.
Ahora que, gracias a estas entrevistas ha salido a relucir una vez más el tema del contrato social, es preciso, igualmente, echar mano de los planteamientos esbozados por el representante más destacado del neocontractualismo, John Rawls, quien sostuvo en las primeras líneas de su obra, Una teoría de la justicia, que si las leyes e instituciones “son injustas, deben ser reformadas o abolidas”. Este profesor de la Universidad de Harvard, fallecido a finales de 2002, entendía a la justicia de una manera integral. Es decir, como respeto a la ley, protección de los derechos individuales, reconocimiento de los derechos políticos y distribución equitativa del fruto de la cooperación social.
Tenemos una larga lista de las cosas que debemos corregir. El problema es que al echar a andar una estrategia tendiente a revertir las desgracias nacionales, indefectiblemente, vamos a toparnos con intereses que han sacado raja de la situación prevaleciente. Hay una minoría que ha encontrado en México condiciones de excepción que en ninguna otra parte encontraría. La élite del poder ha impuesto un modelo económico y político favorable a sus muy particulares aspiraciones. Confunden el interés propio con el interés general.
Esa oligarquía no va a ceder aunque se le presenten buenas razones para que renuncien a sus privilegios. Su miopía es tal que no les permite proyectar un país diferente, incluso en su propio beneficio. Se necesita la presión política y social desde abajo, es decir, desde la base, para que se rompa el cuello de botella evolutivo. Debemos forzar el acuerdo.
Enunciar las carencias y las soluciones, es una condición necesaria, pero no suficiente para enderezar el barco. El grado de suficiencia lo proporciona el poder social que obligue a los intereses creados a ceder en sus pretensiones de continuidad.
Profesor de la Escuela de Humanidades del ITESM-CCM

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