CAMBIO CLIMÁTICO Y DERECHOS HUMANOS

Miguel Concha / La Jornada
El derecho humano al medio ambiente sano es una garantía reconocida muy reciente, que se encuentra aún en construcción. El primer instrumento internacional que lo acepta de manera explícita es el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también identificado como Pacto de San Salvador, que en su artículo 11 señala: “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos […]”.
Debido a que el modelo de producción actual implica un uso intensivo de recursos naturales, existen fuertes preocupaciones por el deterioro ecológico y el daño que en los países se está causando al medio ambiente. Entre estas se encuentran el cambio climático, el cual es producto de la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) que alteran la composición química de la atmósfera y generan el calentamiento global. Los efectos más devastadores de dichos fenómenos se presentan en las regiones polares y en los países menos desarrollados, siendo los más vulnerables aquellos grupos de población en situación de pobreza o discriminación, como indígenas, trabajadores del campo, mujeres, personas de la tercera edad, niños y niñas.
Entre dichos efectos se han señalado: pérdida de la biodiversidad y extinción de especies; escasez de alimentos; movilización masiva de personas; derretimiento de los glaciares; aumento en el nivel de los mares y océanos; incremento en intensidad y frecuencia de lluvias extremas, huracanes y sequías; incremento en enfermedades infecciosas así como más limitaciones al acceso a los recursos hídricos. Por ello, es indispensable que las emisiones de gases invernadero disminuyan.
El próximo lunes dará inicio la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). La ciudad de Cancún, Quintana Roo, será sede de los trabajos, que deberán concluir el 10 de diciembre; su finalidad es que los estados lleguen a acuerdos para la elaboración de una nueva Convención sobre Cambio Climático que sustituya al Protocolo de Kyoto, el cual entró en vigor en 2005 y estableció que los países industrializados deben bajar 5 por ciento –entre 2008 y 2012– sus gases de efecto invernadero, respecto a los niveles de 1990, lo que no se ha cumplido. Cabe destacar que Estados Unidos, responsable de 35.1 por ciento de las emisiones, no lo ratificó.
Existen muchas expectativas respecto a esta cumbre, sobre todo porque la conferencia que la antecedió (Copenhague, Dinamarca, en 2009) dejó como pendientes pasar de un acuerdo político a uno vinculante, en el que se establezcan metas de reducción de los GEI y se asuman responsabilidades compartidas, aunque diferenciadas, entre las naciones desarrolladas y en desarrollo, así como definir de manera concreta el monto del financiamiento para la prevención y adaptación al cambio climático. En la cumbre de Cancún también tendrá que darse solución a temas clave, como las respuestas de los estados ante las afectaciones sociales del aumento en la temperatura del clima y la transición hacia formas de energía menos contaminantes.
De acuerdo con información del gobierno de Quintana Roo, se espera a cerca de 3 mil delegados de 170 países y a más de 6 mil activistas y representantes de organizaciones ambientalistas y no gubernamentales. La principal preocupación es lograr que naciones como Estados Unidos, China, India y Brasil asuman verdaderos compromisos en la reducción de los gases de efecto invernadero. La Unión Europea, por ejemplo, se ha comprometido a recortar 20 por ciento sus emisiones para 2020, respecto a los niveles de 1990, y elevar esa proporción a 30 por ciento si otros países hacen lo propio. Sin embargo las propuestas de otras naciones industrializadas se ubican por debajo de dicho porcentaje.
Varios países latinoamericanos, entre ellos Venezuela y Bolivia, consideran que los desarrollados no tienen verdadero interés en disminuir sus emisiones de contaminantes y que buscarán chantajear y negociar de manera paralela con otras naciones para evitar acuerdos más sustantivos. Han señalado además la importancia de hablar de justicia climática, pues consideran que los industrializados se han enriquecido a costa de explotar los recursos naturales de las naciones pobres y, por tanto, deben aportar recursos financieros para reparar el daño ambiental que han generado durante varias décadas. Respecto a México, país que contribuye con 1.7 por ciento de la emisión mundial de dichos gases, se prevé un escenario de destrucción, pobreza, desastres naturales e impacto económico negativo a causa del cambio climático.
Si bien durante la pasada cumbre de Copenhague el titular del Ejecutivo federal se comprometió a reducir 30 por ciento las emisiones de gases invernadero para 2020, no existe una política pública de respeto, cuidado y protección integral del medio ambiente que sustente tal promesa. En la cumbre de Cancún está en juego algo más que el lucimiento de México como país anfitrión, o lograr acuerdos para bajar las emisiones y revertir el cambio climático. Lo que se está discutiendo es el futuro del planeta y la sobrevivencia de la humanidad en condiciones dignas. Esperamos que los gobiernos estén a la altura de la magnitud de la tarea que se enfrenta. La sociedad lo está cada vez más.